La Justicia andorrana ha admitido la ampliación de querella contra el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus ministros de Economía e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, por la actuación contra la Banca Privada de Andorra (BPA) para conseguir las cuentas bancarias de la familia Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.

La jueza Stéphanie Garcia les da quince días desde que reciban las notificaciones para que designen representación letrada en Andorra, y en caso de no hacerlo, se les nombrará de oficio.

El procedimiento judicial en Andorra se inició en 2016 y se basó inicialmente en la operación desplegada por la Policía española para obtener las cuentas que ocultaba la familia Pujol en Andorra.

El ex CEO del banco, Joan Pau Miquel entregó una grabación en la que el entonces agregado de Interior en Andorra, Celestino Barroso, le emplazaba a entregar la información si no querían que el banco fuera intervenido.

Según Miquel, altos mandos policiales le presionaron para que entregara toda la información sobre cuentas no declaradas de líderes independentistas catalanes.

El Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y la entidad de juristas Drets, posteriormente, presentaron una segunda ampliación de querella para dar continuidad a las investigaciones realizadas contra cuatro policías españoles.

En este sentido, el testigo del excomisario de la Policía Nacional Española, José Manuel Villarejo, sobre lo que se ha acabado llamando ‘Operació Catalunya’, acreditó que la actuación policial objeto de esta investigación tenía también a sus responsables políticos, y ahora la justicia andorrana quiere saber la implicación de los nuevos querellados y los delitos que hayan podido cometer.

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