Hay decisiones pol\u00edticas que se anuncian con apariencia de tr\u00e1mite administrativo, pero que en realidad encierran una declaraci\u00f3n moral de enorme alcance. La exclusi\u00f3n de los ap\u00e1tridas de la regularizaci\u00f3n extraordinaria aprobada por el Gobierno pertenece a esa categor\u00eda. En un pa\u00eds donde la pol\u00edtica migratoria suele discutirse entre cifras, porcentajes y previsiones demogr\u00e1ficas, el caso de los saharauis obliga a mirar de frente algo mucho m\u00e1s inc\u00f3modo: qu\u00e9 ocurre cuando un Estado decide que existen personas cuya historia puede ser ignorada porque resulta inconveniente.<\/p>\n
La regularizaci\u00f3n extraordinaria aprobada por el Ejecutivo pretende beneficiar a cientos de miles de inmigrantes que ya viven y trabajan en Espa\u00f1a en condiciones de invisibilidad jur\u00eddica. Sobre el papel, la medida se presenta como una respuesta pragm\u00e1tica a una realidad que ya existe. Son personas que est\u00e1n aqu\u00ed, que forman parte de la econom\u00eda, que sostienen sectores enteros con su trabajo y que, sin embargo, contin\u00faan atrapadas en la precariedad legal. El Gobierno defiende que darles papeles es tambi\u00e9n darles derechos, estabilidad y una oportunidad.<\/p>\n
Sin embargo, en el momento en que se excluye expresamente a los ap\u00e1tridas, la medida deja de ser universal y comienza a exhibir sus grietas. Y esas grietas tienen un rostro muy concreto: el de miles de saharauis que viven en Espa\u00f1a sin nacionalidad reconocida, sin protecci\u00f3n efectiva y sin la posibilidad de acogerse a un proceso que, parad\u00f3jicamente, parec\u00eda dise\u00f1ado para quienes se encuentran precisamente en la situaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable.<\/p>\n
Los saharauis constituyen uno de los colectivos m\u00e1s singulares de la historia contempor\u00e1nea espa\u00f1ola. No son extranjeros en el sentido convencional del t\u00e9rmino. Tampoco son inmigrantes recientes desvinculados de nuestro pasado. Son, en gran medida, los herederos de una responsabilidad hist\u00f3rica que Espa\u00f1a nunca ha querido resolver del todo. El S\u00e1hara Occidental fue provincia espa\u00f1ola hasta 1975. Durante d\u00e9cadas, sus habitantes tuvieron documentaci\u00f3n espa\u00f1ola, educaci\u00f3n espa\u00f1ola, administraci\u00f3n espa\u00f1ola y una relaci\u00f3n pol\u00edtica y jur\u00eddica directa con el Estado espa\u00f1ol. Cuando Espa\u00f1a abandon\u00f3 el territorio, dej\u00f3 tambi\u00e9n atr\u00e1s a una poblaci\u00f3n entera atrapada entre una descolonizaci\u00f3n inconclusa, la ocupaci\u00f3n marroqu\u00ed y la indiferencia internacional.<\/p>\n
Desde entonces, los saharauis viven suspendidos en una anomal\u00eda. Muchos no poseen una nacionalidad reconocida. Otros tienen documentos emitidos por autoridades que Espa\u00f1a no reconoce plenamente. Y casi todos arrastran la consecuencia m\u00e1s cruel de la apatridia: no pertenecer formalmente a ning\u00fan lugar. En t\u00e9rminos burocr\u00e1ticos, la apatridia significa no tener un pasaporte v\u00e1lido, no poder acreditar un origen estatal y depender de un laberinto administrativo constante. En t\u00e9rminos humanos, significa vivir permanentemente a prueba.<\/p>\n
Por eso resulta tan dif\u00edcil aceptar el argumento t\u00e9cnico con el que el Gobierno intenta justificar su exclusi\u00f3n. Se dice que la regularizaci\u00f3n exige documentos oficiales de un pa\u00eds de origen, certificados de antecedentes penales y acreditaciones que los ap\u00e1tridas no pueden presentar. Pero ese razonamiento convierte la falta de Estado en un castigo adicional. Los saharauis quedan fuera precisamente porque no tienen el documento que nunca pudieron tener. Es una trampa circular y profundamente injusta: se les niega la regularizaci\u00f3n porque son ap\u00e1tridas, cuando precisamente su condici\u00f3n de ap\u00e1tridas deber\u00eda hacerlos prioritarios.<\/p>\n
