25 julio, 2021

La Ley de Memoria Democrática y la infamia de víctimas de primera y de segunda

Tal como lo había anunciado el nuevo ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en una entrevista publicada el 18 de julio en el diario El Pais, el Consejo de Ministros de este martes 20 de julio ha aprobado el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que se debía aprobar en el Consejo de Ministros que siguió a la remodelación del Gobierno.
Es pues de suponer que en coherencia con lo declarado en esa entrevista – en respuesta a una pregunta sobre si no se tocaría el texto “pese a las criticas” – el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado no ha sido tocado y por consiguiente esa Ley – “la llevaremos a las Cortes y ahí se podrá modificar vía enmiendas” – sigue manteniendo la infamia de dividir a las victimas de la represión franquista en victimas de primera y de segunda.

Temiendo que eso fuese así e ignorando lo que el Consejo de ministros de este martes 20 de julio iba a hacer, tres días antes envié esta Carta abierta que reproduzco a continuación…

Carta abierta a Yolanda Díaz e Irene Montero:

La “igualdad” y la Ley de Memoria Democrática
Las razones de esta “carta abierta” son las siguientes:
Como ustedes saben, la remodelación del Ejecutivo y el nombramiento de Félix Baños, como nuevo ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática han impedido -según la prensa- que el Consejo de Ministros apruebe el martes 13 de junio el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática (1).
El mismo texto que el Consejo de Ministros aprobó en septiembre de 2020, aunque modificado y ampliado en algunos puntos tras las protestas y reclamaciones de los grupos memorialistas. Un texto que éstos grupos siguen considerando insuficiente e indigno, pese a esas modificaciones y ampliaciones.
No solo por no equipararse con el estándar internacional en materia de derechos humanos, sino también por mantener la infamia (articulo 10 de la Ley de 2007) de dividir a las víctimas de la represión franquista en dos categorías.
Una infamia, la de dividir a las víctimas de la represión franquista por la fecha de su ejecución, que implica no reconocerlas ni resarcirlas por igual a todas, aceptar que haya víctimas de primera y de segunda por el hecho de haber sido ejecutadas después o antes de 1968. Una fecha arbitraria, escogida y fijada por los redactores de la Ley de 2007 sin otra ‘justificación’ que la de “circunstancias excepcionales” y sin explicar por qué es a partir de 1968 que las “circunstancias” se vuelven “excepcionales” solo para las víctimas de la represión franquista ejecutadas; puesto que esa arbitraria división no existe para la reparación de las que hicieron prisión durante el franquismo.
¿Cómo justificar tan arbitraria división en un caso y no en el otro? Además de que, tanto en la norma de 2007 como en los proyectos de ley para reformarla, las víctimas de la represión franquista han sido siempre englobadas en una definición única, sin referencia alguna a aquella fecha y a las “circunstancias excepcionales”. Como es el caso ahora, con el nuevo texto, en el que sus redactores dedican un amplio articulo a la definición de víctima del Golpe de Estado de 1936, de la posterior Guerra Civil y la Dictadura, para enfatizar que lo son todas las personas que fueron objeto de la represión franquista.
Ustedes saben además que, para reformar la Ley de Memoria Histórica de 2007, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en diciembre de 2017 en el Congreso de los Diputados una “Proposición de Ley de memoria histórica y democrática” que mantenía ese infame articulo 10, y que el Grupo Parlamentario Unidas Podemos presentó el 13 de julio de 2018 una Proposición de Ley -también para reformar la Ley de Memoria Histórica de 2007- con un articulo (articulo 32) que ponía fin a esa infame discriminación y restituía la igualdad entre las víctimas de la represión franquista, fijando una reparación única para todas “las personas beneficiarias de quienes fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes por la represión franquista en su lucha contra la dictadura hasta el 15 de octubre de 1977” (2).
Pues bien, el hecho es que han pasado ya más de tres años desde entonces y casi uno desde la presentación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática del Gobierno de “coalición progresista”, del cual ustedes forman parte, y que el anteproyecto -que debía aprobarse en el Consejo de Ministros del martes 13 de junio- sigue manteniendo la infamia del articulo 10 de la Ley de 2007, aunque este articulo no figure literalmente en dicho texto y el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martinez, pretenda -en base a la cosmética y ambigua redacción de este texto- que “hay otra lectura del anteproyecto” que borra esa infamia.
Efectivamente, este anteproyecto mantiene esa infamia porque la desaparición en el nuevo texto de ese articulo (que si figuraba en la proposición de nueva ley “de memoria histórica y democrática” de diciembre de 2017 del PSOE) no significa que no siga en vigor, puesto que en la nueva Ley -que está compuesta de cinco Títulos “estructurados en torno al protagonismo y la reparación integral de las victimas…”- el Capitulo III -del Título I, ”sobre las víctimas”- que “se refiere a la Reparación”, dice literalmente que, “Junto a las medidas que se han venido desplegando desde la Transición, y que permanecen en el ordenamiento jurídico, se incorporan actuaciones específicas…” Por lo que el artículo 10 -que forma parte de las medidas desplegadas desde la Transición- permanece en el ordenamiento jurídico como también la infamia de no considerar y reparar por igual a todas “las víctimas de la Guerra y la Dictadura”. Una discriminación que no hace sino añadir en democracia otra injusta y dolorosa penalización a la ya infligida por el criminal franquismo a quienes dieron la vida por las libertades que hoy son constitucionales.
La continuidad de tan vergonzosa infamia es una indignidad que Unidas Podemos no debe asumir. No solo por dignidad sino también por coherencia con lo que proponía en su Proposición de Ley del 13 de julio de 2018. Pues es obvio que, solo si en la nueva norma se considera y repara a todas las víctimas por igual, la igualdad de todas las víctimas de la represión franquista será real y quedará restablecida en el ordenamiento jurídico.
Restablecer esta igualdad debería ser pues una prioridad para el Gobierno de “coalición progresista”. Y aún más para la nueva Vicepresidenta segunda del Gobierno, que acaba de declarar a la prensa que “Este tiene que ser el Gobierno de la recuperación, pero también el de la igualdad”, y para la responsable de un ministerio cuyo titulo es Ministerio de Igualdad.
17 de Julio de 2021
Octavio Alberola

