Espa\u00f1a ha vuelto a encontrarse frente a una de esas contradicciones que retratan mejor que cualquier discurso la verdadera naturaleza de un pa\u00eds. Por un lado, el Gobierno ha decidido abrir la puerta a la regularizaci\u00f3n extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes que viven y trabajan desde hace a\u00f1os en la econom\u00eda sumergida. Por otro, la propia Administraci\u00f3n encargada de gestionar ese proceso admite, aunque sea entre l\u00edneas, que no est\u00e1 preparada para soportar la avalancha de solicitudes.<\/p>\n
La escena resulta familiar. Primero se anuncia una medida con una enorme carga pol\u00edtica y simb\u00f3lica. Despu\u00e9s se celebra como un hito social, econ\u00f3mico y moral. Finalmente, cuando llega la hora de aplicarla, aparece el viejo problema espa\u00f1ol: una estructura administrativa lenta, fragmentada y saturada que convierte cualquier reforma ambiciosa en una carrera de obst\u00e1culos.<\/p>\n
La regularizaci\u00f3n extraordinaria aprobada por el Ejecutivo pretende ofrecer permiso de residencia y trabajo a m\u00e1s de medio mill\u00f3n de personas que ya forman parte de la realidad cotidiana del pa\u00eds. Son trabajadores que cuidan ancianos, limpian casas, recogen fruta, sirven mesas, construyen viviendas o conducen furgonetas de reparto. Est\u00e1n en Espa\u00f1a, consumen en Espa\u00f1a, pagan alquileres en Espa\u00f1a y, en muchos casos, tienen hijos escolarizados en Espa\u00f1a. Sin embargo, siguen atrapados en una especie de limbo legal que les impide cotizar con normalidad, acceder a derechos b\u00e1sicos o abandonar la precariedad.<\/p>\n
La decisi\u00f3n de regularizarles no es, por tanto, una concesi\u00f3n ideol\u00f3gica ni un gesto sentimental. Es, sobre todo, una necesidad econ\u00f3mica. Espa\u00f1a envejece a gran velocidad. La poblaci\u00f3n activa pierde peso. M\u00e1s de medio mill\u00f3n de aut\u00f3nomos se jubilar\u00e1n en los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os y sectores enteros dependen ya de mano de obra extranjera para seguir funcionando. La agricultura, la hosteler\u00eda, los cuidados o el transporte no podr\u00edan sostener su actividad sin trabajadores inmigrantes. Fingir lo contrario es simplemente negar la evidencia.<\/p>\n
El problema es que el Gobierno ha querido presentar esta regularizaci\u00f3n como una operaci\u00f3n limpia, r\u00e1pida y casi autom\u00e1tica, cuando en realidad amenaza con convertirse en un nuevo embudo burocr\u00e1tico. El procedimiento arranca en pleno mes de abril y se prolongar\u00e1 hasta finales de junio. Las solicitudes podr\u00e1n tramitarse de manera telem\u00e1tica y presencial. Sobre el papel parece razonable. En la pr\u00e1ctica, basta recordar cualquier experiencia reciente con la Seguridad Social o con las oficinas de Extranjer\u00eda para entender que el sistema est\u00e1 al borde del colapso.<\/p>\n
Conseguir una cita previa se ha convertido desde hace tiempo en una loter\u00eda. Hay provincias donde obtener una fecha para un tr\u00e1mite sencillo requiere semanas. En otras, los ciudadanos dependen de intermediarios, asociaciones o incluso de mafias digitales que acaparan citas para revenderlas. La regularizaci\u00f3n masiva amenaza con multiplicar ese problema de forma exponencial. Medio mill\u00f3n de expedientes adicionales no son un detalle administrativo. Son una carga gigantesca para una red de oficinas que ya funciona con retrasos, plantillas insuficientes y sistemas inform\u00e1ticos anticuados.<\/p>\n