La paradoja es a\u00fan mayor si se tiene en cuenta que el propio Estado espa\u00f1ol reconoce desde hace a\u00f1os la existencia de esta situaci\u00f3n. Los tribunales, las oficinas de extranjer\u00eda y las organizaciones humanitarias llevan d\u00e9cadas se\u00f1alando que el caso saharaui no puede tratarse como un expediente migratorio ordinario. Espa\u00f1a sabe perfectamente qui\u00e9nes son estas personas, de d\u00f3nde vienen y por qu\u00e9 carecen de documentaci\u00f3n. Sabe tambi\u00e9n que muchos de ellos llegaron huyendo de la pobreza extrema, de la falta de futuro en los campamentos de refugiados o de una vida suspendida entre Argelia, el desierto y la espera interminable de una soluci\u00f3n pol\u00edtica que nunca llega.<\/p>\n
La decisi\u00f3n del Gobierno, por tanto, no parece responder \u00fanicamente a una cuesti\u00f3n administrativa. Tiene un evidente trasfondo pol\u00edtico. Desde que Pedro S\u00e1nchez decidi\u00f3 en 2022 respaldar el plan marroqu\u00ed de autonom\u00eda para el S\u00e1hara Occidental, la posici\u00f3n espa\u00f1ola respecto al pueblo saharaui ha cambiado de forma dr\u00e1stica. La relaci\u00f3n con Marruecos se ha convertido en una prioridad absoluta, hasta el punto de que cualquier gesto que pueda interpretarse en Rabat como una concesi\u00f3n a los saharauis parece haber quedado descartado.<\/p>\n
La exclusi\u00f3n de los ap\u00e1tridas encaja perfectamente en esa l\u00f3gica. Reconocer a los saharauis dentro de la regularizaci\u00f3n habr\u00eda supuesto admitir, aunque fuera impl\u00edcitamente, que existe un colectivo espec\u00edfico cuya situaci\u00f3n deriva de una deuda hist\u00f3rica espa\u00f1ola. Tambi\u00e9n habr\u00eda implicado aceptar que la cuesti\u00f3n saharaui no puede reducirse a un problema diplom\u00e1tico entre Madrid y Rabat, sino que tiene una dimensi\u00f3n \u00e9tica y jur\u00eddica que afecta directamente a Espa\u00f1a.<\/p>\n
El Gobierno ha preferido evitar ese debate. Ha escogido la soluci\u00f3n aparentemente m\u00e1s c\u00f3moda: borrar a los saharauis de la fotograf\u00eda. En un decreto pensado para ofrecer una salida a los invisibles, se ha dejado fuera precisamente a quienes llevan m\u00e1s tiempo viviendo en la invisibilidad.<\/p>\n
Lo m\u00e1s llamativo es que esta exclusi\u00f3n no solo ha provocado cr\u00edticas en la oposici\u00f3n o en las asociaciones prosaharauis. Tambi\u00e9n ha generado incomodidad dentro de la propia izquierda. Sectores de Sumar, diputados cercanos a la causa saharaui y parte del electorado progresista consideran que esta decisi\u00f3n contradice el discurso de derechos humanos que el Gobierno reivindica en otros \u00e1mbitos. Resulta dif\u00edcil defender una pol\u00edtica migratoria humanitaria mientras se excluye al colectivo m\u00e1s indefenso de todos.<\/p>\n
La contradicci\u00f3n es todav\u00eda m\u00e1s evidente porque Espa\u00f1a mantiene con el pueblo saharaui una relaci\u00f3n emocional y social muy intensa. Durante d\u00e9cadas, miles de familias espa\u00f1olas han acogido a ni\u00f1os saharauis en verano. Existen asociaciones de apoyo en casi todas las comunidades aut\u00f3nomas. Hay municipios hermanados con los campamentos de Tinduf, voluntarios, cooperantes y generaciones enteras de ciudadanos que sienten la causa saharaui como una cuesti\u00f3n cercana. Pocas realidades internacionales despiertan en Espa\u00f1a un v\u00ednculo tan transversal.<\/p>\n
Ese v\u00ednculo, sin embargo, parece no existir cuando la pol\u00edtica exterior entra en escena. Entonces la empat\u00eda se sustituye por el c\u00e1lculo. Y el c\u00e1lculo conduce siempre al mismo lugar: no incomodar a Marruecos.<\/p>\n
