El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama ha procesado por los delitos de terrorismo y fabricación y uso de artefactos explosivos con finalidad terrorista al jubilado de 74 años detenido en Burgos por el presunto envío de seis cartas con pirotecnia el pasado mes de noviembre al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las instalaciones de la empresa armamentística Instalaza en Zaragoza, a las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
En el auto, el juez atribuye al acusado, Pompeyo González, el delito de terrorismo porque, «a pesar de que no hay indicios de que pertenezca a un grupo terrorista organizado, sus acciones, el contexto de una guerra, la viabilidad de los artefactos y los destinatarios evidencian que en el ánimo del procesado está presente el objetivo de alterar la paz pública y transmitir el mensaje de que las acciones las habrían cometido personas vinculadas a Rusia por el apoyo del Estado a Ucrania, con el objetivo de obligar a los poderes públicos a desistir de esta actitud».
Los dos delitos se le atribuyen en su modalidad agravada, puesto que los envíos van dirigidos a personas como el presidente del gobierno español y la ministra de Defensa, con nombres y apellidos.
En la resolución, el magistrado también detalla los indicios contra el hombre, como por ejemplo todo el material que se encontró en su casa, la coincidencia del ADN encontrado en los artefactos pirotécnicos y el seguimiento de las cartas enviadas. Amazon también ha informado de que el hombre compró entre junio y julio un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores y filamentos de cocer y bombillas incandescentes.
Después, según la policía, compró plantillas para escribir números y letras, brocas, tornillos, etiquetas adhesivas y otros materiales. Las etiquetas coinciden con las de las cartas, así como las letras y los números.
