El Sindicat de Llogateres y el Col·lectiu Ronda interpusieron hace dos años la primera demanda contra el fondo buitre Azora, el tercero tenedor del Estado español, por realizar contratos de alquiler con cláusulas abusivas. Esta mañana se ha celebrado la primera de las dos sesiones previstas.

Justo antes de iniciarse el procedimiento, y a las puertas de la Ciudad de la Justicia, la abogada de la parte demandante, Montse Serrano, ha explicado el contenido de la demanda, mostrándose esperanzada en el hecho que se pueda determinar, como ya ha pasado en algunas cláusulas bancarias, la abusividad de las que se incluyen dentro de los contratos de alquiler y que incumplen la Ley de Arrendamientos Urbanos y la normativa de consumidoras, con el perjuicio que esto supone para la parte arrendataria, instando a su nulidad.

Por su parte, Silvia Torres, inquilina demandante, ha relatado cómo ha sido de difícil para ella hacer frente a los abusos de Azora. Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres ha interpelado directamente la nueva Consejera de Vivienda de la Generalitat, Marina Berasategui Canals, para que en la nueva Ley de Alquileres Urbanos de Cataluña se regulen y prohíban directamente todas estas cláusulas abusivas.

El juicio de esta mañana contaba con la parte testimonial del miembro del Sindicato, Javier Rois, que ha explicado cómo durante este tiempo han estado acompañando a Sílvia Torres y otras inquilinas en una situación similar que tienen que hacer frente a las prácticas abusivas de unas sociedades inmobiliarias sin escrúpulos, recordando, pues, que este no es un caso único, sino que desgraciadamente se reproduce en todo el Estado. De hecho, la demanda se interpone concretamente contra Azora Sociedad Inmobiliaria SL, una de las filiales del fondo buitre Azora, que cuenta con 13.000 viviendas de alquiler por todas partes el Estado español. Por su parte, los letrados de la sociedad propietaria han querido desacreditar el testigo, aduciendo que no estas cláusulas no tienen un carácter fraudulento ni abusivo.

La sentencia puede sentar precedente para que los buitres dejen de incorporar estas cláusulas en los contratos

La forma legal del litigio iniciado es una demanda judicial por la vía civil que es posible dado que se trata de un contrato de adhesión entre un particular en calidad de consumidor y Azora. Es decir, la base jurídica de la denuncia es que el contrato no estuvo firmado entre dos particulares, sino que la arrendataria, se vio forzada a firmar un contrato de adhesión sin ninguna posibilidad de negociación previa. El litigio se inició el 2 de octubre del año 2020, y la sentencia determinará si las 10 cláusulas en cuestión son ilegales y atentan contra el derecho del “consumidor” y contra el derecho a la vivienda. Si la jueza falla a favor de la parte demandante, se podría sentar un precedente que en un futuro permitiría que centenares de inquilinas se vieran beneficiadas.

La organización de centenares de inquilinos de Azora, la punta de lanza de la regulación de alquileres en Cataluña

Entre el año 2019 y el 2020, se constituyeron en distintas ciudades de Cataluña hasta 9 asambleas de vecinas inquilinas de fincas de Azora. Dos en Barcelona y una en l’Hospitalet de Llobregat, en Badalona, en Terrassa, en Sabadell y otra en Granollers. Estas nueve asambleas se organizaron a raíz de las subidas de alquiler de hasta el 80% que Azora quería imponer a las inquilinas para renovarles los contratos. A pesar de la gran organización de todas las vecinas afectadas y las numerosas acciones de protesta y movilizaciones que se celebraron de la mano del Sindicat de Llogateres, el fondo buitre nunca quiso negociar. No obstante, sus movilizaciones fueron la punta de lanza en la lucha por la regulación de precios de alquiler, que se aprobó finalmente el septiembre del 2020 y acabó protegiendo a centenares de inquilinas de este fondo buitre, que pudieron renovar los contratos sin subidas de alquiler.

Vecinas contra Azora en todo el Estado

Azora es la empresa matriz de las empresas Azora, EncasaCibeles y Témpore Properties, que cuenta con un total de 13.000 viviendas en el estado español. Sus prácticas fraudulentas y las subidas abusivas no se dan solo en Cataluña, también se dan en otras ciudades del estado. En ciudades como Madrid o Donostia durante los últimos años, muchas fincas de vecinas se han tenido que organizar para defender sus alquileres con otros sindicatos como el Sindicato de Inquilinos de Madrid, como el Sindicato de Inquilinos de Donostia.

Convenio de colaboración del Colectivo Ronda y el Sindicat de Llogateres

Este litigio contra Azora es el primero fruto del convenio de colaboración entre el Colectivo Ronda y el Sindicat de Llogateres. Este convenio se firmó en 2020 con el objetivo de poder impulsar juicios estratégicos en la defensa del derecho de las inquilinas. Concretamente, este primer proceso judicial puede dar resultados que afecten a centenares de inquilinas en todo Cataluña.

10 Cláusulas fraudulentas y abusivas

La demanda señala hasta 10 cláusulas abusivas dentro del contrato, que el juez tendrá que determinar si son ilegales, y, por tanto, si dejan el contrato sin efectos.

“Bonificaciones fraudulentas”: Una de las cláusulas abusivas más destacadas son las llamadas “bonificaciones”. Bajo este término, Azora impone subidas de alquiler interanuales que superan el IPC. Concretamente, impone subidas de hasta el 20% una vez se han superado los 3 primeros años de contrato (en contratos de 7 años). Esta cláusula es contraría en el Decreto Ley de marzo del 2019 que prohíbe incrementos por encima del IPC.

Seguro de impago: En los contratos, Azora hace pagar al arrendatario un seguro por impago. Este gasto es totalmente ilegal en cuanto que responde al interés por el arrendatario y no por el arrendador.

Falsa declaración de negociación de las cláusulas: Una de las cláusulas más controvertidas dentro del contrato es la que afirma que cada una de las cláusulas han sido negociadas individualmente entre la empresa arrendadora y el arrendatario. Esto es totalmente falso en cuanto que las inquilinas no pudieron acceder al contrato de alquiler hasta el mismo día de la firma y a las oficinas de la empresa. Ninguna de las cláusulas ni elementos contractuales pudieron ser negociadas ni tampoco contrastadas con la opinión de ningún abogado y experto, dado que la empresa Azora se negó.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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