Sin papeles, sin familia y sin saber qué hacer

Autor: Jose Cartañá

Ilustración: Jose Cartañá

Son menores de edad que llegan al país sin padres o tutores legales. Los motivos que les conducen a salir de su país de origen son de pobreza, desestructuración familiar y desprotección institucional, falta de oportunidades, la guerra o la violencia, catástrofes naturales, persecución y situaciones de violación generalizada de los derechos humanos.

usuario de los MENA

El perfil del usuario de los MENA cuándo entra, es de un joven con ausencia de familiares, falta de recursos económicos, sin lugar dónde vivir y nula vinculación a procesos formativos o laborales. También se dice que abusan de tóxicos. Esta combinación de características puede provocar que una parte de los jóvenes tenga que ganarse la vida aunque sea delinquiendo. Pero no todos son consumidores de droga y se ganen la vida ilegalmente. De hecho, en los MENA se da una orientación educativa y/o laboral, como por ejemplo, el aprendizaje de los idiomas del país de acogida y el retorno al sistema educativo y/o aprendizaje de un oficio.

Cómo explica el periódico Ara, son exiliados de sus países buscando una vida mejor que sólo han intuido, cruzan el Estrecho de Gibraltar en patera y topan con una España hostil donde aún se los criminaliza. El viaje de los adolescentes es un periplo marcado por la pugna entre entidades e instituciones que velan por su seguridad y que, a veces, los convierten en víctima, débil, de una situación política y económica que no han provocado.

Detección y derivación de los MENA

La DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia) no es la responsable de detectar los menores en la calle, sino que son los educadores (que dependen de los ayuntamientos) o los cuerpos policiales. Los chicos y chicas MENA son trasladados a la comisaría más cercana, donde son identificados. Posteriormente, es un fiscal el que determina que los/las niños/as están en situación de desprotección y dictamina si han de ser o no tutelados por la DGAIA, la entidad protectora de los menores extranjeros no acompañados.

¿Delincuencia?

Según El País, internar a un menor equivale a la prisión provisional de un adulto. La creciente conflictividad ligada a los menores extranjeros no acompañados ha llevado a los policías, fiscales y jueces a una reflexión: El encierro es, ante delitos violentos y por falta de medios de la administración; una herramienta válida. Aparta temporalmente a los adolescentes de la delincuencia y la drogadicción, y también permite una “reeducación” más eficaz.

Fuentes de los Mossos d’Esquadra han detectado ciertos adultos, delincuentes habituales, que les sirven de red y modelo: Los reciben, los asesoran y les dicen cuándo los pueden detener, a que centros ir, dónde y cómo robar, etc. En paralelo con el trabajo de la administración, el judicial y el educativo con los menores de edad, es aquí donde los Mossos d’Esquadra deberían incidir, ya que los menores podrían abrir puertas de investigación a personas adultas en una red de delincuencia más organizada.

Instrumentalización en campaña electoral

Según el periódico Ara, la Asociación ex MENA de Rubí criticó a la alcaldesa del municipio, Ana María Martínez, del PSC, por hacer “un discurso lleno de odio y de racismo” en una protesta, en que la alcaldesa estaba en primera fila, en contra de la abertura de un centro de menores tutelados. Para el colectivo es un ejemplo de cómo los menores inmigrantes no acompañados son “utilizados para hacer campaña electoral”.

Partidos políticos, entidades y agentes sociales firmaron el primer acuerdo contra el racismo el pasado 1 de abril, un pacto para un debate responsable de la inmigración y en que se reclamaba no hacer uso partidista del fenómeno. “No han tardado en romper este acuerdo”. Denuncian el uso partidista que ha hecho el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Josep Bou, que proponía el retorno al país de origen a los menores. “¿Por qué no encuentra otra solución que no sea retornarnos? Se ha preguntado ¿por qué venimos aquí y dejamos a nuestra familia? Hay muchos problemas detrás de cada niño. Somos personas, no criminales y también tenemos sentimientos”. Dice Lamiae, una chica del colectivo. Los jóvenes de la asociación destacan que el 82% de los menores inmigrantes no cometen delitos.

Ayudas económicas

Desde la página web maldita.es, podemos observar que desde el 2006 se otorga una ayuda económica no exclusiva para los MENA. La cantidad se rige por el indicador de Renta de Suficiencia (IRDS) y equivale a unos 664 euros al mes. Es importante destacar que entre el 2013 y el 2017 la mayoría de beneficiarios de estas ayudas económicas fueron jóvenes de origen español (27% ex tutelados extranjeros y un 73% españoles).

Sobre la gestión de las ayudas se encarga ASJTET (Àrea de Suport a Joves Tutelats i ExTutelats) correspondiente a la DGAIA. Todo esto depende del Departament de Treball, Assumptes Socials i Familia de la Generalitat de Catalunya).

Las medidas para los jóvenes son de programas orientados a la vivienda, a la inserción socio laboral, acompañamiento jurídico, psicológico y de medidas económicas (es aquí donde encontramos estas ayudas).

El Parlament de Catalunya ha aprobado por unanimidad modificar las condiciones mínimas tanto para acceder a ayudas económicas como para prorrogarlas de los 21 a los 23 años. De esta manera, las ayudas pasarían a ser otorgadas desde los 18 hasta los 23 años.

Si finalmente entra en vigor esta modificación de la ley de prestaciones sociales, cambiaran los requisitos solicitados:

En vez de un mínimo de tres años, será suficiente que el joven haya sido tutelado durante un año por la administración antes de cumplir los 18. Sea español o extranjero.

