La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de más de 20 años de prisión para los acusados y una multa de 3 millones de euros por la financiación ilegal de CiU y su sucesor, el PdeCAT  por la «estrategia para el financiamiento ilícito» que se habría realizado «sistemáticamente» a lo largo de los años en su predecesora política, la extinta Convergència Democrática de Cataluña (CDC), en el marco del conocido como ‘caso del 3%’.

En su escrito, el fiscal José Grinda acusa a 30 personas físicas y a 14 personas jurídicas, además de a sendas formaciones políticas, solicitando una condena de 21 años y 4 meses de cárcel para el extesorero de CDC Andreu Viloca y de 18 años y 10 meses para el también responsable de las cuentas de la formación Germá Gordó, que fue asimismo conseller de Justicia del Govern.

El Ministerio Público detalla que en el período de 2008 a 2015 «altos cargos de CDC, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta».

«Se trataba de una actuación sistemática de, por un lado, recepción de dinero de parte de empresarios, por otro lado, de transformación de ese dinero en ingresos para CDC, sin la mácula de su origen ilícito», explica el fiscal, que asegura que «los empresarios acusados se concertaron con los cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones vinculadas al partido».

La Fiscalía entiende que los hechos descritos son constitutivos de delitos de organización criminal, de fraude a las administraciones públicas, de corrupción entre particulares, de tráfico de influencias, de cohecho, de prevaricación y de blanqueo de capitales.

Andreu Viloca

En ese contexto, Anticorrupción detalla que Viloca «se ocupaba de hacer la triangulación con autoridades y con empresarios, y de los pagos a las fundaciones». «Siendo administrador y tesorero de CDC y de la fundación CatDem, llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas Administraciones bajo la esfera de poder de CDC», recoge el escrito.

Viloca, para el que solicitan 21 años y cuatro meses de cárcel, es médico y empresario conocido por haber sido tesorero de CDC, llegó al partido desde el Col.legi de Metges de Barcelona.

Germà Gordó

En cuanto a Gordó, para el que se pide 18 años y 10 meses de cárcel, habría sido «durante varios años el contacto de los contratistas con la Administración Pública catalana y CDC. «Dicho contacto, además de haberse realizado al margen de los cauces legales y de la función que le correspondía dentro del Gobierno catalán, fue dirigido al beneficio de dichos contratistas y al del partido político al que pertenecía, objetivos ambos opuestos al bien público», explica la Fiscalía.

Abogado, Gordó estuvo vinculado a la política y concretamente a CDC desde su juventud. También lo estuvo al Govern casi desde el inicio de su carrera. Gerente del partido, Gordó también fue responsable de Relaciones Institucionales de la conselleria de Ensenyament, secretario del primer Govern de Artur Mas, conseller de Justícia en el segundo mandato e impulsor de la plataforma política Nova Convergència junto a Teresa Maria Pitarch.

Daniel Osàcar

Osàcar, para el que piden año y medio de cárcel sustituido por trabajos en beneficio de la comunidad, es militante de CDC desde 1982 y forma parte del círculo cercano del expresident Artur Mas. Tesorero del partido, fue acusado de la financiación irregular de la formación a través del caso del Palau de la Música y condenado a tres años de prisión por el Supremo.

Francesc Xavier Sànchez

Un año de cárcel para Sànchez es lo que se solicta desde Anticorrupción para este abogado de profesión que fue responsable del área económica y jurídica de CDC.

Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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