La Audiencia Nacional ha ordenado que se vuelva a investigar al presidente de Repsol, Antonio Brufau, al que fuera su homólogo en CaixaBank, Isidro Fainé, y a sus respectivas compañías como personas jurídicas, por su relación con empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo.

La sección tercera de la sala de lo Penal ha estimado los recursos que presentaron la Fiscalía Anticorrupción, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero y Unidas Podemos contra el auto del juez Manuel García Castellón de 29 de julio de 2021, en el que acordó el sobreseimiento provisional.

La sala obliga a seguir analizando si Brufau y Fainé participaron en el encargo a Cenyt, empresa vinculada al expolicía, para investigar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex.

En la causa están procesados los exjefes de Seguridad de Repsol Rafael Araújo y de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño, así como el propio Villarejo, su socio Rafael Redondo y el policía Enrique García Castaño, así como el subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol, Rafael Girona.

Indicios sobre Brufau

Respecto a Brufau, la sala advierte de que, efectivamente, «no hay ningún documento, escrito, sonoro o de imagen, que acredite» que el presidente de Repsol ordenó el encargo a la empresa de Villarejo.

Tampoco hay ninguno donde conste, prosigue, que Brufau supiera que, en esos momentos, «Villarejo era comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía, ni de que fuese informado de esa circunstancia en un momento posterior».

Además, los magistrados consideran «fuera de toda duda que, en el entramado organizativo de Repsol, había áreas o departamentos de niveles inferiores a la presidencia y al órgano colegiado de administración, con poderes para llevar a cabo, de manera autónoma, la contratación de Cenyt y abonar el precio de los servicios».

Sin embargo, sí «hay indicios de los que puede desprenderse que la iniciativa de llevar a cabo dicha contratación, así como de otras dirigidas a reaccionar contra el pacto Sacyr-Pemex, partió de Brufau, y que éste fue informado con detalle de los resultados de las gestiones de Cenyt».

De hecho, continúa, el presidente de Repsol reconoció en su declaración como investigado «la preocupación que le generó el pacto entre Sacyr y Pemex, al considerarlo altamente perjudicial» para la petrolera.

También hay indicios de que «la investigación pudo conllevar el acceso a ficheros informáticos con datos reservados sobre llamadas telefónicas y otras comunicaciones de diversas personas relacionadas con Sacyr, pues estos fueron encontrados en las diligencias de entrada y registro» en los domicilios de Villarejo y su socio.

Indicios sobre Fainé

En los mismos términos se expresa la sala sobre el expresidente de CaixaBank, y recuerda que en su declaración como investigado, Fainé reconoció el impacto que el posible acuerdo entre Sacyr y Pemex podía tener para el banco, en calidad de accionista de Repsol.

«Buena prueba de ese interés es que Fainé admite que estuvo de acuerdo, al hablar con Brufau, en que los departamentos de seguridad de sus compañías colaborasen en el asunto, y que sus respectivos responsables se reuniesen para tratar con Cenyt, con el que ya había contactado el director de seguridad de Repsol», añade.

Repsol y CaixaBank

La sala avala el argumento de los apelantes de que no se han practicado todas las diligencias requeridas para esclarecer de manera suficiente la responsabilidad criminal de Repsol y CaixaBank, de ahí que inste a seguir investigando el papel desempeñado por ambas.

Fuentes de CaixaBank consultadas por Efe reiteran que el banco seguirá colaborando con la Justicia para facilitar cualquier información o declaración adicional, tal y como solicita la Audiencia Nacional.

En cualquier caso, desde la entidad tienen la convicción de que las diligencias llevarán a que se dicte una nueva resolución de sobreseimiento, en lo que coinciden con fuentes de Repsol.

La petrolera defiende la absoluta corrección de las actuaciones llevadas a cabo por la compañía y sus consejeros y empleados, como quedó acreditado en las conclusiones alcanzadas por el juez instructor en su auto de sobreseimiento.

El magistrado entendió que Repsol tenía implantado «un sistema de prevención y cumplimiento eficaz», y determinó «la ausencia de indicio alguno respecto de la participación directa o indirecta de los presidentes de ambas compañías» en los hechos investigados, añade la misma fuente.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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