Hoy hemos conocido que la hasta hace poco Consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, de Junts per Catalunya, se ha incorporado al equipo del Col·legi d’Administradors de Finques Barcelona-Lleida para “consolidar las relaciones institucionales con las administraciones públicas catalanas”, según un tuit del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques. Ciuró ha sido la consejera responsable del anteproyecto de Ley de arrendamientos de Cataluña, que debe servir para proteger los derechos de la gente inquilina frente a los abusos, precisamente, de arrendadores e inmobiliarias, y para avanzar en los derechos colectivos y de organización.

Su caso se suma al de Joan Clos, quien tras ser alcalde de Barcelona y ministro de Industria, Turismo y Comercio se dedica a defender los intereses de los grandes arrendadores como portavoz de ASVAL, una supuesta asociación financiada por grandes fondos de inversión. Precisamente el exministro socialista será el encargado de pilotar la denuncia del lobby inmobiliario contra las últimas medidas anticrisis aprobadas por la propia Moncloa.

Previamente, ya habíamos conocido el caso de Carles Sala, que pocos días después de ser cesado como Secretario de Vivienda de la Generalitat fue escogido como miembro de la Junta de Gobierno del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona. Ya antes había sido miembro de la Junta del Col·legi d’Administradors de Finques Barcelona-Lleida y, mientras ostentaba su responsabilidad en la Generalitat, seguía publicando artículos contrarios a políticas de su propio gobierno como la regulación de precios del alquiler.

Esta situación ha hecho que el Sindicat de Llogateres haya dado la voz de alarma: «En plena emergencia habitacional, es incompatible defender los intereses de la ciudadanía con defender intereses de los sectores económicos que se benefician, precisamente, de que los precios de la vivienda sigan subiendo. Este tipo de fichajes sitúan al lobby inmobiliario aún más cerca de los poderes políticos para seguir dificultando las políticas de vivienda que deben beneficiar a la mayoría de población, como la regulación de los alquileres, las medidas anticrisis o futuras leyes como la Ley Estatal de Vivienda o la Ley de Arrendamientos de Cataluña».

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