La decisión está tomada: ERC, la CUP y el PSC ya han anunciado que pasado mañana, en la reunión de la mesa del Parlament, pedirán la suspensión de Laura Borràs como presidenta de la cámara.

Será dos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya anunciado la apertura de juicio oral a Borràs por unos supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental. Se le acusa, en concreto, de fraccionar contratos para favorecer la contratación de un conocido cuando era la directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

La reunión de la mesa del jueves será extraordinaria, porque la de este martes era la última ordinaria de este curso parlamentario.

Las tres formaciones políticas que tienen representantes en la mesa, además de Junts, son partidarias de aplicar el artículo 25.4 del reglamento del Parlamento, que establece lo siguiente: “En los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata.”
También establece que, “si se plantean dudas sobre el tipo de delito (…), es necesario el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados”.

En esta legislatura, la mesa del Parlament está formada por dos representantes del PSC, dos de ERC, dos de Junts (uno de ellos Borràs) y uno de la CUP.

Borràs podría renunciar al cargo por su cuenta, pero en las últimas semanas ha dicho repetidamente que no pensaba hacerlo, con el argumento de que es inocente. También ha defendido la derogación del artículo 25.4 del reglamento del Parlamento, al considerar que vulnera el derecho a la presunción de inocencia.

La apertura de juicio a Borràs sitúa al Parlament en una dimensión desconocida, porque nunca se había abierto juicio a un presidente o presidenta en ejercicio del cargo. Complica también las relaciones entre ERC y Junts, socios de gobierno.

El anuncio del TSJC ha llegado después de que la semana pasada la Fiscalía pidiera 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación para Borràs. La pena de prisión, por el delito de falsedad documental; la de inhabilitación, por los delitos de falsedad documental y de prevaricación.

Borràs ruega clemencia

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha pedido a los miembros de la Mesa que no la suspendan de su cargo. “Deseo y quiero creer que los miembros de la Mesa actuarán como diputados demócratas, respetuosos con los derechos fundamentales, y no como jueces o inquisidores y tomarán, en conciencia, la decisión política más ecuánime”, ha manifestado Borràs a través de un hilo en Twitter.

La presidenta de la cámara ha defendido su inocencia con una serie de publicaciones a través de su cuenta en la red. Afirma que “no puede haber corrupción si no se reclama responsabilidad civil. Y no se pide porque no ha habido perjuicio alguno para la administración”.

Defiende que no debe ser suspendida según el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, puesto que “la finalidad del artículo era la suspensión preventiva de los diputados acusados de delitos relacionados con la corrupción lucrativa; o sea, la malversación, que ya ha caído de la causa”. Lea a continuación su extenso hilo de Twitter:

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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