Las autoridades de transición de Malí han informado de un intento de golpe de Estado en la noche del 11 al 12 de mayo por parte de “oficiales y suboficiales antiprogresistas” que habrían contado con el “apoyo de un Estado occidental”.

“El Gobierno de Malí condena con el máximo rigor este indigno ataque contra la seguridad del Estado, cuyo objetivo es obstaculizar, incluso aniquilar los esfuerzos sustanciales de securitización de nuestro país y el retorno a un orden constitucional, garante de paz y estabilidad”, ha dicho en un comunicado el Ministerio de Exteriores maliense.

Este intento de golpe, con la intención de “socavar la seguridad del Estado”, ha sido detenido “gracias a la vigilancia y seguridad” de las Fuerzas de Seguridad del país, y se produce en el marco de las recientes tensiones con la Unión Europea por la reducción de su contingente militar en el país.

El Ministerio de Exteriores ha indicado, además, que los detenidos serán puestos “a disposición de la justicia” y ha informado del refuerzo de los controles en las salidas de Bamako y en los puestos fronterizos. “El Gobierno asegura que la situación está bajo control e invita a la población a la calma”, ha agregado.

El Gobierno de Malí ha anunciado su salida del G5 Sahel y de su fuerza conjunta para la lucha contra el yihadismo en la región por la negativa del organismo a garantizarle la presidencia por la situación política tras los dos golpes de Estado desde mayo de 2020.

El portavoz del Ejecutivo de transición maliense, Aboudlaye Maiga, ha criticado que la sesión prevista para marzo de 2022 no haya llegado a celebrarse y ha resaltado que esta situación “supone una violación de una decisión adoptada por la institución y de los textos de base del G5 Sahel”.

“El Gobierno de Malí rechaza firmemente el argumento, el argumento de un Estado miembro del G5 Sahel que presenta la situación política interna de un país para negarse al ejercicio de Malí de la presidencia del G5 Sahel”, ha manifestado.

Así, ha incidido en un comunicado que “ningún texto jurídico del G5 Sahel prevé restricciones contra un Estado miembro bajo el argumento de la situación política nacional” y ha agregado que “ninguna disposición de los textos de esta institución prevé que se puedan respaldar sanciones y restricciones impuestas por otras organizaciones contra un Estado miembro”.

“La oposición de ciertos estados del G5 Sahel a la presidencia de Malí está vinculada a maniobras de un Estado de fuera de la región que busca desesperadamente aislar a Malí”, ha apuntado, en aparente referencia a Francia.

“La instrumentalización de una institución como el G5 Sahel, cuyo mandato es el de unir medios para garantizar condiciones de desarrollo y seguridad en el espacio de loa países miembro, es fundamentalmente contraria a los intereses de nuestros países y nuestros pueblos, que hacen frente a importantes desafíos en el marco de la lucha contra el terrorismo”, ha zanjado.

El anuncio de Bamako ha llegado cerca de dos semanas después de que la junta militar rompiera todos los acuerdos de defensa con Francia, citando violaciones de su soberanía por parte de las tropas francesas y un “profundo deterioro de la cooperación militar desde hace un tiempo”, en medio de las tensiones bilaterales de los últimos meses.

Los gobiernos de Francia y el resto de los países europeos que participan y colaboran con la operación ‘Barkhane’ y la Fuerza Takuba, además de Canadá, anunciaron en febrero la retirada de sus fuerzas de Malí, donde estaban desplegadas para ayudar a Bamako en la lucha contra el yihadismo.

Las tensiones han ido al alza durante los últimos meses por el anuncio de la junta militar de alargar el proceso de transición a entre cuatro y cinco años y de aplazar las elecciones previstas para febrero, en medio de los cruces de acusaciones entre París y Bamako sobre los esfuerzos en materia antiterrorista y el despliegue de mercenarios del Grupo Wagner.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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