El juez instructor de la causa del ‘procés’ en el Supremo, el magistrado Pablo Llarena, ha reformado el auto de procesamiento de Carles Puigdemont retirando las acusaciones que pesaban sobre él relativas a la sedición. La revisión de oficio del Alto Tribunal se produce como resultado de las últimas reformas penales del Gobierno fruto de los acuerdos entre el Gobierno y ERC.

Así las cosas, el juez Llarena ha retirado, también, la Euroorden de detención que pesaba sobre Puigdemont, aunque ha mantenido la de busca y captura vigente tanto para expresident como para Toni Comín y Lluis Puig, al seguir vivas las acusaciones de por sendos delitos de malversación y desobediencia.

Sin embargo, se trata de un requerimiento de ámbito exclusivamente nacional, esto es en el supuesto de que pisen territorio español, ya que el Supremo se encuentra a la espera de que los tribunales europeos respondan a varias cuestiones prejudiciales sobre la inmunidad parlamentaria del hoy diputado comunitario Puigdemont.

La decisión del magistrado Llarena tiene lugar coincidiendo con la fecha de entrada en vigor de la reforma del Código Penal, con la que el Gobierno, antes de Navidad, derogó el delito de sedición y suavizó las consecuencias de la malversación asociada a la primera.

Una vez consumada la desaparición criminal de los tipos por los que estaban procesados Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Marta Rovira, el instructor ha entendido qué los hechos de la causa relacionados con el mismo solo subsumibles, ahora, en un mero delito de desobediencia, ya que considera que no encajan tampoco en el delito de desórdenes públicos previsto como nueva formulación ante un futuro escenario análogo al del ‘procés’ de 2017, ni en los hechos cometidos en dicho momento en el que éste no estaba vigente.

Así las cosas, el juez Llarena ha confirmado, sin embargo, que no debe modificarse sino mantenerse el procesamiento de tres de ellos por un delito de malversación de caudales públicos, al considerar que la reforma de dicho delito no afecta a los hechos investigados en el sentido de eliminar o minorar la pena prevista en la tipificación que este jueves ha quedado retocada para algunos supuestos.

Un escenario procesal que permitirá a Puigdemont regresar a España con un coste penal infinitamente menor del que enfrentaba hace tan sólo veinticuatro horas, así como el retorno de otras políticas como la exdiputada Marta Rovira y la exconsejera Clara Ponsatí con un horizonte plenamente despejado, ya que para ambas se mantendría únicamente un requerimiento por desobediencia, una vez extinguida la sedición inicial por la que estaban siendo acusadas.

Boye dice que Puigdemont volverá en «febrero o marzo» de 2023

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que el líder independentista catalán volverá a Cataluña en 2023: «Estoy convencido», ha dicho. Boye ha rechazado que el magistrado del Tribunal Suprema, Pablo Llarena, pueda atribuirle un delito de desórdenes públicos agravados para sustituir la sedición, cuya supresión del Código Penal ha entrado en vigor este jueves.

Llarena ha eliminado el delito de sedición del procesamiento contra Puigdemont, pero lo ha mantenido por los delitos de desobediencia y malversación, al tiempo que ha dejado sin efecto la euroorden dictada contra el líder independentista.

En una entrevista en RAC 1 de este jueves recogida por Europa Press, Boye ha detallado que el regreso será después de la resolución sobre el suplicatorio al Parlamento europeo, que espera que se produzca a finales de febrero o marzo.

«Creemos que Bélgica nunca entregará al presidente Puigdemont y tampoco ninguno de los grandes países europeos», ha aseverado Boye, quien ha insistido que la actuación del dirigente desde Bélgica responde a una lucha colectiva y que no tiene miedo a la prisión.

Ha avisado de que «no es una cosa que vaya de cuatro días» y ha abogado para que las partes se serenen y miren las cosas con calma, en sus palabras.

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