{"id":66953,"date":"2025-10-19T19:23:06","date_gmt":"2025-10-19T17:23:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistarambla.com\/?p=66953"},"modified":"2025-10-19T19:23:06","modified_gmt":"2025-10-19T17:23:06","slug":"multinacionales-imponen-su-ley-al-sur-global","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistarambla.com\/en\/multinacionales-imponen-su-ley-al-sur-global\/","title":{"rendered":"Multinacionales imponen su \u201cley\u201d al Sur Global"},"content":{"rendered":"

Las empresas multinacionales imponen sus reglas, las cuales conllevan endeudamiento creciente y acumulado para las poblaciones de los pa\u00edses del Sur Global. <\/span><\/b><\/p>\n

E<\/span>l mecanismo de soluci\u00f3n de disputas inversor-Estado, conocido como ISDS (Investor-State Dispute Settlement, en ingl\u00e9s), act\u00faa como instrumento financiero para condicionar a los gobiernos y perpetuar la dependencia internacional de los Estados.<\/span> Las demandas inversor-Estado se han multiplicado en las \u00faltimas dos d\u00e9cadas en todos los continentes. De un total mundial de seis casos en 1996, se ha llegado a 1.332 a finales de 2023. Significativamente, los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina han sido demandados en 380 ocasiones, lo cual representa un\u00a028,5% de dichas demandas (https:\/\/isds.bilaterals.org\/?-the-basics-&lang=es<\/a><\/i>).<\/p>\n

Este dispositivo de arbitraje internacional les permite a los inversores extranjeros –mayormente grandes empresas transnacionales y fondos de inversi\u00f3n– demandar a los Estados ante tribunales internacionales cuando consideran que leyes, regulaciones, decisiones judiciales u otras medidas de un gobierno nacional violan sus protecciones definidas en tratados o acuerdos comerciales. De esta manera, cualquier disputa se litiga fuera de las jurisdicciones nacionales.<\/p>\n

Estos casos son resueltos por tres \u00e1rbitros, generalmente juristas ligados al sector privado y, por lo tanto, con una fuerte simpat\u00eda hacia las empresas. En el caso espec\u00edfico de las demandas contra Argentina, son fundamentalmente tres los estudios de abogados\u00a0especializados en promoverlas. Freshfields Bruckhaus Deringer, el que m\u00e1s ha servido a los intereses de los inversores en Am\u00e9rica Latina, y ha litigado quince demandas contra ese pa\u00eds sudamericano. Le siguen King & Spalding,\u00a0con doce, y\u00a0M. & M. Bomchil,\u00a0con siete.<\/p>\n

Por sus efectos antisociales, el mecanismo ISDS ha generado cr\u00edticas en el \u00e1mbito acad\u00e9mico, la sociedad civil y los movimientos sociales a nivel internacional. Quienes cuestionan, sobre todo, la falta de transparencia en los procedimientos arbitrales, as\u00ed como la ausencia de imparcialidad e independencia de los \u00e1rbitros. Los procesos pueden ejecutarse en cualquier parte del mundo y el costo de un arbitraje inversor-Estado es mayor que un juicio en cortes nacionales. Adem\u00e1s, solo los inversores pueden iniciar este tipo de demanda. Parad\u00f3jicamente, las v\u00edctimas de abusos de parte de las empresas transnacionales en un pa\u00eds determinado no disponen de ning\u00fan mecanismo judicial para demandar a una multinacional. Lo que se dice \u201cjusticia\u201d para los poderosos.<\/p>\n

Argentina en la mira<\/span><\/b><\/p>\n

Durante m\u00e1s de 20 a\u00f1os, y hasta 2024, cuando le cedi\u00f3 el primer puesto a Venezuela, Argentina ha sido el pa\u00eds con mayor cantidad de demandas en su contra promovidas ante estos\u00a0tribunales internacionales de arbitraje. Con el agravante de que se trata del pa\u00eds con el mayor n\u00famero de tratados\u00a0bilaterales de inversi\u00f3n (TBIs) en toda Am\u00e9rica Latina y el Caribe. <\/span><\/p>\n