Podrá prorrogar las ayudas desde los 21 hasta los 23 años acreditando que cursa estudios postobligatorios (como era en la actualidad), si demuestra que está en un proceso de inserción laboral pero que no llegan sus ingresos al mínimo de subsistencia o por motivos de máxima vulnerabilidad a partir de informes sociales.

Si no lo cumple, pero ha estado un año o menos tutelado, recibirá una prestación durante seis meses como máximo. Esta medida seguirá igual.

Tal y como se indica en Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) el territorio catalán sólo destina el 0,9% de su PIB a políticas de infancia y familia, mientras que la media europea es del 2,4%. España dedica el 1,3% de su PIB, lejos de Dinamarca (3,5%) o Francia (2,5%). Según Save the Children “las elevadas tasas de pobreza infantil a España no mejoraran si no se aumenta la inversión en la infancia”. La responsable de Save the Children, Emilie Rivas, destaca la necesidad de crear nuevas plazas de acogida para los MENA, pero que no es suficiente para solucionar el problema. “Hacen falta políticas valientes, la creación de la figura de un tutor, una mayor coordinación y formación continua”. Emilie Rivas considera “asumible” la cifra de 3.500 menores que atiende la Generalitat. Pero la previsión de este año 2019 es de más de 5.000 menores.

Sin papeles, sin familia y sin saber qué hacer. Así se encuentran muchos jóvenes que llegan. Esta ONG propone potenciar la acogida familiar y las UCAE (Unidades de Convivencia de Acción Educativa). Insiste en tramitar el permiso de residencia en paralelo con el inicio de la tutela del menor por parte de la DGAIA y así acceder al permiso de trabajo independientemente de la existencia de una oferta laboral, para así igualar sus opciones de inserción respecto los jóvenes nacidos en España. Así pues, también se aísla a los jóvenes de la delincuencia y el tráfico de drogas, entre otros.

La situación precaria de las entidades sociales

En el año 2001, la Fundació Bofill, realizó un estudio con propuestas de acción: Mejora de la coordinación entre diferentes servicios, agilidad en los procesos para evitar listas de espera, formación permanente y asesoramiento a los equipos, conveniencia de separar la acción educativa del control social y acción policial, e incorporar educadores/as de origen magrebí en los equipos. Dieciocho años después la situación no ha mejorado.

Según el Periódico, FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència), FEPA (Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits) i ECAS (Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social) cargan contra la política de acogida de la Generalitat después de meses de impagos en el sistema de protección a la infancia. Las entidades sociales acusan a la Generalitat de actuar “precipitadamente” al abrir nuevos recursos, especialmente para menores inmigrantes sin garantías de calidad del servicio; y también de forzar a las entidades a una situación crítica ya que no cobran por estos servicios desde principio de este año. Una cifra que podría ascender a los 50 millones de euros, necesarios para la continuidad de los servicios y su calidad.

Las condiciones de los educadores

Los trabajadores del sector también se ven afectados por los recortes de sueldo. Existen entidades sociales que han tenido que pedir deudas a los bancos para pagar las nóminas.

Suelen regirse por el convenio del lleure o de acción social. Aunque el 3r convenio del lleure acabó en el 2016, la última modificación salarial es del pasado mes de marzo del 2019. Por lo que respecta al último convenio de acción social acabó el 31 de diciembre del 2018. En términos generales, el convenio de acción social supone una mayor retribución económica, ya que supone un trabajo con personas, a priori, con más dificultades. Pero nos encontramos con casos, que aunque la faena sea más indicada de acción social, se aplica el convenio del lleure.

Una práctica frecuente para contratar profesionales es que se otorga una categoría profesional (y por tanto, salarial) más baja de lo que supone su intervención y trabajo.

También encontramos, una necesidad de más profesionales para un proyecto concreto. No es lo mismo tener una ratio de niños/as, adolescentes y jóvenes sin dificultades de exclusión social, que tener que sí.

Instrumentalización del servicio. Desconexión entre el mundo estudiantil y el mundo laboral. En la facultad se enseña a trabajar por proyectos, objetivos y acciones; para encajar en los ítems de la institución, sea una ONG u otra entidad, o la misma administración pública.

Aunque se compensa parcialmente con cursos de formación posteriores, en la universidad nos encontramos que se enseña poco de una parte de la realidad social con la cual se pueden encontrar los educadores (abuso y tráfico de drogas, violencia, delincuencia, etc). Una menor preparación de los educadores para hacer frente a estas situaciones conlleva problemas para abordar situaciones desconocidas, provocando un bajo impacto de la influencia positiva como referentes educativos de los menores y los jóvenes. Por otro lado, puede provocar problemas de angustia, y hasta, de salud a los educadores (estrés, ansiedad, depresión, etc).

Posible enfrentamiento entre menores y jóvenes con los educadores. Algunos usuarios conflictivos “prueban” a los educadores. Insultos, amenazas, e incluso, no sólo violencia verbal y psicológica, sino que también violencia física.

Discrepancias en la relación de los cuerpos policiales con los educadores. Existe un trabajo en paralelo pero a veces con metodologías y objetivos diferentes.

Denuncia por parte de los educadores de la obertura de centros sin informar a la población, perdiendo así, el trabajo introductorio de sensibilización solidaria en el barrio o municipio.

¿Por qué esta situación precaria?

El trabajo con menores es guiarlos para que sean persones autónomas y puedan ser útiles socialmente. Pero este objetivo se ve disuelto, porque no se proyecta en un resultado económico inmediato. Ni tampoco a medio-largo plazo.

Ante la incertidumbre de la gestión de las instituciones existentes, es posible que grandes empresas hagan su entrada al “negocio” de la infancia, adolescencia y juventud en riesgo.

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