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Los afectados de la nave del Gorg de Badalona incendiada el 9 de diciembre de 2020 denuncian que siguen viviendo en situación de precariedad. A pesar de que el suceso hizo saltar a los medios de comunicación su drama, la mayoría sigue malviviendo en naves abandonadas y con el agua y la luz pinchadas, hecho que mantiene el riesgo que un incendio como aquel se vuelva a producir.

Por este motivo, reclaman que se regularice su situación para optar a un trabajo y un techo digno. Este jueves se ha hecho una misa en memoria de las cuatro víctimas mortales y se ha pintado un mural en el lugar donde había la nave. A pesar de que inicialmente se tenía que hacer una comida de hermandad, se ha suspendido por la situación sanitaria, y se traslada toda actividad a una concentración esta misma tarde.

El fuego trastornó la vida del barrio y de la ciudad, y a pesar de que despertó conciencias en aquel momento, los afectados denuncian que su situación no ha mejorado. Si bien algunos de los ocupantes del espacio se reubicaron en pensiones y apartamentos, un derecho que tendrán hasta finales de año, el grosor se trasladó a otras naves industriales en desuso, emulando situaciones como las que ya vivieron en la que se quemó.

A pesar de reconocer que dormir en una nave es mejor que hacerlo en la calle, lamentan que no se les brinden oportunidades para prosperar. «Pedimos ayuda en los gobiernos para evitar otro incendio como el de hace un año», explica Mustapha Jarju, afectado de la nave del Gorg y miembro del colectivo Almas Quemadas.

«Pedimos que se regularice nuestra situación», reclama Jarju, consciente que son muchos los demandantes y que, por ejemplo, la lista de espera para acceder a un piso es larga. «Alguien como nosotros, sin papeles ni trabajo, cómo podemos que encontrar un piso; es imposible, estamos viviendo del mismo modo que hace un año, sin papeles, trabajo ni techo, estamos jodidos», se lamenta Seydou Camara, otro de los afectados y miembro del mismo colectivo.

Algunas de las personas que vivían en la nave del Gorg ocupan ahora otra nave en una zona próxima, en la calle Progreso, amenazada por una orden de desalojo. El juez suspendió un primer desahucio fijado para el mes de julio después de que los abogados de las personas que viven presentaran informes de vulnerabilidad.

En paralelo, sin embargo, la Sareb, propietaria del espacio, comenzó un nuevo procedimiento para el mismo inmueble. El juez volvió a ordenar el desalojo de la nave a principios de diciembre, pero los abogados de los ocupantes han pedido aclarar antes esta duplicidad de procedimientos y que prevalezca la situación de vulnerabilidad de las personas que viven. De momento, el desalojo de la nave de la calle Progreso se ha pospuesto hasta el 13 de enero.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.