El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de memoria democrática. El PSOE ha logrado sacarla adelante gracias a Bildu y al apoyo de sus aliados parlamentarios, salvo Esquerra, que se ha abstenido. Junts y la CUP han votado en contra. Los tres consideran el texto insuficiente.

El texto declara ilegal el franquismo y nulas las resoluciones y condenas de carácter político por parte de los tribunales del régimen, y amplía la definición de víctimas: incluye a las personas LGTBI, los niños adoptados sin consentimiento de sus padres (los llamados niños robados), y también la lengua y la cultura catalanas, vascas y gallegas.

Quince años después de que el gobierno Zapatero aprobara la primera ley de memoria histórica, este jueves el gobierno de coalición ha logrado aprobar una nueva: la ley de memoria democrática, que aseguran que es mucho más ambiciosa, como ha defendido el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. “Es una ley para el reencuentro. Una ley que nos hace mejores como país. Una ley que pasa página definitivamente de la época más negra de nuestra historia reciente”, ha dicho Bolaños

El gobierno español ha podido sacarla adelante, sobre todo gracias a Bildu, que ha apoyado la ley porque se ha decidido crear una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a las personas que hayan luchado “por la consolidación de la democracia” y que señale “posibles vías de reconocimiento y reparación”. Esto incluye el inicio de los GAL y la guerra sucia contra ETA.

El acuerdo con los independentistas vascos ha levantado bastante polémica. No sólo ha levantado el rechazo de la derecha, sino que incluso dentro de las filas socialistas se han escuchado críticas, como las del expresidente del gobierno español Felipe González.

En el hemiciclo, mientras el diputado del PP Jaime Mateu acusaba al gobierno de Sánchez de “tener la poca vergüenza de haber pactado esta ley con los herederos políticos de los asesinos etarras”, la diputada de Bildu Isabel Pozueta reprochaba a los populares que “les moleste que la verdad y la justicia llegue a muchas de las víctimas de una dictadura que anhelan.”

En cuanto a los partidos independentistas, consideran la ley insuficiente, pero los votos han sido diferentes en cada caso: sí, del PDeCAT, abstención de ERC y no de Junts y la CUP.

Carolina Telechea, de ERC, recordó que no deroga la ley de amnistía de 1977, “una ley de impunidad para los verdugos”, dijo, aunque, según el texto, “los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”, y se interpretarán según el derecho internacional humanitario, al que se someten las leyes españolas.

Josep Pagès, diputado de Junts, ha argumentado que es “una ley que engorda el relato falso de la legitimidad del régimen del 78”. Por su parte, el PDeCAT ha votado a favor porque encuentra que la ley “es un buen punto de partida, y un buen resultado para poder presentar dentro de unos años una ley mucho más ambiciosa”, ha dicho su diputado, Sergi Miquel.

Otro de los momentos más tensos se ha vivido durante la intervención de Francisco José Contreras, diputado de Vox, quien ha dicho que Salvador Puig Antich fue ejecutado no por ser anarquista, sino por haber matado a un policía. Los diputados de ERC, Unidas Podemos y Bildu han abandonado el hemiciclo como señal de protesta.

Una ley para buscar a 114.000 desaparecidos

La ley aprobada este jueves prevé buscar a 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. Para ello, el Estado elaborará un mapa de localización de las personas desaparecidas y creará un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

También se declaran ilegales el régimen franquista y sus tribunales, pero no deroga la ley de amnistía del 77. Se creará una Fiscalía que investigue las violaciones del derecho internacional y de derechos humanos durante el golpe de estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La ley prevé crear un inventario estatal de puestos de memoria democrática. De momento, entre estos espacios, estará el Valle de los Caídos, –monumento administrado temporalmente por Patrimonio Nacional–, que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros, y tendrá un nuevo marco jurídico una vez extinguida la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

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