El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha imputado a un sargento de la brigada móvil de los Mossos d’Esquadra (Brimo), responsable de los escopeteros que se desplegaron ante las protestas en las calles por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, por el impacto de un proyectil de foam que destruyó el ojo de una manifestante de 19 años. Este mando era el encargado del operativo policial ese día y se suma así a otros dos agentes escopeteros que ya estaban siendo investigados y que tendrá que declarar el próximo 1 de junio.

La decisión del juez Joaquín Aguirre ha trascendido este miércoles, cuando ha declarado en sede judicial como testigo el jefe de la Brimo, Xavier Pastor, quien ha explicado los protocolos sobre el uso de los proyectiles de foam, de los que ha dicho que «no son un arma de precisión». Con la imputación del sargento, son ya tres los agentes investigados por estos hechos, que tuvieron lugar en febrero de 2021.

El abogado de la asociación pro derechos humanos Irídia, Xavier Muñoz, aseguró al salir del interrogatorio que la distancia mínima de 20 metros para disparar los foam que dicta el protocolo de los Mossos es insuficiente porque, a su entender, las mismas instrucciones del fabricante recomiendan un mínimo de 30 metros, por debajo de los cuales los disparos pueden causar daños «severos».

El letrado remarcó que, más allá de investigar a los agentes que intervinieron en la manifestación del 16 de febrero del 2021, las presuntas deficiencias del protocolo del uso de este tipo de proyectil pueden derivar en nuevas responsabilidades de cargos superiores.

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