El Juzgado de Instrucción n.º 3 de Rubí ha comunicado la apertura del trámite de diligencias previas para investigar la presencia de restos de fibrocemento, metales y plásticos a la zona de los Huertos del Castell a raíz de la denuncia presentada por el Grup Municipal Alternativa d’Unitat Popular – AUP Rubí.
El procedimiento se ha iniciado con posterioridad a que la Unidad Regional de Medio Ambiente de la Región Metropolitana Norte de los Mossos d’Esquadra emitiera un informe donde constataba la presencia de restos dispersos de residuos que contienen fibrocemento en la zona donde se procedió al desalojo de los huertos y la demolición de las construcciones presentes.
El informe constata que «en toda la zona ha habido movimientos de tierra» y que «las tareas de limpieza han sido realizadas con cierta desidia», propiciando la existencia de «pequeñas cantidades de escombros esparcidos, algunos metales y también plásticos diversos». Por otro lado, la Fiscalía de Medio Ambiente, con sede en Terrassa, también ha manifestado su adhesión a los argumentos y la documentación (especialmente fotográfica) aportada a la denuncia de los hechos realizada por AUP.
Protestas por la presencia de amianto
El desmantelamiento de los huertos de la zona del Castell de Rubí, una ubicación también conocida como Pla Dorment, propiedad de la empresa concursada Sociedad Cerámicas Egara SA, fue instada por el Ayuntamiento de Rubí alegando la existencia de riesgo de incendio.
Después de proceder al desahucio de las parcelas mediante procedimiento contencioso-administrativo, el Ayuntamiento licitó las tareas de demolición de las construcciones y adecuación de los terrenos a la empresa EXTRAYSE. Esta intervención se inició en abril de 2022 y se prolongó durante dos meses, rodeada de protestas ciudadanas por lo que se consideraba una ejecución deficiente de las obras, especialmente en referencia a la retirada y manipulación de los numerosos elementos constructivos -algunos de ellos en evidente estado de degradación- fabricados con amianto, un material altamente cancerígeno incluso a dosis mínimas de exposición.
Al ple d’abril preguntem pels residus amb amiant que podrien estar quedant barrejats amb altra brossa de la que era zona d’horts del Castell de #rubicity
Un mal exemple de com fer polítiques públiques. També pots llegir aquest post, per a més informació: https://t.co/7HHtDv8MT9 https://t.co/bOTMZJg8em pic.twitter.com/wfM8ozcXos— AUP Rubí #Essencials (@AUP_Rubi) May 4, 2022
Según hizo público la vecindad, solo fue después de que se produjeran movilizaciones y concentraciones populares para denunciar la situación que la empresa adjudicataria incorporó la participación de dos empresas acreditadas por la manipulación de este peligroso material, prohibido en el conjunto de la UE desde el año 2000. Además de la posible contaminación por amianto, también se constatan en la zona intervenciones que pueden suponer un delito ambiental, tanto en cuanto al soterramiento de residuos (plásticos, metales, químicos y otros) como en cuanto al movimiento de tierras que ha alterado la topografía de la tierra y podría afectar la supervivencia de numeroso arbolado de la zona.
El Ayuntamiento de Rubí, investigado como posible responsable civil subsidiario
En el procedimiento de apertura de diligencias previas por parte del juzgado tiene que aclarar definitivamente si las tareas de derribo y desalojo de la zona de los huertos se realizaron adoptando todas las medidas de seguridad necesarias para prevenir la exposición del conjunto de la población a la peligrosidad del amianto. La corporación municipal aparece como posible responsable civil subsidiario en calidad de licitadora de la operación.
Para Judith Franco, abogada de Col·lectiu Ronda, que asesora AUP en este procedimiento, «la apertura de las diligencias previas es la noticia que esperábamos desde hace meses y la oportunidad de demostrar que la intervención sobre la zona de los huertos ha sido rodeada del que consideremos son graves irregularidades, tanto por el que hace el proceso administrativo desarrollado para instar el desalojo de las parcelas como, especialmente, en todo aquello en lo referente al tratamiento y la retirada del amianto y otros materiales nocivos para la salud y el entorno».
En este sentido, y a pesar de lamentar la insuficiencia del informe policial, la abogada destaca que «al fin alguien admite aquello que los vecinos han denunciado incansablemente: que en la zona todavía quedan restos de fibrocemento que amenazan la salud y degradan el entorno. Y la gravedad de la situación sería más evidente si se hubieran realizado el conjunto de pruebas solicitadas para comprobar cuánto amianto ha quedado cubierto en una zona donde consta acreditado que ha habido movimientos de tierras».