El propio dise\u00f1o del proceso revela hasta qu\u00e9 punto el Ejecutivo es consciente de esa fragilidad. Buena parte de la gesti\u00f3n se ha derivado a oficinas de Extranjer\u00eda, a la Seguridad Social, a Correos y a empresas p\u00fablicas de apoyo administrativo. Incluso la Polic\u00eda Nacional tendr\u00e1 un papel secundario, limitada a intervenir solo si aparecen irregularidades o sospechas de fraude. El mensaje impl\u00edcito es evidente: el Estado no dispone de recursos suficientes y necesita repartir la presi\u00f3n entre distintas ventanillas para evitar un colapso inmediato.<\/p>\n
Sin embargo, repartir el problema no equivale a resolverlo. De hecho, puede agravarlo. Cuando demasiados organismos participan en un mismo procedimiento, el ciudadano acaba atrapado en una cadena interminable de requisitos, citas, comprobaciones y documentos. Una oficina remite a otra. Una plataforma inform\u00e1tica no se comunica con la siguiente. Una solicitud queda pendiente porque falta un certificado o porque nadie sabe qui\u00e9n debe revisarla. La administraci\u00f3n espa\u00f1ola tiene una larga tradici\u00f3n en ese tipo de laberintos.<\/p>\n
Lo verdaderamente preocupante es que el retraso no solo perjudicar\u00e1 a los inmigrantes que esperan regularizarse. Tambi\u00e9n afectar\u00e1 al conjunto del sistema productivo. Miles de empresas necesitan incorporar trabajadores de forma inmediata y legal. Miles de familias dependen de personas que cuidan a mayores o menores sin contrato porque no existe otra alternativa. Cuanto m\u00e1s se retrase la regularizaci\u00f3n, m\u00e1s tiempo permanecer\u00e1n todos ellos dentro de la econom\u00eda sumergida, sin derechos y sin aportar cotizaciones.<\/p>\n
Y ah\u00ed aparece la gran paradoja. El Gobierno defiende esta medida como una v\u00eda para reforzar la Seguridad Social, aumentar el n\u00famero de cotizantes y garantizar la sostenibilidad futura de las pensiones. La l\u00f3gica es correcta. Si cientos de miles de personas empiezan a trabajar legalmente y a cotizar, las cuentas p\u00fablicas recibir\u00e1n un alivio evidente. Espa\u00f1a ya ha superado los 22 millones de afiliados y el Ejecutivo conf\u00eda en que la incorporaci\u00f3n de nuevos trabajadores extranjeros impulse todav\u00eda m\u00e1s esa cifra.<\/p>\n
Pero la Seguridad Social necesita algo m\u00e1s que nuevos afiliados. Necesita credibilidad. Y esa credibilidad se erosiona cuando la misma instituci\u00f3n que promete resolver el problema de la falta de cotizantes se muestra incapaz de gestionar con eficacia sus propios procedimientos. Durante las \u00faltimas semanas, los aut\u00f3nomos han vuelto a comprobarlo con indignaci\u00f3n. El sistema de regularizaci\u00f3n de cuotas y la subida aplicada a determinados colectivos han generado una sensaci\u00f3n de arbitrariedad y desconcierto. Mientras el Gobierno promete estabilidad a unos, impone incrementos importantes a otros. Mientras se habla de simplificar tr\u00e1mites, se multiplican las notificaciones, las rectificaciones y las interpretaciones contradictorias.<\/p>\n
Uno de cada tres aut\u00f3nomos, especialmente los societarios y los familiares colaboradores, afronta este a\u00f1o un incremento notable de sus cuotas. Muchos descubrieron la subida sin previo aviso claro, pese a que el Ejecutivo hab\u00eda trasladado meses antes la idea de que las bases m\u00ednimas quedar\u00edan congeladas. El resultado ha sido una mezcla de enfado, inseguridad y desconfianza hacia una Administraci\u00f3n que parece cambiar las reglas sobre la marcha.<\/p>\n
Ese clima de malestar explica por qu\u00e9 la regularizaci\u00f3n extraordinaria despierta sentimientos encontrados incluso entre quienes la apoyan. Nadie discute seriamente que Espa\u00f1a necesita inmigraci\u00f3n. Nadie puede sostener, con datos en la mano, que la econom\u00eda puede prescindir de cientos de miles de trabajadores que ya est\u00e1n presentes en ella. Pero muchos se preguntan si el Estado ser\u00e1 capaz de gestionar un proceso de esta magnitud sin repetir los errores habituales: saturaci\u00f3n, retrasos, desigualdades territoriales y frustraci\u00f3n.<\/p>\n
