Primer juicio en el Estado español por los trastornos de angustia derivados de la exposición al amianto

Autor: R@mbla

El próximo martes, día 1 de octubre, se celebra al Juzgado Social 2 de Barcelona el primer juicio en el estado español que tiene que resolver la petición de un grupo de trabajadores que reclama que se reconozca como dolencia profesional los trastornos de angustia que sufren muchas de las personas que durante años han trabajado expuestas al amianto. Estos trabajadores se enfrentan a la obligación de someterse anualmente a exhaustivas revisiones médicas ante la posibilidad de desarrollar alguna de las graves patologías -incluyendo varias formas de cáncer mortal- que pueden sufrir por el hecho de haber estado expuestos al amianto que se usaba en su centro de trabajo.

La demanda ha sido interpuesta por un grupo de 4 trabajadores del actual Federal Mogul, la antigua Honeywell (Zona franca de Barcelona), que afirma “convivir permanentemente con el miedo de sufrir una dolencia que puede llegar a tardar en manifestarse hasta 40 años desde el momento de la exposición; una vida entera bajo la espada de Damocles”. Un primer grupo de 5 trabajadores de la misma empresa interpuso la misma demanda en noviembre de 2017, pero el juicio donde se tendría que resolver ha sido suspendido hasta en tres ocasiones a instancia de Honeywell.

“La angustia es un problema de salud con efectos constatables sobre nuestro bienestar y la integridad física del organismo -explica Àlex Tisminetzky, abogado del Col·lectiu Ronda que asesora a los demandantes- y, como tal, resulta perfectamente exigible que las empresas que han expuesto sus trabajadores al amianto sin adoptar las pertinentes medidas de seguridad, se hagan cargo de indemnizar a estas personas por el sufrimiento de una vida entera de angustia. Además, aquellas personas que han desarrollado episodios de depresión y crisis de ansiedad graves por este sufrimiento, tendrían que ver reconocidas sus afectaciones psicológicas con el mismo trato que se da a cualquier patología de origen laboral”.

Una empresa condenada

La profunda angustia de los trabajadores de la antigua Honeywell, actual Federal Mogul, está plenamente justificada. La empresa, dedicada a la fabricación de pastillas de freno dirigidas básicamente a la industria de la automoción, usó el amianto como principal materia prima desde el año 1952 hasta el 2002, cuando se hizo efectiva la total prohibición de usar este material en el Estado español. Y durante todo este tiempo, según consta acreditado en diferentes informes del Instituto Nacional de Higiene y Salud en el Trabajo, Honeywell incumplió sistemática y reiteradamente las medidas de prevención legalmente previstas para proteger la salud de los trabajadores expuestos al amianto. De hecho, la empresa ha sido condenada en una veintena de ocasiones, incluyendo resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo, por la defunción y las graves patologías que han sufrido miembros de su plantilla como consecuencia de la inhalación de las fibras de amianto en condiciones de carencia de medidas de prevención.

Entre los incumplimientos más graves mencionados a las resoluciones judiciales encontramos la ausencia de controles médicos específicos, dobles taquillas para evitar la contaminación de la ropa de calle, carencia de equipos individuales de protección y formación específica dirigida a los trabajadores, mediciones de densidad de fibras al ambiente con resultados mucho por encima de los límites máximos legalmente permitidos, inexistencia de sistemas de extracción localizada y ventilación o la negativa de la empresa a satisfacer la obligación de hacerse cargo de la limpieza de la ropa de trabajo de su plantilla para evitar que las fibras adheridas al tejido pudieran llegar a los hogares posando en peligro la salud de sus propias familias.

La evidencia del reiterado incumplimiento de la obligación por parte de Honeywell de adoptar las pertinentes medidas de prevención contribuye de forma plenamente comprensible a acentuar la angustia de los trabajadores que todavía no han enfermado pero pueden hacerlo a corto, medio o largo plazo pues las dolencias vinculadas a la exposición al amianto presentan largos periodos de latencia, habitualmente de entre 20 y 40 años. Siendo así, para miles que estuvieron en contacto con el amianto tanto en las históricas instalaciones de la empresa en El Prat de Llobregat como, posteriormente, en la Zona Franca de Barcelona, la larga latencia de las dolencias supone vivir con la angustia permanente de saber que en cualquier momento podrían empezar a desarrollar una patología mortal. Algunas de las más habituales, como es el caso del mesotelioma o cáncer de pleura, presentan una esperanza de vida que solo en el 20% de los casos llega a los dos años, siendo inferior para el resto de víctimas.

“El miedo no desaparece nunca -afirma uno de los demandantes- pero el peor momento es el de la revisión anual. Esperar el resultado y saber que, si todo va bien, al menos tenemos un año más de tregua. Y aún tenemos suerte porque nosotros estamos sometidos a estos controles de salud. La mayoría de personas que han sido expuestas al amianto no se benefician de estas revisiones médicas y todavía hoy no saben el riesgo que han sufrido o desconocen los efectos del amianto sobre la salud. Pero se hace difícil explicar como de angustioso es saber que al menos hasta el año 2040 no podemos estar seguros de no llevar en nuestros pulmones una sentencia de muerte”.

Importante precedente en Francia

El juicio del próximo 1 de octubre no tiene ningún precedente en el Estado español, pues hasta ahora no se había reclamado que los trastornos de angustia derivados de esta situación de peligro latente vieran reconocido su origen laboral. “El malestar psíquico y las afectaciones de origen psicológico continúan siendo las grandes olvidadas en el ámbito de la salud laboral, a pesar de la capacidad de este tipo de dolencias para afectar nuestra vida”, afirma el abogado. “No hablamos de afectaciones intangibles sino de alteraciones que tienen reflejo en nuestro estado físico y en nuestra expectativa de futuro”, añade.

Ahora bien, a pesar de que como mencionábamos anteriormente, no se ha celebrado ningún juicio de análogas características en España y, por lo tanto, esta será la primera vez que un juzgado español se pronunciará respecto a la cuestión planteada, lo cierto es que el origen laboral de los trastornos que tienen origen en la angustia provocada por el riesgo inherente a la exposición laboral al amianto encuentra un precedente directo en una sentencia dictada en junio de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de París. En aquella ocasión, el Alto Tribunal parisiense impuso a BOSCH – empresa que absorbió la división francesa de Honeywell- la obligación de indemnizar a 80 empleados de la antigua Honeywell por “lesiones de ansiedad” en relación a la exposición al amianto que habían sufrido estos empleados.

Para el letrado Àlex Tisminetzky, “es evidente que esta sentencia no puede ser invocada en el Estado español y que hablamos de un marco legislativo diferente, pero el razonamiento fundamental que hay detrás la decisión del Tribunal Superior de Justicia de París es extrapolable a la misma situación que también aquí han sufrido los trabajadores de la misma empresa. Ni en París ni en El Prat se adoptaron medidas para proteger la salud de los trabajadores frente a un peligro que era sobradamente conocido y que contaba con normativa de obligada aplicación. Ahora, estos trabajadores tienen que vivir con una sombra situada permanentemente sobre sus vidas que oscurece su futuro y el de sus familias sin haber podido hacer nada para evitarlo y ni siquiera ser conscientes del peligro que los rodeaba, porqué entre los incumplimientos demostrados por parte de Honeywell hay la carencia de información trasladada a la plantilla. Es necesario que este daño sea reconocido”.

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