El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dejado a un paso de juicio a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por “abusar” de su cargo al adjudicar presuntamente contratos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En su auto, el magistrado del TSJC Josep Seguí considera que hay suficientes indicios para enviar a Borràs a juicio por los delitos de prevaricación, fraude administrativo, malversación de caudales y falsedad en documento mercantil, por la supuesta adjudicación irregular de 18 contratos fraccionados, entre marzo de 2013 y febrero de 2017.

Para el magistrado, Borràs, miembro de la dirección de JxCat, “abusó de las funciones que tenía reconocidas” como directora del ILC mediante “resoluciones injustas”, al aprobar las adjudicaciones de 18 contratos menores”, que eludían así la concurrencia pública, “únicamente” con el propósito de favorecer a su amigo Isaías H., “en detrimento de los intereses generales”.

El magistrado da diez días a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral contra Borràs, su amigo y otras dos personas investigadas en la causa: Andreu P., que facilitó sus datos fiscales para presentar los presupuestos y facturas de los trabajos que haría Isaías H., así como Roger E., trabajador de la Institució que supuestamente facilitó la contratación irregular.

Los contratos investigados, que sumaban 330.442 euros, fueron adjudicados a Isaías H. y a cooperativas de las que era socio el investigado, por trabajos de programación y mantenimiento de la página web de la Institució.

Según el magistrado, Borràs, que dirigió la ILC entre 2013 y enero de 2018, era la que contactaba con los proveedores que pudieran estar interesados en la presentación de ofertas en el caso de los contratos a adjudicar, además de proponer la contratación, acordar la adjudicación y gasto y autorizar los pagos.

Laura Borràs e Isaías H., añade el auto, habían mantenido una relación profesional previa, puesto que habían coincidido en un grupo de investigación de estudios literarios y tecnología digitales y el amigo de la presidenta del Parlament había ejercido de profesor en el máster que ella impartía en la Universidad de Barcelona.

De los correos electrónicos y las conversaciones telefónicas intervenidas, mantiene el juez, se desprenden “indicios suficientemente sólidos de la concertación entre los dos para defraudar a la ILC” y contratar a Isaías H. los trabajos informáticos “en el sentido más ventajoso para él”.

Además, según el juez, la ahora presidenta del Parlament aprobó las adjudicaciones de los 18 contratos investigados “en plena consciencia de que entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora” del sector público y omitiendo la concurrencia pública.

También cree el magistrado que Isaías H. presentó unos presupuestos atribuidos a otras personas -quienes durante la instrucción del caso han negado su intervención en esos documentos, con el propósito de “simular una concurrencia de ofertas en los expedientes de contratación de los servicios relativos a la página web de la ILC”.

El juez concluye además la liquidación de los 18 contratos menores investigados “ha comportado un perjuicio a los caudales públicos, ya que la determinación de cada uno de los contratos fraccionados y de las correspondientes facturas de los adjudicatarios se hacía con criterios arbitrarios”.

Entre los mensajes supuestamente incriminatorios que cita el juez, figura un correo electrónico en el que Borràs se dirige a Isaías H.: “como tienen que hacerse tres presupuestos para cada una de las personas o empresas diferentes, yo había pensado que podríamos hacer que tú te presentes a los cuatro y solo ganas uno, el más económico de la serie (…). El resto se podría hacer con la empresa de Andreu y quizá con la cooperativa de Madrid”.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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