\u201cE<\/span>l pa\u00eds se encuentra perdido en un laberinto del arbitraje internacional que le ha costado caro\u201d, afirma un reciente estudio elaborado conjuntamente por el <\/span>Transnational Institute (TNI), con sede en \u00c1msterdam, Pa\u00edses Bajos, y tres organizaciones argentinas: la Fundaci\u00f3n Ambiente y Recursos Nacionales (FARN), el Observatorio Petrolero Sur y el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (EFTE).<\/p>\n

Sobre llovido, mojado: seg\u00fan este informe, el gobierno de Javier Milei recientemente redobl\u00f3 la apuesta al ampliar los derechos de los\u00a0inversores mediante el R\u00e9gimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de una legislaci\u00f3n que les otorga derechos\u00a0extraordinarios a todos los inversores, tanto extranjeros como nacionales, quienes ahora cuentan con la prerrogativa de\u00a0demandar al Estado ante un tribunal internacional de arbitraje. \u201cLas consecuencias podr\u00edan ser una nueva avalancha de\u00a0demandas arbitrales y el incremento del endeudamiento externo\u201d, subraya el estudio. <\/span><\/p>\n

A prop\u00f3sito de estos tratados TBI, que les otorgan una protecci\u00f3n extraordinaria a los inversores extranjeros, en Argentina casi todos ellos \u2013aproximadamente 46– se acordaron en los a\u00f1os 90 durante el gobierno de Carlos Menem. Este mecanismo fue de uso exclusivo para los inversores extranjeros hasta la aprobaci\u00f3n del RIGI en julio de 2024. A partir de esa fecha, el privilegio de los inversores extranjeros se extendi\u00f3 a los nacionales, que invierten en particular en los sectores de energ\u00eda, miner\u00eda e hidrocarburos (<\/span>https:\/\/isds-americalatina.org\/argentina\/<\/a><\/span><\/i>).<\/span><\/p>\n

YPF, un caso emblem\u00e1tico<\/b><\/p>\n

Varias de las demandas contra Argentina son por dem\u00e1s significativas y ayudan a comprender el impacto de este mecanismo, que viola todo concepto de soberan\u00eda nacional. Tal es el caso de Repsol, una petrolera espa\u00f1ola que en 1999 compr\u00f3 la empresa argentina Yacimientos Petrol\u00edferos Fiscales (YPF) en su totalidad. En 2012, cuando el Estado argentino expropi\u00f3 las acciones de Repsol, aduciendo que se deb\u00eda garantizar el autoabastecimiento energ\u00e9tico del pa\u00eds, esa empresa respondi\u00f3 con una demanda en cuatro instancias judiciales diferentes. Una de estas instancias fue el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. <\/span><\/p>\n

La demanda inicial fue por 10.400 millones de d\u00f3lares, pero el Estado amenaz\u00f3 con investigar los pasivos o deudas ambientales que Repsol podr\u00eda haber causado por descuido o abuso de recursos naturales. Finalmente, en 2014 se lleg\u00f3 a un acuerdo por 5.000 millones de d\u00f3lares para dar por terminado el caso. A pesar de ello, una d\u00e9cada m\u00e1s tarde, el Estado enfrent\u00f3 un nuevo traspi\u00e9 como resultado de un juicio iniciado en Nueva York por el fondo buitre Burford, que a\u00f1os antes hab\u00eda adquirido el derecho a litigar esta demanda del Grupo Petersen, un socio argentino minoritario, en el momento de la expropiaci\u00f3n. Debido a la actualizaci\u00f3n de los valores en juegos, el fallo a favor de Burford le report\u00f3 una ganancia de unos 16.000 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

El caso YPF muestra\u00a0c\u00f3mo diferentes actores\u00a0\u2013 desde la espa\u00f1ola Repsol hasta el Grupo Petersen y, finalmente, el fondo especulativo Burford–emplearon estrategias similares de apropiaci\u00f3n. En efecto, todos ellos utilizaron los propios activos de YPF para financiar su compra, extrajeron dividendos masivos, vendieron activos de la empresa y luego se retiraron con demandas millonarias.\u00a0Proceso que no solo constituye una transferencia de riqueza desde el Estado hacia el capital privado, sino tambi\u00e9n el debilitamiento de la capacidad de YPF para cumplir sus objetivos de desarrollo nacional, soberan\u00eda energ\u00e9tica y distribuci\u00f3n social.<\/span><\/b><\/p>\n

