Los resultados obtenidos en las últimas elecciones generales del 23 de julio y las municipales y autonómicas del 28 de mayo han obligado a Podemos a tramitar un ERE entre su plantilla.
El expediente de regulación de empleo «por razones económicas, técnicas y organizativas» supondrá el despido, forzoso o voluntario, de aproximadamente la mitad de sus más de 200 trabajadores.
La medida también implicará el cierre de algunas sedes que la formación tiene repartidas en nueve comunidades, entre ellas las del País Valenciano, las islas Baleares y Madrid, pero también las de Aragón, Asturias, las islas Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria y Galicia. También supondrá una reducción de plantilla en la sede central del partido.
En las nueve sedes que se cerrarán trabajan un total de 45 personas y en la sede central, donde se reducirá la plantilla, hay 61 trabajadores.
Tras una «valoración inicial», Podemos sitúa la pérdida de ingresos en un 70% a nivel estatal y en un 90% a nivel territorial.
El partido que lidera Ione Belarra comienza ahora un proceso de negociación con los trabajadores que deberá pilotar la Secretaría de Organización, que dirige la diputada electa Lilith Verstrynge.
Se ha quedado con cinco diputados en el Congreso
Podemos se presentó a las pasadas elecciones generales bajo el paraguas de Sumar, liderado por Yolanda Díaz. La coalición obtuvo un 12,31% de los votos y un total de 31 escaños, de los que sólo cinco pertenecen a Podemos.
Dos meses antes, la formación ya había perdido un gran peso territorial con el descenso a las municipales y autonómicas del 28 de mayo, donde se quedó sin representación en Madrid y el País Valenciano.
El grupo tampoco ha conseguido suficiente peso para sumar con el PSOE en muchos ayuntamientos o incluso para mantener los gobiernos que las dos formaciones ya tenían en el País Valenciano, las islas Baleares y Aragón.
