La Fiscalía General del Estado ha archivado todas las investigaciones realizadas sobre el patrimonio del rey Juan Carlos I al no encontrar suficientes indicios para interponer una querella ante el Tribunal Supremo.

La fiscal Dolores Delgado ha firmado el decreto de archivo de las tres diligencias que mantenía abiertas la Fiscalía del Tribunal Supremo. El ministerio público ha detectado varias irregularidades fiscales, pero se produjeron antes de la abdicación del rey y, por tanto, cuando era inviolable, o bien ya han prescrito.

La decisión, que ya llevaba tiempo madurando, cierra dos años de investigación contra Juan Carlos, que huyó a los Emiratos Árabes el verano de 2020.

Las diligencias hacían referencia a las comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, el uso de tarjetas opacas por parte de varios miembros de la familia real y financiadas por un empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause, y la que investiga la fortuna escondida en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Teniendo en cuenta que las presuntas irregularidades se produjeron mientras Juan Carlos era rey, que se ha acogido a dos regularizaciones fiscales en diciembre de 2020 y febrero de 2021 y la falta de pruebas concluyentes, las investigaciones se cerrarán sin que la Fiscalía presente ninguna querella contra Juan Carlos I.

El año pasado, Suiza archivó una investigación también sobre el AVE a La Meca. Por ahora, el emérito sólo tiene una investigación abierta en el Reino Unido a raíz de una demanda de su amante, Corina Larsen, por acoso del CNI en 2012.

Fondos opacos

Personas cercanas al rey emérito de España, Juan Carlos I, también se beneficiaron de dinero opaco facilitado por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, según concluye la Fiscalía Anticorrupción en los decretos con los que ha archivado las diligencias que afectaban al anterior jefe del Estado.

El escrito especifica que no sólo Juan Carlos I, sino también “familiares o próximos” a él, fueron realmente los beneficiarios de transferencias efectuadas por Sanginés-Krause a Nicolás Murga Mendoza, militar jubilado y ex ayudante del rey emérito, entre los años 2016 y 2019, por un importe superior al medio millón de euros.

Anticorrupción, que no concreta qué familiares y personas cercanas a Juan Carlos I se beneficiaron de ese dinero, asegura que no quedó constancia de ninguna contraprestación vinculada con las transferencias, que considera que fueron «actos unilaterales efectuados a título lucrativo».

Por contra, según recoge El Confidencial, también indica que Sanginés-Krause pagó viajes de varios miembros de la familia real española por un importe de medio millón de euros más.

La causa de Londres

El rey emérito de España, Juan Carlos I de Borbón, sólo tiene pendiente ya una causa judicial después de que la Fiscalía Anticorrupción española, como antes la Fiscalía de Suiza, archivara las investigaciones y descartara la presentación de una querella, ya que las irregularidades detectadas se habrían producido antes de la abdicación o ya han prescrito.

El último frente jurídico corresponde a la querella que presentó en Londres por presunto acoso, seguimiento ilegal y difamación su examante Corinna Larsen, un asunto en el que el juez debe determinar si Juan Carlos I goza de inmunidad como exjefe de Estado.

En cuanto a la investigación española, el decreto de archivo de la Fiscalía Anticorrupción refleja el miedo de Juan Carlos I a la posibilidad de que se destapara la existencia de trusts en los que participaba Manuel Prado y Colón de Carvajal, su hombre de confianza y presunto testaferro, ya condenado por el caso KIO.

El fiscal Alejandro Luzón indica que si esto se hubiera sabido “hubiera exigido incómodas explicaciones”, basándose en palabras de Joaquín Romero Maura, consejero de Juan Carlos I. Según Romero Maura, los trusts creados en Jersey se cerraron en 2003 después de que el entonces rey le dijera que el propósito inicial era innecesario y que podría resultar incómodo para la monarquía que trascienda públicamente su existencia.

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