La pandemia entra en la sexta ola y las cifras no sólo de contagios sino de muertes vuelven a dispararse En noviembre las muertes que superan la mortalidad esperada (Monitorización de la mortalidad MoMO) ascendían a otros 2.994, mientras que el Ministerio de Salud sólo contabilizaba 700 por covid. Oficialmente, ya son casi 90.000 muertes reconocidas a nivel estatal, y 24.000 en Catalunya.

Y ante este repunte de la pandemia, asociado a nuevas variantes como la ómicron, ¿qué responden los gobiernos? No existe una política para frenar la pandemia a nivel mundial, la única salida posible. Y en nuestro país, ni el gobierno central ni los autonómicos se han preocupado de reforzar como deberían la sanidad pública. Sólo vemos medidas que culpabilizan a la gente -cuando justamente se ha cumplido masivamente con la vacunación y con las indicaciones sanitarias-, y se impone la división entre los y las vecinas y el control social, con medidas como el certificado covid o el toque de queda. Pero como dice el Colegio de Médicos, el caso es que “las restricciones simbolizan el fracaso de la gestión de la pandemia”.

El Gobierno español “progresista” PSOE-IU/Podemos es responsable, como el resto de la Unión Europea, Estados Unidos o Japón, de votar en la Organización Mundial del Comercio contra la petición de más de un centenar de países encabezados por Sudáfrica y la India, de liberar las patentes de las vacunas mientras dure la pandemia. Los mismos gobiernos que acaparan las dosis disponibles para destinarlas al refuerzo o inmunización de las criaturas, antes de que lleguen a los colectivos más vulnerables y el personal sanitario en el Sur global. Una vergüenza para un gobierno que se presenta como de izquierdas y solidario. Mientras los recursos sanitarios -y las vacunas entre ellos- no estén al alcance de toda la población mundial, no sólo se multiplican las muertes evitables y se priva a miles de millones de personas del derecho universal a la salud, sino que no se frenan las continuas mutaciones del virus y su expansión. Desde la UIT-CI, nuestra organización internacional, impulsamos una campaña internacional bajo esta exigencia de liberación de las patentes de vacunas y recursos médicos contra la pandemia, la única fórmula para salir del pozo.

El Gobierno español y las comunidades autónomas no han aplicado un plan de choque para fortalecer el sistema sanitario público, ni en Atención Primaria ni en otros niveles. Por el contrario, se han despedido a todos los sanitarios contratados de refuerzo: hasta 28.000 a finales de año (1). Solamente tres autonomías no lo han hecho –Catalunya, Castilla y León y Rioja-, pero tampoco han hecho nada por poner la sanidad pública a la altura del reto: así, el 60% del personal sanitario catalán es temporal, precario, pero no hablar de la situación salarial. Pero la exconsellera Alba Vergés puso en marcha el pago a la sanidad privada de compensaciones (aparte las suculentas subvenciones) de 43.400 euros por enfermo en UCI durante la 1ª ola; y en enero 2021, se renovó el decreto, pagando con carácter retroactivo desde de marzo 2020, a los hospitales concertados y privados ¡¡418 euros por día por cada cama reservada de atención hospitalaria!! Y se mantienen los contratos millonarios con Ferrovial por el 061… Todo ello con unos presupuestos de 2022 que no llegan a destinar el 25% para la primaria (queda por debajo del 17%), y se mantiene el entramado de empresas privadas y fundaciones, como se refleja en el brutal crecimiento de los servicios externalizados en un 55,8%, frente al incremento del 7,8% en personal propio (aplicando la privatizadora ley Aragonés que se había tumbado).

Tras 2 años de pandemia y afrontando la sexta ola, esta política es criminal. Los gobiernos, en lugar de asumir esta grave irresponsabilidad, siguen culpabilizando a la gente, aplicando medidas de control social, instan a reducir el uso del sistema de salud, e imponen una presión intolerable sobre el personal sanitario, todo ello para evitar que ésta sanidad pública infradotada se sature. Éste es el sentido de las medidas de control social como el certificado covid o el toque de queda: son cortinas de humo –como la mascarilla en exteriores- ante una crisis sanitaria totalmente descontrolada. Medidas todas ellas que rechazamos.

