El Ministerio del Interior ha admitido y justificado las infiltraciones de policías en colectivos independentistas como el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y Jovent Republicà. Lo ha hecho en respuesta al contencioso-administrativo que Òmnium presentó ante la Audiencia Nacional a finales de julio. En un comunicado, el presidente de la entidad, Xavier Antich, denuncia una estrategia de estado para vincular el independentismo con el terrorismo. En el documento, el ministerio de Fernando Grande-Marlaska considera “legítimo, idóneo y oportuno” infiltrar a agentes en los movimientos juveniles para captar información.

El ministerio de Grande-Marlaska vincula la infiltración directamente con las prácticas habituales en la prevención del terrorismo, basándose en supuestas acciones y estrategias violentas del independentismo: “Personas que pertenecen al mundo asociativo independentista, englobando una amplia gama de asociaciones, coadyuvan a la consecución ilegal de la independencia de Catalunya, llegando a realizar en algunos casos acciones de tipo radical-violento dentro del marco de la estrategia global secesionista”.

El ministerio invoca el documento de la Estrategia española Contra el Terrorismo, pactado por los grandes partidos españoles, para decir: “Los extremismos identitarios excluyentes, que pueden derivar en violencia y verse incrementados en un entorno de crisis económica, constituyen una de las notas preocupantes en la actualidad. Así, el auge de extremismo y de posiciones excluyentes que se vienen generando en gran parte de países desarrollados, en Europa, particularmente, origina unas dinámicas violentas y filo-terroristas entre sectores minoritarios de nuestra sociedad a los que hay que prestar atención”.

En cuanto a las técnicas operativas utilizadas para las infiltraciones, el ministerio menciona las previstas en la llamada “estrategia contra el terrorismo” y “estrategia de seguridad”, concretamente el eje que hace referencia a “la lucha contra el terrorismo y la radicalización violenta”.

Según Antich, estas prácticas del Ministerio del Interior son una clara vulneración de los derechos fundamentales, enmarcadas en la causa general contra el independentismo. Òmnium considera que el Estado actúa con total impunidad y al margen de la ley para reprimir el movimiento.

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