En marcha, desde este lunes, la primera huelga indefinida de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en la historia de este organismo, que vela por el cumplimiento de la legislación laboral.
Convocada por los sindicatos CIG, CSIF, Sislass, SITSS, Upit, Usess y UGT, llega después de tres días de paro entre diciembre y febrero, y varios paros parciales desde mayo.
El sindicato CCOO, que hasta ahora sí había participado en las diferentes protestas, se ha desmarcado al considerar que el conflicto se está politizando.
El objetivo de la movilización es denunciar la falta de recursos y exigir al gobierno español que apruebe «soluciones urgentes» para revertir la situación de «olvido» en la que consideran que está este organismo, que consideran que hay que reforzar y modernizar.
Exigen, por ejemplo, que se cumpla con el Plan Estratégico y el acuerdo de julio de 2021 para incorporar 500 efectivos de manera urgente, y otros de manera progresiva.
En este sentido, están sobre la mesa cuestiones como la aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT, por sus siglas del nombre en castellano), el refuerzo de la estructura territorial y la mejora de las condiciones laborales.
El conflicto está marcado, al mismo tiempo, por el choque entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda. El primero, encabezado por Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, acusa al segundo, encabezado por María Jesús Montero, del PSOE, de no cumplir los compromisos adquiridos con los sindicatos en el año 2021.
«No tendremos un gobierno en funciones hasta el día 24 de julio, por lo que le pedimos que cumpla ahora el compromiso publicado el 3 de diciembre de 2021», exigen desde la plataforma sindical.
«No podemos abandonar la exigencia de cumplimiento de un acuerdo que, para su aplicación, no requiere ninguna modificación normativa, ni tampoco presupuestaria, desde el momento en que ya está contemplado en el presupuesto reconocido en el organismo», añaden.
Actualmente, la plantilla de la Inspección de Trabajo la integran 3.000 trabajadores, 2.200 de los cuales son inspectores y subinspectores. Los 800 restantes son personal estructural, que debe atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.
