En las últimas semanas, el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto al primer plano informativo no como expresidente del Gobierno, sino como figura central de un entramado de relaciones políticas, empresariales y diplomáticas que hoy se encuentra bajo escrutinio judicial, mediático y parlamentario. El detonante ha sido la reactivación del caso Plus Ultra Líneas Aéreas, una aerolínea marginal rescatada con 53 millones de euros de dinero público en plena pandemia, y cuya investigación por presunto blanqueo de capitales ha reavivado viejas preguntas sobre la conexión entre España y el régimen venezolano de Nicolás Maduro.
El caso ya no se limita a una discusión técnica sobre si una empresa cumplía o no los requisitos para ser considerada “estratégica”. Ha evolucionado hacia una cuestión más profunda: cómo se toman determinadas decisiones de Estado, quién influye en ellas desde fuera del poder formal y qué precio político se paga cuando la diplomacia informal se mezcla con intereses opacos.
Plus Ultra: un rescate que nunca encajó
Desde su aprobación en 2021, el rescate de Plus Ultra fue un caso atípico. La aerolínea tenía una presencia mínima en el mercado español, operaba con apenas uno o dos aviones y había sido rechazada previamente por entidades financieras privadas. Aun así, el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) aprobó una inyección multimillonaria, argumentando su relevancia para la conectividad con América Latina.
Ese argumento nunca terminó de convencer ni a economistas ni a analistas del sector. Cuatro años después, la investigación de la UDEF, con registros, detenciones de directivos y sospechas de desvío de fondos, ha confirmado que las dudas iniciales no eran meramente ideológicas. El rescate ya no es solo polémico: es judicialmente problemático.
El papel de Zapatero: influencia sin cargo
Zapatero no ocupaba ningún cargo institucional cuando se aprobó el rescate. Precisamente por eso, su nombre resulta incómodo. Diversas informaciones apuntan a que intervino de forma activa para que Plus Ultra obtuviera el trato de empresa estratégica, incluyendo contactos con el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.
No existe, por ahora, prueba judicial de delito. Pero la influencia política no necesita firma ni despacho oficial. La pregunta que sobrevuela el caso no es si Zapatero firmó una orden, sino si utilizó su peso político, su agenda internacional y su red de contactos para inclinar una decisión pública a favor de una empresa con claros vínculos venezolanos.
La amistad reconocida con Julio Martínez Martínez, empresario detenido en la investigación, agrava la percepción de opacidad. Aunque el entorno del expresidente insiste en que se trata de una relación personal sin trascendencia política, la reiteración de encuentros, intermediaciones y coincidencias empresariales dibuja un patrón que, como mínimo, exige explicaciones más sólidas que una simple negación.
Pedro Sánchez: defensa del Gobierno, no de Zapatero
En este contexto, la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resulta especialmente reveladora. La Moncloa ha defendido el rescate de Plus Ultra como una decisión “legal” y “colegiada”, pero Sánchez ha evitado cuidadosamente cualquier defensa personal de Zapatero. No ha puesto la mano en el fuego por él, ni ha reivindicado su papel como mediador o facilitador, ni ha salido a blindar su actuación.
Esta distancia no es casual. En política, el silencio también comunica. Sánchez protege al Gobierno, pero deja solo al expresidente. El mensaje implícito es claro: si hubo influencias indebidas, mediaciones impropias o responsabilidades éticas, no serán asumidas por el Ejecutivo actual. Es una maniobra de autoprotección que refuerza la idea de que incluso dentro del propio espacio socialista existe conciencia de que Zapatero se mueve en un terreno resbaladizo.
Venezuela: de mediador a figura controvertida
El nombre de Zapatero está íntimamente ligado a Venezuela desde hace años. Tras dejar La Moncloa, asumió un rol de mediador internacional entre el chavismo y la oposición. Ese papel, presentado como humanitario y diplomático, ha sido celebrado por el régimen de Maduro y duramente criticado por amplios sectores de la oposición venezolana y por organizaciones de derechos humanos.
El problema no es la mediación en sí, sino la ausencia de una distancia crítica clara respecto a un régimen acusado de violaciones sistemáticas de derechos humanos, corrupción estructural y connivencia con redes criminales. Zapatero no ha sido un observador neutral; ha sido percibido —y utilizado— como un aliado político que contribuye a blanquear internacionalmente al chavismo.
El “Cártel de los Soles”: acusaciones sin sentencia, pero no irrelevantes
Las declaraciones del exjefe de inteligencia venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, hoy colaborador de la justicia estadounidense, han añadido una capa aún más tóxica al debate. En ellas menciona supuestos vínculos entre dirigentes chavistas, narcotráfico y apoyos internacionales. El nombre de Zapatero aparece en ese relato, aunque sin que exista imputación formal ni causa abierta en España.
Conviene ser precisos: no hay pruebas judiciales públicas que vinculen a Zapatero con el Cártel de los Soles. Pero también conviene no ser ingenuos: cuando un expresidente europeo aparece mencionado en contextos de narcotráfico internacional, el problema no es solo penal, sino reputacional e institucional. La ausencia de condena no elimina la necesidad de rendir cuentas políticas.
La instrumentalización política… y las preguntas legítimas
La derecha española ha utilizado el caso para atacar al PSOE y al Gobierno, a veces recurriendo a exageraciones y titulares sensacionalistas. Pero sería un error despachar todo el asunto como “máquina del fango”. No todo es ruido. Hay hechos contrastados, decisiones discutibles y relaciones incómodas que merecen ser examinadas con rigor.
El rescate de Plus Ultra no fue un error menor. Fue una decisión política de alto impacto económico, tomada en un contexto de emergencia y con escasos controles posteriores. Si además estuvo precedida o acompañada por presiones informales de una figura con intereses y relaciones internacionales controvertidas, el debate deja de ser partidista para convertirse en institucional.
El caso Zapatero–Plus Ultra–Venezuela es un ejemplo paradigmático de cómo el poder no siempre se ejerce desde los cargos oficiales, y de cómo la diplomacia paralela puede generar conflictos de interés difíciles de fiscalizar. A día de hoy, Zapatero no está imputado, ni condenado, ni formalmente investigado por delitos relacionados con este caso. Pero eso no equivale a una absolución política o ética.
La falta de una defensa cerrada por parte de Pedro Sánchez, la investigación judicial en curso, las amistades comprometedoras y la prolongada cercanía a un régimen autoritario dibujan un escenario inquietante. En democracia, la exigencia de responsabilidades no empieza en los tribunales, sino en la transparencia. Y en este caso, las explicaciones dadas hasta ahora resultan claramente insuficientes.
