Las autoridades polacas han decretado que el reportero Pablo González, acusado de espionaje, permanezca en prisión provisional hasta el próximo 29 de mayo.

El escueto escrito remitido por Polonia, fechado el 3 de marzo y al que ha tenido acceso EL PAÍS, apenas cuenta con un párrafo donde informa de la situación del investigado sin entrar en detalles del caso y sin aclarar si la prisión provisional es prorrogable después del 29 de mayo.

El texto solo explica que el Tribunal Regional de Rzeszów “ordenó privar temporalmente de libertad” al periodista, al que identifica con los alias de Aleksey Rubtsov y Pavel Rubtsov.

Sin embargo, estos dos nombres pertenecen oficialmente a Pablo González: Pavel Aleksevich [patronímico por el nombre de pila de su padre] Rubtsov, según consta en el pasaporte que este medio publica en exclusiva.

Según la nota, González permanecerá así por un “periodo de tres meses, es decir hasta el 29 de mayo de 2022”, y se encuentra “a disposición de la Fiscalía Nacional de Rzeszów y ha sido trasladado al centro penitenciario” de dicha ciudad.

La Agencia de Seguridad Interior de Polonia detuvo al periodista en la noche del 27 al 28 de febrero “bajo sospecha” de “participar en actividades de inteligencia extranjera”.

La familia denuncia que, desde que se le apresó hace 23 días, no ha podido comunicarse todavía con el reportero. Ni por teléfono ni en persona. Su abogado, Gonzalo Boye, repite que él tampoco ha podido hacerlo y que no ha conseguido permiso para visitarlo en la cárcel.

Boye explica que, simplemente, la madre del periodista se divorció y, cuando volvió a España con su hijo, acordó que la documentación española contara con su nombre en español y el apellido materno, mientras que en la rusa seguía como Pavel Rubtsov, su nombre ruso y el apellido de su padre. De hecho, en los alias que Polonia le atribuye en la notificación, se le identifica como Pavel Rubtsov y Aleksey Rubtsov (Aleksiej era el nombre de su progenitor).

Familiares, políticos de algunos partidos, periodistas, activistas de derechos humanos y pocos medios de comunicación piden una y otra vez al Gobierno español que se ocupe de la situación de Pablo González y cese su silencio incompresible, rayando en la complicidad.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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