Entidades en defensa de la vivienda saldrán a la calle mañana sábado 21 de mayo para protestar contra el aumento de precios. En una rueda de prensa, las entidades convocantes han denunciado que la pandemia y la inflación “han agraviado la situación” mientras que los salarios continúan “estancados”. “Salimos a la calle para exigir una ley que garantice el derecho a la vivienda, pare los desahucios y obligue los grandes tenedores a hacer alquileres sociales”, ha reivindicado la portavoz de la PAH, Lucía Delgado.

A la protesta también se ha sumado otras asociaciones como la Comisión Jurídica por el Movimiento de la Vivienda, la Alianza contra la Pobreza Energética, la CGT y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).

Bajo el lema “¡Con estos precios no podemos vivir!”, han denunciado que la ciudadanía dedica cada vez una parte más grande de su salario a la vivienda. Según ha apuntado Guillem Aragonès, miembro del Sindicat de Llogaters, “las familias destinan el 40% de sus ingresos a pagar el alquiler”.

En la misma línea, Iru Morer, representante de la CGT, ha lamentado que los salarios actuales no permiten a la ciudadanía vivir con un “bienestar mínimo”, y ha avisado que “cada vez más familias se acercan al umbral de la pobreza”. Con esto, Yolanda Segura, de la Intersindical Alternativa de Catalunya, ha denunciado que “lo que estamos viviendo tiene un nombre y es que los gobiernos no están pensando en la clase trabajadora, solo en sus estatus”.

Desde las entidades han instado a los gobiernos del Estado y la Generalitat a garantizar la ley de la vivienda, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo y que regula los diferentes ámbitos del mercado inmobiliario español, como las ayudas al acceso a un hogar. “La ley es una oportunidad que tenemos que aprovechar para empezar a repartir lo que es de todas. Sabemos que lo que pedimos se puede hacer”, ha declarado el representante del Sindicat de Llogaters.

En el punto de mira también han puesto la inflación y la subida de los precios de la energía. Desde la Alianza Contra la Pobreza Energética, Maria Campuzano, ha denunciado que las empresas del sector “se continúan enriqueciendo, mientras que a la ciudadanía se le exige más sacrificios”.

Paralelamente, desde la Comisión Jurídica del Movimiento por la Vivienda, han denunciado que “la represión contra los activistas se ha intensificado en los últimos meses”. Tal como ha señalado Max Carboner, miembro de la Comisión, a partir del 2020 “el movimiento empezó a sufrir un aumento en las identificaciones por parte de los Mossos d’Esquadra” durante los desahucios, y que esto se ha traducido en “multas de hasta 30.000 o 40.000 euros”. “Estamos ante una represión económica inconcebible, que es responsabilidad de Interior y del gobierno”, ha afirmado.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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