Medio millar de personas de varias entidades, entre ellas la PAH y el Sindicat de Llogaters, se concentraron el sábado en defensa de la ley catalana que limita los precios de los alquileres, que ha sido parcialmente anulada por el TC.

La protesta se celebró bajo el lema ‘La regulación no se toca’ para denunciar que «los especuladores han utilizado los tribunales para hacer aquello que no consiguieron en el Parlamento: tumbar la regulación catalana de alquileres». El portavoz del Sindicat de Llogaters, Enric Aragonés, aseguró que la regulación de los precios «ha venido para quedarse» porque es de «sentido común que debe tener topes». «Hace falta una nueva ley que regule los alquileres y hay varios frentes abiertos y la ley estatal de la vivienda es uno», indicó.

El sindicato critica que la decisión del TC «recorta» el derecho a la vivienda, a la vez que «defiende los intereses y los beneficios del lobby inmobiliario y de los fondos buitres».

Por eso, advierte que «volverán a regular los alquileres», un hito para el que confía tener el apoyo de los partidos políticos y de las más de 4.000 entidades que le ayudaron a impulsar la ley de alquiler de Cataluña, ahora recortada.

Aragonés ha criticado que «una vez más el TC ha enmendado las decisiones del Parlament» y que lo ha hecho «pisando el derecho a la vivienda». Según el sindicato, «es imprescindible que haya una regulación para que los arrendatarios puedan vivir con tranquilidad».

Por esta razón, defiende que «hace falta una ley nueva que regule el precio» y ha reiterado que el TC «actúa haciendo el trabajo sucio del lobby inmobiliario y de todos aquellos que ven peligrar sus beneficios cuando nuestros derechos avanzan».

La ley catalana de los alquileres, que se aprobó en 2020, permitía limitar los precios de los alquileres en barrios o ciudades donde se acreditara la carencia de vivienda asequible, previa declaración del barrio o ciudad como zona de mercado de vivienda tensa.

En estos casos, se establecía un tope que no podía superar en un 10% el índice de referencia de precios de alquiler marcado por la Generalitat. Según datos del Sindicat de Llogaters desde que entró en vigor se han beneficiado más de 160.000 familias.

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