(Irídia)

La organización por la defensa de los derechos humanos Irídia ha denunciado que el 85% de los aislamientos preventivos en los CIE en el estado español en 2020 se concentraron en el centro de la Zona franca de Barcelona (concretamente, setenta y dos de un total de ochenta y cuatro). Andrés García, codirector de la organización, ha denunciado que se “siguen vulnerando los derechos humanos”.

Así lo ha explicado la organización en la presentación del último informe sobre las vulneraciones de derechos humanos en los CIE, en que ha alertado que la pandemia ha hecho proliferar los casos de maltratos. La carencia de transparencia, los tratos inhumanos, las dificultades en el ejercicio del derecho a la defensa o la violencia institucional han sido señaladas por Irídia como las principales problemáticas que afectan a estos centros.

La entidad, además, ha reclamado garantizar la asistencia sanitaria a los internos, pidiendo que el Servicio Catalán de la Salud se haga cargo (como bien hace en los centros penitenciarios). Marta Bolinches, abogada de la organización, ha criticado que actualmente no se presta asistencia médica las veinticuatro horas, cosa que dificulta las tareas de monitorización de posibles maltratos.

Bolinches también ha reclamado la prestación continua de servicios de ayuda psicológica e interpretación. “Hay que garantizar que los internos tengan todos los servicios necesarios para poder revertir irregularidades y denunciar eventuales maltratos”, ha declarado.

Es por todo esto que Irídia ha pedido en el Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat que soliciten al Ministerio de Interior el traspaso a Catalunya de la gestión de los servicios sanitarios del CIE de Zona franca. “Hay margen competencial para realizar este cambio”, ha reivindicado la entidad.

En el informe de Irídia no consta ninguna denuncia por parte de los internos del CIE Zona franca por violencia o maltratos este año, cosa que García atribuye a la falta de transparencia del ministerio que, a su parecer, “facilita los datos tarde y de manera incompleta.

Las seis denuncias por parte de internos que Irídia gestionó el año pasado fueron archivadas por el juzgado instructor bajo el pretexto que la presunta víctima ya no se encontraba en el estado español, al haber sido deportada.

“Nos encontramos que las personas que denuncian violencia en el CIE Zona franca son deportadas en pocos días, poniendo el trámite de la deportación por encima de los derechos humanos, y además esto le sirve al juez para archivar el caso, cuando hay otras pruebas para demostrar el maltrato”, ha concluido Bolinches.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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