El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, ha dictaminado este jueves que el reglamento que regula los vehículos de transporte con conductor, VTC, en el Área Metropolitana de Barcelona, el AMB, vulnera las normativas europeas.
En concreto, el TJUE considera que, tanto la autorización específica que se reclama ahora como la limitación de las licencias en relación al número de taxis son «restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento»: «El TJUE señala que la exigencia de una autorización específica adicional y la limitación del número de licencias constituyen restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento, porque la primera limita efectivamente el acceso al mercado a los que acaban de llegar y la segunda limita el número de prestadores de servicios de VTC establecidos en el AMB.»
Posible autorización específica «basada en criterios objetivos»
De todas formas, el TJUE admite que exigir una licencia adicional a estos vehículos puede ser necesario para gestionar el transporte, el tráfico y el espacio público, y también para proteger mejor el medio ambiente: «Esta autorización específica debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyen cualquier arbitrariedad y que no se solapen con los controles ya efectuados en el marco del procedimiento de autorización nacional, sino que respondan a necesidades particulares del AMB.»
El TJUE dictamina que «garantizar la viabilidad económica» del sector del taxi es «un motivo de carácter puramente económico» que no es «de interés general» y no puede utilizarse como base a la hora de fijar la normativa del AMB.
Tumba la limitación de una licencia de VTC por cada 30 taxis
El reglamento del AMB actualmente limita las autorizaciones de VTC a una por cada 30 taxis, y las empresas que gestionan estos vehículos solicitaron su anulación al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el TSJC.
Este tribunal elevó una cuestión prejudicial directamente al tribunal europeo, y es esta cuestión la que ha resuelto este jueves a favor de las empresas.
Éstas recurrieron porque consideraron que las limitaciones pretenden obstaculizar su actividad y proteger los intereses del sector del taxi, y ahora el TJUE les ha dado la razón.
El TJUE rebate el argumento del AMB de que la limitación a un VTC por cada 30 taxis fomente la buena gestión de la movilidad, y en cambio dice que «no han quedado desvirtuadas» las argumentaciones de las empresas.
Estas alegaron que los VTC contribuyen a reducir el uso del vehículo privado y también a «una movilidad eficaz e integradora» gracias «al nivel de digitalización y de flexibilidad» con el que trabajan.
Este tribunal, sin embargo, ha negado que la actual normativa se pueda considerar que es una ayuda pública al sector del taxi, que es uno de los argumentos que han usado las empresas de VTC en el litigio.
En concreto el litigio que ha resuelto el TJUE a nivel europeo lo inició la empresa Prestige and Limousine S.L., que opera bajo la marca Cabify, una de las principales plataformas de VTC en el área de Barcelona.
