3 diciembre, 2020

Piden hasta 5 años de prisión a cuatro CDR por cortar el tráfico

cárcel cdr
Manifestantes ocupan una terminal de El Prat el pasado mes de octubre. (Archivo)
R@MBLA

La Fiscalía pide penas de entre tres y cinco años de prisión para cuatro CDR acusados de desórdenes públicos por cortar la Ronda de Dalt de Barcelona durante la huelga general del 8 de noviembre de 2017, convocada en protesta por el encarcelamiento de los presos políticos catalanes.

En su escrito la fiscalía acusa de delitos contra la seguridad viaria y desórdenes públicos a los cuatro independentistas, que serán juzgados la próxima semana en la Audiencia de Barcelona. A uno de ellos se le quiere aplicar además el agravante de reincidencia.

En la acusación del fiscal los cuatro manifestantes, miembros de los CDR, se habrían dirigido en la mañana del 8 de noviembre de 2017, en una manifestación de unas 200 personas, a la Ronda de Dalt de Barcelona en su confluencia con la carretera B-20 y habrían cortado el tráfico en los dos sentidos de la circulación entre las 07:00 y las 11:00 de la mañana. Uno de los manifestantes, según la fiscalía, estaría siendo investigado en paralelo en otra causa judicial por una agresión física durante los incidentes.

La Fiscalía sigue acusando de «terrorismo»

Por otra parte, se ha conocido que la Fiscalía no rebajará su acusación en la llamada «Operación Judas», que se saldó el 23 de septiembre de 2019 con la detención de nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) de Catalunya.

El Ministerio Público acusa a siete de ellos de pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y conspiración para causar estragos con la finalidad de subvertir el orden constitucional y, según explican fuentes jurídicas, mantendrá esta postura después de que la Guardia Civil haya elaborado dos nuevos informes en los que se confirman sus perspicaces sospechas: trataban de fabricar explosivos para «proyectos terroristas con fines secesionistas» entre el aniversario del 1-O y el anuncio de la sentencia del juicio del ‘procés’, dicen; y la Fiscalía lo asume.

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