Un informe del colectivo Irídia-Centro de Defensa de los Derechos Humanos denuncia casos de mala praxis en el cuerpo de los Mossos d’Esquadra. La entidad ha presentado las conclusiones del estudio este viernes, en una comisión sobre el modelo policial en el Parlament de Catalunya. Entre las peticiones más destacadas, piden prohibir los proyectiles de foam, después de que en 2014 se eliminaran las balas de goma.

Algunas de las denuncias son por la dificultad de identificar a los agentes implicados en actuaciones desproporcionadas, el control interno posterior que hace el cuerpo y la falta de transparencia en la publicación de los protocolos de uso de armas.

Para llegar a estas conclusiones, el colectivo de abogados ha tenido en cuenta los casos recientes que ha investigado Irídia y que hacen referencia a 10 personas heridas en los últimos 6 años, que se recogen en un anexo final. Algunas de estas personas recibieron los impactos de proyectiles de foam en zonas vitales y tres perdieron un ojo. El resto, según la entidad, fueron víctimas de malos usos de la defensa policial y bastante desproporcionada.

El informe completo se puede leer en la web de Irídia, bajo el título Análisis de los mecanismos de control del cuerpo de Mossos d’Esquadra. Contiene numerosas actuaciones policiales que el colectivo considera desproporcionadas o antirreglamentarias.

Se citan golpes de porras policiales en la cabeza o el uso de la fuerza contra periodistas que están haciendo su trabajo. También se mencionan situaciones de especial vejación o humillación, incorrecta identificación de los agentes o bien casos de racismo que Irídia pide prevenir y erradicar.

El informe de Irídia incorpora hasta trece recomendaciones para mejorar el funcionamiento de los Mossos d’Esquadra. Destacan la petición de prohibir las lanzadoras de foam por su carácter «altamente lesivo y potencialmente letal». Mientras esto no pase, exigen mecanismos de trazabilidad de las lanzadoras, un arma que se incorporó en 2010. En concreto, piden una geolocalización del arma y de numeración de los proyectiles.

Además, recomiendan un sistema de grabación de video y audio de alta calidad y adaptado a situaciones nocturnas. Y solicitan que la grabación se conserve en un servidor externo e inaccesible por los agentes. En las comisarías, piden que las imágenes grabadas se conserven durante 6 meses.

En cuanto a las furgonetas, creen que tendrían que incorporar un sistema de localización GPS que permita siempre el rastreo preciso del recorrido y que la información se conserve durante un año.

También piden la creación de un mecanismo independiente de control de los cuerpos policiales, que se base en países como Bélgica, el Reino Unido, Irlanda o Noruega. Entre sus funciones, dicen que debería investigar situaciones irregulares y tendría que poder actuar de oficio.

Quieren que el nuevo sistema de Número de Operativo Policial (NOP) de identificación de agentes se aplique urgentemente en el área Regional de Recursos Operativos (ARRO). Consideran, además, que se tiene que adoptar un nuevo protocolo de actuación ante la presencia de periodistas en protestas o actuaciones de orden público que proteja de manera clara el derecho a la información, evitando que puedan ser golpeados o sancionados para llevar a cabo su tarea.

Finalmente, recomiendan que se cree una oficina especializada de atención a personas afectadas por vulneraciones de derechos humanos en el marco del uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales, funcionarios de prisiones o efectivos de seguridad privada.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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