El problema de esa estrategia es que no solo sacrifica a los saharauis. Tambi\u00e9n erosiona la credibilidad del propio Gobierno. Porque un Ejecutivo puede defender que necesita mantener una relaci\u00f3n estable con Rabat por razones geopol\u00edticas, migratorias o econ\u00f3micas. Puede incluso argumentar que la cooperaci\u00f3n con Marruecos es imprescindible para controlar las fronteras o garantizar la estabilidad regional. Lo que no puede hacer es fingir que determinadas decisiones son puramente t\u00e9cnicas cuando en realidad responden a una elecci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n
La honestidad exigir\u00eda reconocer que la exclusi\u00f3n de los ap\u00e1tridas no es un accidente administrativo, sino una renuncia deliberada. Una renuncia a asumir responsabilidades hist\u00f3ricas. Una renuncia a proteger a quienes dependen exclusivamente de la voluntad del Estado espa\u00f1ol. Y, sobre todo, una renuncia a sostener el discurso de los derechos humanos cuando entra en conflicto con los intereses diplom\u00e1ticos.<\/p>\n
Todav\u00eda hay margen para rectificar. Diversos grupos parlamentarios han planteado iniciativas para incluir a los saharauis en el proceso de regularizaci\u00f3n o para facilitarles el acceso a la nacionalidad espa\u00f1ola. Son propuestas imperfectas, pero al menos parten de una premisa b\u00e1sica: el pueblo saharaui no puede seguir siendo tratado como un residuo burocr\u00e1tico.<\/p>\n
La soluci\u00f3n no requiere inventar un mecanismo completamente nuevo. Bastar\u00eda con reconocer que la situaci\u00f3n de los saharauis exige un tratamiento excepcional, precisamente porque excepcional fue tambi\u00e9n la relaci\u00f3n hist\u00f3rica entre Espa\u00f1a y el S\u00e1hara Occidental. Existen precedentes legales, informes jur\u00eddicos y voluntad social suficiente para hacerlo. Lo que falta es voluntad pol\u00edtica.<\/p>\n
Y esa voluntad pol\u00edtica depende, en \u00faltima instancia, de una pregunta inc\u00f3moda: cu\u00e1nto est\u00e1 dispuesto a sacrificar el Gobierno para preservar su nueva alianza con Marruecos. Porque si el precio consiste en abandonar a miles de personas a una vida sin papeles, sin derechos y sin horizonte, entonces no estamos ante una simple decisi\u00f3n de pol\u00edtica migratoria. Estamos ante una forma de desmemoria.<\/p>\n
Las democracias no se definen \u00fanicamente por las leyes que aprueban, sino tambi\u00e9n por las personas a las que deciden proteger. Los saharauis llevan medio siglo esperando que Espa\u00f1a deje de mirar hacia otro lado. Cada generaci\u00f3n de dirigentes ha prometido comprensi\u00f3n, sensibilidad o compromiso. Ninguna ha resuelto el problema.<\/p>\n
Ahora, cuando el Gobierno ten\u00eda la oportunidad de corregir una injusticia evidente, ha optado por profundizarla. Ha decidido que los ap\u00e1tridas no cuentan. Que quienes no tienen un Estado detr\u00e1s tampoco merecen el amparo del nuestro.<\/p>\n
Pero hay una verdad que ning\u00fan decreto puede borrar: Espa\u00f1a tiene una deuda pendiente con el pueblo saharaui. Y cuanto m\u00e1s tiempo siga ignor\u00e1ndola, m\u00e1s evidente ser\u00e1 que no estamos ante un olvido, sino ante una elecci\u00f3n.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La exclusi\u00f3n de los ap\u00e1tridas de la regularizaci\u00f3n extraordinaria revela hasta qu\u00e9 punto el Gobierno ha decidido sacrificar una deuda hist\u00f3rica con el pueblo saharaui en nombre de la conveniencia diplom\u00e1tica<\/p>","protected":false},"author":15,"featured_media":41546,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-68070","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-estado-espanol"],"yoast_head":"\n