10 mayo, 2021

Primera sentencia en Cataluña que anula un ‘despido covid’ por «estigmatizar al trabajador»

El Juzgado Social 1 de Mataró ha anulado a instancia de Col·lectiu Ronda el despido de un trabajador a quien la empresa extinguió sin preaviso su contrato dos días después de que este comunicara, en fecha de 25 de marzo de 2020, sufrir la Covid-19.

La sentencia aprecia que el trabajador fue despedido por la única razón de «ser sospechoso de portar una enfermedad infecciosa y altamente contagiosa» y que esta circunstancia «se puede equiparar a la enfermedad estigmatizante, es decir, una enfermedad que produce en terceras personas actitudes de rechazo, objeción o miedo».

En este sentido, la resolución del juzgado de Mataró aprecia vulneración de los derechos fundamentales del trabajador despedido instando la nulidad del despido e imponiendo a la empresa la obligación de indemnizarlo con el pago adicional de 6.251€ por la comisión de una falta muy grave.

El caso

A criterio del Juzgado Social 1 de Mataró en el caso de un trabajador de la construcción despedido sin previo aviso el pasado 27 de marzo de 2020, tan solo dos días después de haber sido declarado en situación de incapacidad temporal como consecuencia de sufrir el contagio por la Covid-19, la causa de la extinción no ha sido «por el solo hecho de encontrarse en situación de IT, ni por la mayor o menor duradación del periodo de cuarentena, el verdadero motivo del despido es el hecho que el actor, que prestaba servicios como peón especialista, era sospechoso de portar una enfermedad infecciosa y altamente contagiosa».

En este sentido, el juzgado considera que «esta circunstancia se puede equiparar a la de enfermedad estigmatizante, es decir enfermedad que produce en terceras persones actitudes de rechazo, objeción o miedo». Una situación que la sentencia pone énfasis al contextualizar cronológicamente para recordar que «hay que tener en cuenta que el momento en que se produce el despido 27 de marzo de 2020, solo había pasado unas dos semanas de la declaración del estado de alarma y había una situación sin precedentes de temor generalizado ante contagios masivos. Siendo indiferente que la enfermedad sea duradera o no, o que tenga cura o no. Lo relevante es el miedo estigmatizante que genera en los otros al menos durante el tiempo en que hay riesgo de contagio».

Sentencia pionera en Cataluña

Hasta ahora, los tribunales catalanes han resuelto de forma dispar cuál es la consideración que hay que otorgar a los despidos que tienen causa u origen en la actual situación de pandemia, poniéndolos en relación a las medidas excepcionales de protección de la ocupación dictadas desde el inicio del estado de alarma.

Aun así, la sentencia del Juzgado Social 1 de Mataró es la primera dictada en Cataluña que se pronuncia sobre la posible vulneración de derechos fundamentales que afecta las personas contagiadas por la Covid-19 que han perdido su trabajo sin que pueda apreciarse ninguna otra causa que el propio estado de salud como razón extintiva por parte de la empleadora.

En su resolución, la magistrada apela a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para instar la nulidad del despido y, por lo tanto, la obligación de la empresa de readmitir al empleado en su antiguo puesto de trabajo y abonar los salarios dejados de percibir por este.

En un caso donde Col·lectiu Ronda también ejercía la defensa del trabajador despedido, el TJUE matizó de forma importante la doctrina del Tribunal Supremo español que sostenía que, al contrario del que sucedía con los despidos de personas en situación de incapacidad permanente, no se podía considerar vulnerador de derechos fundamentales el despido de personas en situación de incapacidad temporal.

Frente a este argumento, el TJUE estableció que la incapacidad temporal se podía equiparar con el concepto de discapacidad en cuanto al grado de protección frente a un despido injustificado en casos en que la perspectiva de restablecimiento del estado de salud fuera incierta o se previera un largo periodo de recuperación.

Y el mismo se podía aplicar cuando se pudiera demostrar que el despido no deriva de la irracionalidad económica del mantenimiento del contrato sino del propio estado físico o mental de la persona despedida, aconteciendo un ejercicio de discriminación por razón de salud y vulneración de derechos fundamentales.

Siendo así, el juzgado de Mataró recuerda que el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores afirma que «es nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador».

En el caso enjuiciado, la sentencia valora que «la empresa no ha aportado una explicación objetiva y razonable de la razón del despido del actor, que pudiera desvirtuar aquel potente panorama indiciario de la intencionalidad discriminatoria del despido».

Protección de la incapacidad temporal

Anna Huertos y Oriol Pintos han sido los abogados de Col·lectiu Ronda responsables de la impugnación de un despido que, en opinión de los letrados, «mostraba desde el primer momento un amplio catálogo de indicios que señalaban que el trabajador había perdido el trabajo por la única razón de haber enfermado y sufrir una patología que en aquel momento, y todavía hoy, implica una gran carga estigmatizante».

Es desde este punto de vista, que ambos abogados se felicitan por una sentencia «de gran profundidad argumentativa y que contribuye a solidificar el principio de que no es aceptable despedir una persona por el simple hecho de sufrir la ma fortuna de perder temporalmente la salud, sin que concurra ninguno otro elemento que justifique la decisión extintiva de la empresa. Desgraciadamente, desde el inicio de la pandemia, casos como este no han sido en absoluto excepcionales sino que están siendo muchas las personas que se han quedado sin trabajo por la obligación de tener que mantenerse en cuarentena o seguir tratamiento médico por la Covid-19. Hacen falta muchas más sentencias como esta que representen una protección eficaz frente a esta injustificable vulneración de nuestros derechos fundamentales».