N\u00fameros escalofriantes del \u201ccaso\u201d argentino<\/span><\/b><\/p>\n

Argentina y Venezuela, los dos pa\u00edses latinoamericanos m\u00e1s demandados, representan casi un tercio de las 415 demandas contra Am\u00e9rica Latina y el Caribe reconocidas y oficializadas al 1 de julio de 2025. La mayor\u00eda de las demandas contra Argentina son fruto del fin de la Ley de Convertibilidad en 2002, que incluy\u00f3 la devaluaci\u00f3n de la moneda, la pesificaci\u00f3n, el congelamiento de las tarifas de los servicios p\u00fablicos y la renegociaci\u00f3n de contratos de concesi\u00f3n. Solo entre 2002 y 2007, Argentina fue demandada en 42 ocasiones, con un pico en 2003, con 20 de las 25 demandas contra pa\u00edses latinoamericanos. Este fen\u00f3meno dio pie a que numerosos textos acad\u00e9micos se refiriesen a dicha situaci\u00f3n como el \u201ccaso argentino\u201d.<\/span><\/p>\n

\"multinacionales<\/p>\n

Seg\u00fan el Informe conjunto del Transnational Institute, la <\/span>Fundaci\u00f3n Ambiente y Recursos Nacionales, el Observatorio Petrolero Sur y el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, los inversores resultaron muy beneficiados en los procesos contra Argentina. De las 65 demandas contra este pa\u00eds, 26 fallaron a favor de los inversores y seis a favor del Estado, mientras que otras 18 terminaron con acuerdos entre partes. Cuatro siguen en tr\u00e1mite, una termin\u00f3 en \u201cempate\u201d y diez se descontinuaron. Si se considera que un acuerdo entre partes generalmente beneficia de alguna manera a los inversores, las 18 acordadas mutuamente pueden sumarse a las 26 que los favorecieron por decisi\u00f3n judicial. El estudio concluye que \u201cel 86% de las demandas ya resueltas contra Argentina (sin contar las descontinuadas) terminaron con una decisi\u00f3n que fue beneficiosa para el inversor\u201d.<\/p>\n

La cantidad de recursos financieros en juego es monumental: 53 de las 65 demandas arbitradas internacionalmente contra el Estado argentino le costaron 9.330 millones de d\u00f3lares, es decir, el doble del presupuesto para educaci\u00f3n en 2024, lo que muestra que este tipo de procesos \u201cprofundizan el endeudamiento al vaciar las arcas del Estado y limitar su funcionamiento\u201d.<\/span><\/p>\n

En cuanto a la nacionalidad de las empresas demandantes contra Argentina, un tercio son estadounidenses (22 demandas). Les siguen Espa\u00f1a (10), Francia (8) e Italia (6). De hecho, si se suman las demandas de inversores europeos, se trata de casi 60% de los casos; juntas con las de los inversores estadounidenses, se llega al 92%. El \u00fanico pa\u00eds latinoamericano con inversores que han demandado a Argentina es Chile (4).<\/span><\/p>\n

La mayor\u00eda de estas demandas se han registrado en el sector de servicios, principalmente el suministro de energ\u00eda (19); el de actividades financieras (11) y el de suministro de agua y manejo de residuos (10). Sumadas, las demandas en estos tres sectores representan el 61,5% de todas las demandas contra Argentina.<\/span><\/p>\n

La tela de ara\u00f1a arbitral desplegada por las grandes empresas para sancionar, condicionar y expoliar Estados creci\u00f3 exponencialmente en las \u00faltimas dos d\u00e9cadas. Am\u00e9rica Latina en general y pa\u00edses como Argentina, en particular, ya quedaron atrapadas. Y de seguir as\u00ed, con la nueva legislaci\u00f3n promovida por el Gobierno Milei -como el R\u00e9gimen Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI- ser\u00e1 casi imposible durante d\u00e9cadas escapar de ese laberinto que cada d\u00eda diseca a\u00fan m\u00e1s un Estado que respira con pulmotor.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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