El Sindicat de Llogateres denuncia que la regulación de alquileres propuesta en la Ley de Vivienda está diseñada para poder seguir subiendo los precios. Basándose en las excepciones que la ley permite a la limitación de precios, el Sindicat ha realizado una simulación de cuánto subiría el alquiler medio de una zona de mercado tensionado como Barcelona. Los resultados son concluyentes: Un nuevo contrato de alquiler que se firmase este año podría suponer hasta un 35% de aumento de precio en 2028. Para los cálculos, se ha tomado de referencia el precio medio del alquiler de la ciudad de Barcelona en diciembre de 2022: 1.077 €. Con el redactado actual de la Ley de Vivienda, a este precio se le podría añadir:
- Un 10%, en el momento de renovación de contrato, alegando simples mejoras de accesibilidad, como una rampa o un nuevo interfono con vídeo.
- Un 2% adicional, correspondiente a la actualización de 2023.
- El IBI, ya que la ley no prohíbe añadir tasas y tributos al precio del anterior contrato. El importe medio del IBI en la ciudad de Barcelona de 2021, según datos de OCU, es de 622 euros anuales. Es decir, 52 euros mensuales.
Solo con estos tres elementos, ya se podría incorporar una subida del 19% en este mismo año 2023. Para calcular cómo evolucionaría este precio hasta el final del contrato, hay que tener en cuenta que la ley permite otra actualización del 3% en 2024, y nuevas actualizaciones a partir de 2025. Las actualizaciones a partir de 2025 serán en función de un nuevo índice, por ahora desconocido. Incluso suponiendo que dicho índice está bien diseñado y consigue limitar las actualizaciones anuales a un máximo del 3%, el inquilino verá cómo sigue aumentando su alquiler. Si el arrendador es una persona física, el contrato terminará en 2028, pagando un 35% más que ahora: 1.453 euros. En cambio, si el arrendador es una empresa, el contrato terminará en 2030 pagando un 43% más: 1.538 €.
«La ley, al tener un redactado vago y lleno de imprecisiones, permite a la patronal inmobiliaria subvertir el sentido de la regulación de los alquileres y continuar haciendo subidas a los inquilinos», aseguran desde el sindicato. Pero, según alertan, el gran agujero, sin ninguna duda, son los alquileres de temporada que «no tienen ningún tipo de regulación». Por ejemplo: los rentistas podrían recurrir a un alquiler de temporada, de solo 11 meses de duración y sin ningún tipo de tope al precio, ya que la ley no regula estas situaciones. El casero que quiera saltarse la regulación solo tiene que poner su piso en alquiler de temporada.
Por estos motivos, desde el Sindicat de Llogateres, remarcan que «es necesario que los partidos políticos de Gobierno y de la oposición escuchen: aún hay tiempo para corregir los fallos y hacer una regulación efectiva de los alquileres. Es imprescindible tapar estos agujeros para que la Ley de Vivienda funcione».
