Movimiento de la Fiscalía al día siguiente de las elecciones generales que han dado a Junts la clave para que Sánchez pueda seguir gobernando. Los fiscales del juicio del procés piden al juez Llarena que reactive la orden de detención internacional contra Carles Puigdemont y Toni Comín y los ponga en busca y captura.

Recordemos que el 5 de julio pasado perdieron la inmunidad que les permitía moverse libremente, excepto en España. Una limitación que también les impidió poder desplazarse a Estrasburgo para poder participar en el pleno del Parlamento Europeo.

Carles Puigdemont, en una pifia, ya ha respondido. «Un día eres decisivo para formar gobierno en España y al día siguiente España ordena tu detención», asegura en inglés.

Este movimiento de la Fiscalía coincide con el de Clara Ponsatí, que ha sido detenida esta mañana en Barcelona a raíz de la orden de detención en el estado español que emitió el propio juez Llarena por no haber comparecido en el Supremo.

En el momento en que se conoció la decisión del TGUE, la defensa de los tres políticos catalanes pidió un recurso y todavía se está estudiando. Una vez que el juez Llarena emita la nueva euroorden, la justicia belga tendrá que decidir si le hace caso y extradita a Puigdemont y Comín o bien la desestima.

Esta nueva euroorden será por malversación, ya que el delito de sedición desapareció del Código Penal en enero de este año. Este delito conllevaría pena de prisión entre seis y doce años por la elevada cuantía de los fondos que según los fiscales habrían desviado.

La pelota está ahora en el tejado del juez Llarena que en pocas horas podría reactivar la euroorden. Una vez lo haga, la justicia belga tendrá que decidir si ejecuta la euroorden inmediatamente o bien espera a saber cómo acaba el recurso presentado por Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont y Comín.

En enero de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dictaminó que una autoridad judicial -en este caso el tribunal belga- no puede denegar la ejecución de una orden de detención europea si no hay «deficiencias sistémicas» en el sistema judicial del país que ha emitido la orden de búsqueda y captura. Ahora, habrá que ver si Bélgica se acoge a este precepto o bien considera que estas deficiencias no están en el caso de la justicia española. La Fscalia española sostiene que se cumplen los requisitos establecidos en la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE.

Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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