18 octubre, 2021

Estado español: 11 millones de personas en exclusión, seis de los cuales en situación de pobreza severa

La alerta de Cáritas: la pobreza es ya “un fenómeno estructural en nuestro país”. La entidad constata que la pobreza se ha anquilosado fruto de un “sistema de protección social incompleto e insuficiente”. Como prueba, se denuncia que el Ingreso Mínimo Vital ha sido denegado al 49% de los solicitantes en pobreza severa

La pandemia de covid-19 ha tenido un impacto “desolador” en la sociedad española, con 11 millones de personas en exclusión social y, de ellas, seis millones ya en situación de pobreza severa, el 12.6 % de toda la población, según un informe de la ONG Cáritas, presentado este miércoles.

Son dos millones más que en 2018 y supone el número más alto desde 2007, indica el documento “Sociedad expulsada y derecho a ingresos”, elaborado por la fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, impulsada por Cáritas.

El informe alerta del “ensanchamiento del espacio de la exclusión social, donde viven ahora 2,5 millones de personas nuevas respecto del año 2018”, de ellas casi 2 millones en marginación severa.

Así se desprende de la encuesta FOESSA 2021, realizada a más de 7.000 hogares de todas las comunidades autónomas y cuyos resultados, que se presentarán de forma oficial en enero de 2022, ha adelantado la entidad en una rueda de prensa.

Desde la ong ya no dudan de que la exclusión no es un fenómeno coyuntural, sino que ha arraigado en nuestro país. ¿El motivo? “Las crisis sucesivas, así como a las débiles políticas sociales y a un sistema de protección social incompleto e insuficiente que deja atrás a un sector cada vez mayor de la población”, destacan en el estudio.

Vivir con miedo

Por ejemplo, el informe subraya cómo en este año y medio de pandemia  se ha producido un ensanchamiento de la pobreza en nuestro país. Si ya en la última encuesta de FOESSA se constataba que hoy hay 2,5 millones de pobres más que antes de la irrupción del coronavirus, ahora se subraya en el estudio que “la crisis nos deja un impacto desolador y muy preocupante”.

Es más, desde Cáritas se corrobora que por primera vez desde 2007, las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas, convirtiéndose en uno de los grandes damnificados por la COVID-19 con un incremento de casi 2 millones personas respecto del año 2018. A este colectivo, los efectos de la emergencia sanitaria les ha llevado al precipicio del desempleo, pero también, aseguran desde la plataforma eclesial, “a tener una salud más frágil, a vivir con miedo”.

Comer y estar abrigados

Frente a esta realidad, a través del informe, Cáritas hace un llamamiento a “reimpulsar y fortaleces el estado del bienestar social”, así como garantizar las medidas de protección existentes, “con un foco especial en el Ingreso Mínimo Vital” (IMV). “Es central que las Administraciones públicas garanticen el derecho a ingresos suficientes para toda la ciudadanía”, subraya Cáritas como sustento básico para lograr una mínima dignidad personal.

Por ello, la ong denuncia que hoy por hoy “el IMV ofrece una cobertura insuficiente y presenta lagunas importantes”, cuando su dotación económica “puede estar ayudando en niveles tan básicos como poder comer durante todo el mes o dormir más abrigados”.

“Un primer obstáculo se produce antes siquiera de llegar a iniciar los trámites para solicitarla”, se expone desde Cáritas con datos sobre la mesa. Tan solo una cuarta parte de estos hogares ha recibido información correcta y suficiente para iniciar el trámite de solicitud. Es decir, más de dos tercios de estos hogares no lo han solicitado (el 68%) a pesar de contar con muy escasos o nulos ingresos. Un 6% de hogares lo han intentado, pero han encontrado barreras burocráticas. Esto hace que solo un 18,6% de los solicitantes en pobreza severa lo está cobrando o al menos lo tiene concedido y para casi la mitad del total de solicitantes en pobreza severa, el 49%, ha sido denegado.

Vivienda digna

Junto a esta medida, desde Cáritas se hace un llamamiento a crear empleo decente, promover un sistema público de provisión de vivienda más garantista, frenar la brecha digital como motor de exclusión social, reducir la pobreza infantil y juvenil, evitar la segregación de la población migrante, así como fortalecer los servicios públicos de salud mental.

Uno de los indicadores que verifican la cronificación de la pobreza en España es el de la llamada integración plena, esto es, aquellos que disfrutan de una situación en la que no sufren ningún rasgo indicativo de la exclusión. Ahora solo lo alcanzan 4 de cada 10 hogares de España (el 41,2%), lo que marca un descenso de 7,4 puntos respecto del año 2018 (donde el porcentaje era del 49,3%). Para Cáritas, esto es reflejo de “una fuga imparable hacia una sociedad más desigual, donde el grupo que más crece es el de los más desfavorecidos”.

Menores a cargo

El perfil de los más castigados es el de los hogares con menores a cargo, ya sean familias numerosas o monoparentales. También se ha intensificado y cronificado la pobreza con mayor voracidad entre los migrantes a quienes afecta la pobreza severa en un 65%. Eso sí, desde Cáritas recuerdan que la exclusión social está habitado mayoritariamente por población autóctona. “Pero mientras que en el conjunto de la población los inmigrantes son 1 de cada 10 (15%) entre los excluidos son casi 4 de cada 10”, matiza el nuevo estudio de la Fundación Foessa.

Con este panorama, hoy por hoy el 25% de los hogares atraviesan graves dificultades en la dimensión del empleo, ya sea por no tener acceso al mercado laboral o por la precariedad e inestabilidad del puesto de trabajo. Además se disparan hasta el 14% los hogares con dificultades para pagar los gastos de la vivienda, la energía, el agua o internet.

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