La Plaça Sant Jaume de Barcelona acogerá el próximo 23 de mayo la primera movilización no prohibida en Cataluña

Autor: R@mbla

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Una joven es detenida el pasado martes en Gràcia durante la manifestación ‘Recuperem els carrers’.

La Plataforma 3 d’Octubre -contra la represión y en defensa de las libertades- convoca una manifestación, en formato de concentración, el próximo sábado, 23 de mayo, en la Plaça Sant Jaume de Barcelona, al mediodía. Esta concentración, limitada a unas cincuenta personas para garantizar la seguridad sanitaria, contará con la participación de la representación de las organizaciones que conforman la Plataforma 3 de octubre, creada desde las sinergias de la convocatoria de la huelga general del 3 de octubre de 2017.

Esta es pues, la primera manifestación en Cataluña no prohibida por el Ministerio del Interior español desde el inicio del estado de alarma, después que se prohibiese una concentración ante la Generalitat y, sobretodo, las manifestaciones convocadas para el Primero de Mayo.

“Valoramos como un éxito haber conseguido que, desde el actual secuestro de las competencias de la Generalitat, finalmente, el Gobierno PSOE/Podemos, haya reconocido el derecho fundamental de manifestación que ha estado sistemáticamente vulnerado desde el 13 de marzo”, ha explicado un portavoz de la plataforma. “Lo hemos tenido que pedir en base a las condicionas de ‘nueva normalidad’ que continúan siendo un recorte del derecho de manifestación”, ha añadido. Además, el portavoz ha querido remarcar que “la represión de la disidencia es estructural y viene de lejos; que sea habitual no quiere decir que la normalicemos”.

Por otra parte, la plataforma valora “muy negativamente” estas vulneraciones de derechos fundamentales, porque “han sido impuestas, desde la utilización de un estado de excepción encubierto de estado de alarma con el apoyo de la conselleria d’Interior”. En este sentido, la entidad sindical denuncia “las detenciones e identificaciones realizadas por los Mossos d’Esquadra y especaialmente las realizadas en las concentraciones del pasado martes, convocadas bajo el lema Recuperem els carrers en el barrio de Gràcia”.

Cabe recordar que el derecho de manifestación “solo se puede prohibir desde razones fundamentadas de orden público y de peligro para personas y bienes”. Unas razones que, sin embargo, han comportado la prohibición de todas las comunicaciones de la izquierda combatiente y alternativa hasta el día de hoy. Esta carencia de fundamento se justifica “en el hecho de que las movilizaciones comunicadas se han hecho siempre teniendo en consideración las medidas de seguridad, previstas por las organizaciones, y aforos limitados para evitar los riesgos derivados de la Covid-19”. Estas prohibiciones “sumarias” en ningún caso han ido acompañadas de “propuestas proactivas que pudieran hacer compatible los derechos fundamentales” de protección de la salud con el derecho, también fundamental, de manifestación (136/2020 TSJ Galicia).

Además es importante señalar la aplicación de una doble vara de medir que desde el Gobierno de PSOE y Podemos se está usando para reprimir y prohibir concentraciones. “Mientras colectivos, plataformas, organizaciones políticas y sindicales de izquierda encontramos todo tipo de persecución, la derecha se manifiesta sin ninguna medida de seguridad y bajo la permisividad policial”.

Para la plataforma 3 d’Octubre es también de “negativa valoración” el informe desfavorable de la intendencia de la Guardia Urbana de Barcelona, “sin ninguna propuesta de medida correctiva que permitiera la conciliación de derechos (salud y manifestación) desde la investigación de un acuerdo de consenso”; y aún más desfavorable, “la valoración, al considerar el equilibrio de fuerzas políticas del actual ayuntamiento que tendría que propiciar políticas de reconocimiento de los derechos sociales y de ciudadanía”.

“La represión a la disidencia, o a cualquier crítica al establishment, es estructural y forma parte del modelo actual de reino; en ningún caso podemos normalizarlo. En ningún caso la multa, la tortura o la prisión pueden formar parte de la normalidad del activismo social, la militancia política o la filiación sindical”, sentencian desde la plataforma.

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