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Noticia relacionada: 

La información oficial desde la página Lamoncloa.gob.es

El Gobierno aprueba enviar a las Cortes la Ley de Memoria Democrática

La Moncloa, Madrid, martes 20 de julio de 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de ley de Memoria Democrática. El anteproyecto, o texto inicial, aprobado en septiembre de 2020, ha sido completado desde entonces con las aportaciones de distintos informes, y ahora comenzará su tramitación parlamentaria.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha destacado, como objetivos principales de la futura ley, la recuperación, salvaguarda y difusión de los valores democráticos, los derechos fundamentales y su reivindicación, así como el reconocimiento de todas las víctimas del golpe de estado de julio de 1936 y de la dictadura.

«Esta es la primera ley en que se condena y se repudia expresamente el golpe de estado y la dictadura posterior, que han supuesto el periodo más negro de nuestra historia contemporánea», ha subrayado. Las violaciones de derechos humanos que se produjeron en ese periodo se declaran injustas, se consideran ilegítimos los tribunales de excepción que dictaron sentencias y estas se declaran nulas.

Verdad, justicia, reparación y deber de memoria

Bolaños ha explicado que el nuevo texto revisa y actualiza la Ley de memoria histórica de 2007, tal y como han reivindicado durante años el movimiento memorialista en nuestro país -al que ha agradecido su trabajo-, y organismos internacionales como Naciones Unidas o el Grupo de trabajo de desapariciones forzosas e involuntarias. Por ello, se basa en los cuatro principios fundamentales que establecen los organismos internacionales de derechos humanos: verdad, justicia, reparación y deber de memoria como obligación para no repetir los hechos.

El ministro ha afirmado que, así, «conseguimos que España tenga un régimen asimilable al del resto de los países europeos y de nuestro entorno que han sufrido dictaduras, que seamos un país más digno, porque atiende más a las víctimas, y que seamos un país más humanitario porque no se olvida de los familiares de personas que perdieron la vida luchando contra una dictadura o por la defensa de la democracia y de los derechos fundamentales».

Las víctimas, eje fundamental

El principio de verdad se centra en la atención a las víctimas, que ocupan el papel central en la ley. Bolaños ha asegurado a las miles de personas que buscan los restos de sus familiares y antepasados que cuentan con el Gobierno para ayudarles en esa misión: «Será el Estado el que tendrá la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas, y se hará una planificación cuatrienal para ir avanzando de manera pausada, pero constante, en la recuperación de restos de personas que fueron represaliadas en su momento».

Con el fin de facilitar la localización e identificación de las víctimas, se prevé la creación de un banco nacional de ADN y la mejora del derecho de acceso a los archivos y fondos de consulta.

Asimismo, se plantea la creación de dos días de homenaje. La primera fecha, el 31 de octubre, será el Día de todas las víctimas de la guerra civil, del golpe de estado y de la dictadura. El 8 de mayo, Día de las personas exiliadas, se recordará a todas aquellas personas que tuvieron que abandonar España.

El ministro ha calificado también de homenaje el valor destacado que la ley otorga a las mujeres, muchas de las cuales fueron víctimas y represaliadas solo por su condición de tales, y ha reivindicado su papel como protagonistas principales de la vida política y cultural y de la recuperación de la democracia.

En cumplimiento del principio de justicia, la ley garantizará la investigación de todas las violaciones de derechos humanos que se cometieron desde el golpe de Estado hasta la promulgación de la Constitución, y se creará una fiscalía de sala de memoria democrática.

La reparación será histórica y moral, ya que no se contemplan ni la responsabilidad patrimonial del Estado ni indemnizaciones económicas. Sí se hará una auditoría y un inventario de la incautación de bienes que fueron expoliados por el régimen franquista por razones políticas, de conciencia e ideológicas.

El deber de memoria se cumplirá con la inclusión de la memoria democrática en el currículum educativo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP), el fomento de la investigación y la creación de un centro documental en Salamanca que abarque desde 1936 a 1978.

Otras medidas

El ministro ha destacado que la ley plantea dos nuevos supuestos para optar a la nacionalidad española. Podrán hacerlo los hijos e hijas de las españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y perdieron su nacionalidad, y también los hijos mayores de edad de aquellos a quienes ya se les dio la opción de conseguirla en la ley de 2007: «Entonces solo afectó a los hijos menores, ahora abrimos también la posibilidad a los hijos mayores de edad en aquella fecha».

Respecto al Valle de los Caídos, la ley establece que no podrá haber ningún cuerpo de ninguno de los protagonistas en un lugar preponderante. Se extingue, asimismo, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que proviene de un Real Decreto-ley del año 57, «contrario a la Constitución y a los valores democráticos», y se aprobará un nuevo régimen jurídico.

El ministro ha concluido señalando que se afianzan las medidas dirigidas a evitar la exaltación de la guerra civil, del golpe de estado y de la dictadura. Bolaños ha avanzado que se harán las modificaciones necesarias en la legislación actual para que la apología del franquismo y el enaltecimiento de sus dirigentes, con menosprecio o humillación de las víctimas o incitando al odio, sean causa de extinción de fundaciones o asociaciones.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2021/200721-cministros.aspx


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