Existe adem\u00e1s otro elemento inc\u00f3modo que el Gobierno ha intentado evitar en su relato oficial. La regularizaci\u00f3n no afecta a todos por igual. Algunos colectivos han quedado fuera o afrontan mayores dificultades para demostrar su arraigo, su residencia o la ausencia de antecedentes. El caso de los saharauis es especialmente llamativo. La exclusi\u00f3n de los ap\u00e1tridas del decreto ha generado una fuerte pol\u00e9mica porque deja a miles de personas fuera de una medida concebida, en teor\u00eda, para acabar con la invisibilidad y la vulnerabilidad. La regularizaci\u00f3n, por tanto, no solo corre el riesgo de ser lenta; tambi\u00e9n puede terminar siendo desigual.<\/p>\n
La oposici\u00f3n aprovechar\u00e1 cada uno de esos fallos para denunciar improvisaci\u00f3n. Lo har\u00e1 porque forma parte de la l\u00f3gica pol\u00edtica, pero tambi\u00e9n porque el Gobierno le ha dejado un terreno f\u00e1cil. No basta con anunciar una gran medida. Hay que garantizar que funcione. Y para eso no sirven \u00fanicamente los discursos sobre humanidad, justicia o integraci\u00f3n. Hace falta reforzar plantillas, digitalizar procedimientos, coordinar administraciones y explicar con transparencia qu\u00e9 requisitos existen y cu\u00e1nto tardar\u00e1 cada expediente.<\/p>\n
Espa\u00f1a lleva demasiados a\u00f1os tratando la inmigraci\u00f3n como un fen\u00f3meno excepcional, cuando en realidad es una realidad estructural. Cada cierto tiempo aparece una nueva regularizaci\u00f3n, una nueva pol\u00e9mica y un nuevo atasco burocr\u00e1tico. Despu\u00e9s el pa\u00eds vuelve a olvidarse del problema hasta la siguiente crisis. Mientras tanto, cientos de miles de personas contin\u00faan viviendo entre dos mundos: indispensables para la econom\u00eda, pero invisibles para la ley.<\/p>\n
La regularizaci\u00f3n aprobada ahora puede convertirse en una oportunidad hist\u00f3rica. Si se gestiona bien, permitir\u00e1 aflorar empleo, aumentar la recaudaci\u00f3n, reducir la explotaci\u00f3n laboral y ofrecer estabilidad a sectores econ\u00f3micos enteros. Tambi\u00e9n enviar\u00e1 un mensaje claro: Espa\u00f1a reconoce por fin que necesita a quienes ya est\u00e1n aqu\u00ed.<\/p>\n
Pero si se gestiona mal, el resultado ser\u00e1 devastador. No solo porque miles de personas seguir\u00e1n atrapadas en la irregularidad, sino porque la ciudadan\u00eda volver\u00e1 a confirmar una sospecha cada vez m\u00e1s extendida: que el Estado promete mucho m\u00e1s de lo que puede cumplir. Y cuando esa desconfianza se instala, no afecta \u00fanicamente a una medida concreta. Acaba contaminando la relaci\u00f3n entre los ciudadanos y las instituciones.<\/p>\n
El verdadero desaf\u00edo no es decidir si Espa\u00f1a debe regularizar a cientos de miles de inmigrantes. La respuesta es s\u00ed, porque la econom\u00eda, la demograf\u00eda y la simple l\u00f3gica lo exigen. El verdadero desaf\u00edo consiste en demostrar que el pa\u00eds sabe gobernar esa necesidad sin improvisar, sin colapsar y sin convertir una decisi\u00f3n imprescindible en otra demostraci\u00f3n de impotencia administrativa.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Espa\u00f1a necesita inmigrantes para sostener su econom\u00eda, pero vuelve a demostrar que improvisa cuando llega el momento de convertir una necesidad estructural en una pol\u00edtica p\u00fablica eficaz<\/p>","protected":false},"author":15,"featured_media":68077,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1277],"tags":[],"class_list":["post-68076","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-portada"],"yoast_head":"\n