Está científicamente demostrado que el hecho de estar vacunado no frena los contagios. Entonces, ¿qué sentido tiene que el que tiene el certificado covid pueda entrar en un bar y el que no está vacunado no, si el grado de riesgo para un tercero es el mismo? La política del pasaporte sanitario tiene efectos nefastos. Avanza en el señalamiento de colectivos, como si los no vacunados fueran responsables de la pandemia. En SEAT por ejemplo la empresa separa en el comedor a los trabajadores no vacunados. ¿Cómo podemos permitir ese señalamiento y división?

Rechazamos el principio individualista de la libertad individual por encima de todo, que aprovecha la extrema derecha para canalizar el rechazo contra el control social de los gobiernos. Es necesario imponer medidas que eviten riesgos para terceras personas. Pero no el chantaje ni la discriminación, que señala a quien no está vacunado, para forzarle a vacunarse. Queremos una política de sanidad pública, pero no aceptamos que el estado te tutele sobre lo que debes hacer y lo que te conviene, porque en ese camino no hay final.

¿Cómo podemos poner a los camareros de un bar a grabar quien entra en el establecimiento o a echar a quien no se ha vacunado? ¿Cómo cuando los vecinos salían a abuchear a quienes salían de su casa durante el confinamiento? No queremos normalizar el control y el enfrentamiento social.

Ahora la Generalitat vuelve a imponer el toque de queda. Como antes con el estado de alarma (que fue aparejado de la militarización de las calles, con la policía, los mossos, la guardia civil -e incluso el ejército- con carta blanca aplicando la ley mordaza), ahora parece ser se aplicará de escondidas, con los incrementos de mossos ya prometidos por interior –según Elena, a base de horas extras obviamente pagados con el dinero público que no llega a Sanidad- para hacer “cumplir” el toque de queda. Rechazamos la política policial para hacer frente a la crisis sanitaria. El toque de queda se ha justificado con una inaceptable campaña de criminalización de la juventud. ¿Podemos ir en un transporte público como sardinas (porque tampoco se ha querido reforzar) pero no se puede estar en la calle a partir de la una?

Lo que hace falta es que los centros de Atención Primaria puedan realizar un seguimiento en condiciones de la salud de sus pacientes, que reciban atención ante los primeros síntomas y que haya capacidad para responder también a las demás enfermedades.

• Lo que hace falta es que haya un acceso libre y gratuito a los test de antígenos o que generalicen las PCR. Es decir, que se pueda detectar el contagio lo más rápidamente posible para actuar respecto a aquella persona y su entorno, dándole seguridad.

• Seguridad que puede aislarse sin temer por el trabajo –y recibiendo una renta garantizada de cuarentena en los trabajos irregulares-, que si son sus hijas/as los contagiados podrá cuidarlos, porque se reconoce la baja sin pérdida salarial.

Con una regularización inmediata de todas las personas sin papeles para no dejar a nadie fuera del sistema de salud pública.

Una política sanitaria pública y universal que debe completarse con una fuerte inversión en los transportes públicos, la educación y la asistencia social. Con inspecciones de trabajo para que las empresas garanticen todas las medidas sanitarias.

Y seguir reivindicando con la UIT-CI, la exigencia de liberación de las patentes de vacunas y recursos médicos contra la pandemia, como la única fórmula para salir del pozo.

¡Ni pasaporte covid ni toque de queda!

 

1 Diario Independiente de Contenido Enfermero, 18 nov 2021.

Articulista en Revista Rambla | Web | Otros artículos del autor

Lucha Internacionalista es una organización política marxista revolucionaria: trotskista. Se constituyó en mayo de 1999 por militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

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