Macrodispositivo de los Mossos d’Esquadra este miércoles en el barrio Gótico de Barcelona para desalojar la Casa África, una finca ocupada por unos 30 migrantes, en su mayoría africanos y sin papeles. En los entornos inmediatos del número 37 la calle de la Canuda, donde está situada, se han desplegado más de una decena de furgones de antidisturbios. Además, los agentes también han estado presentes en los alrededores de la plaza de Catalunya, con unidades de la Brigada Móvil y de la ARRO.

Unos 50 vecinos se han concentrado a las puertas del inmueble para intentar impedir que entrara la comitiva judicial y que se hiciera efectivo el desalojo, ordenado por el Juzgado de Instrucción 44 de la ciudad, y han tocado instrumentos de percusión y gritado consignas como ‘Ninguna vecina fuera del barrio’. Sin embargo, no han logrado evitar el desahucio, pues los Mossos han sacado a los manifestantes uno a uno para poder entrar y han retirado un contenedor que habían puesto frente al edificio a modo de barrera.

Desde Resistim al Gòtic han tildado de “criminal” la actuación y han denunciado que una de las ocupantes de la finca ha sufrido un ataque de ansiedad. También han publicado un tuit donde los ocupantes del inmueble denuncian que las administraciones no les dan ninguna alternativa habitacional:

La Casa África, que tenía una orden judicial de desahucio prevista para las 8 horas, es propiedad de la Escuela de Hoteleria y Turismo CETT, que en noviembre llegó a un acuerdo con el gobierno municipal para abrir una negociación para encontrar una salida al conflicto.

Esta es la segunda orden de desalojo del inmueble y el concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha denunciado que “es intolerable la insensibilidad y la rigidez del CETT, que se sigue negando” a pararlo, “y traspasa toda la responsabilidad al Ayuntamiento, como si no fueran quienes demandan su ejecución”.

La abogada del despacho Baula Sònia Olivella, que representa a los ocupantes de Casa África, ha explicado que la orden de desahucio de noviembre quedó paralizada para dejar un margen para negociar con la propiedad, que “se negó” a alcanzar un acuerdo.

Olivella ha detallado que en el momento del desalojo la mayoría de familias que vivían en la finca ya se habían marchado voluntariamente, algunos por miedo a ser identificados al no tener papeles.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han añadido que las personas desalojadas están en situación de vulnerabilidad y que entre ellas hay una familia que “desde hace tiempo” está en seguimiento por los Servicios Sociales del distrito.

Han añadido que “todos y todas las desahuciadas serán atendidas por algún servicio municipal porque han perdido su vivienda”, que intervendrán varios servicios.

Respecto al Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb), que les ha asistido durante el desahucio, el Ayuntamiento ha señalado que “la activación de recursos de urgencia estará vinculada a las situaciones de cada persona” y a su voluntad de aceptarlo o no.

Redacción en Revista Rambla | Web | Otros artículos del autor

Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

Comparte: