Una cincuentena de personas “disfrazadas de turistas” se han concentrado este martes por la tarde frente a la inmobiliaria SH Barcelona, situada en la ronda de Sant Antoni, para protestar contra la comercialización de pisos de alquiler temporal para turistas, según ha informado Betevé.

SH Barcelona es la empresa que gestiona la Casa Orsola, una finca que, según el Sindicat de Llogateres, sufre acoso inmobiliario desde hace meses y donde la propiedad, Lioness Inversiones, niega la renovación de los contratos a los habitantes para poder hacerlos fuera.

El sindicato asegura que la reactivación del turismo y la actividad económica internacional en Barcelona ya está teniendo efectos graves sobre el derecho a la vivienda. Explican que llegan casos nuevos a las asambleas cada semana: “La facilidad de grandes tenedores de expulsar a vecinas por alquilar las viviendas en régimen de alquiler temporal está multiplicando los casos de inquilinas a las que no se están renovando los contratos y de fincas vaciadas a copia de desahucios invisibles con viviendas destinadas a alquileres temporales o turísticos”.

Hace unas semanas, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona reveló que en el mes de mayo ya se habían alquilado 9.312 viviendas en régimen de alquiler turístico o temporal, un 97 % del total de las que hay en Barcelona.

En el caso de los alquileres turísticos, los arrendadores deben disponer de una licencia específica regulada por la Generalitat y pueden alquilarse por un máximo de 31 días consecutivos. En el caso de los alquileres temporales, sin embargo, la LAU no estipula ningún tipo de licencia y permite los alquileres de duraciones de entre 31 días y 11 meses cuando la finalidad de la vivienda no es que se utilice como primera residencia.

Aseguran que la falta de mecanismos que fiscalicen el uso de estos contratos de alquiler temporal facilita que se utilicen de manera fraudulenta y que, ante la demanda de viviendas de alquiler, muchas vecinas que buscan una primera residencia acaben firmando contratos de alquiler temporal. Por eso, dicen, este hecho supone una vulneración de derechos para las inquilinas, que cada 11 meses o menos se ven o bien expulsadas de sus hogares o bien expuestos a subidas de alquiler abusivas.

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