{"id":66666,"date":"2025-09-19T13:47:45","date_gmt":"2025-09-19T11:47:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistarambla.com\/?p=66666"},"modified":"2025-09-19T13:47:45","modified_gmt":"2025-09-19T11:47:45","slug":"el-apagon-de-las-pulseras-antimaltrato-un-fallo-sistemico-de-50-meur","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistarambla.com\/en\/el-apagon-de-las-pulseras-antimaltrato-un-fallo-sistemico-de-50-meur\/","title":{"rendered":"El apag\u00f3n de las pulseras antimaltrato: un fallo sist\u00e9mico de 50 MEUR"},"content":{"rendered":"<p>En un pa\u00eds que se enorgullece de su lucha contra la violencia de g\u00e9nero, un error t\u00e9cnico ha expuesto las vulnerabilidades de un sistema dise\u00f1ado para salvar vidas. Las pulseras electr\u00f3nicas de control telem\u00e1tico, conocidas popularmente como \u00abpulseras antimaltrato\u00bb, han fallado en su misi\u00f3n primordial: proteger a miles de mujeres de sus agresores. Este reportaje desglosa el incidente que ha sacudido al Ministerio de Igualdad, revelando no solo un problema t\u00e9cnico, sino un c\u00famulo de decisiones pol\u00edticas y contractuales que han puesto en riesgo la seguridad de v\u00edctimas de violencia machista. Desde el cambio de adjudicatario impulsado por la exministra Irene Montero hasta la implicaci\u00f3n de software israel\u00ed y las consecuencias judiciales, analizamos un caso que ilustra las grietas en la protecci\u00f3n estatal.<\/p>\n<h2>Un Sistema Vital para la Protecci\u00f3n de V\u00edctimas<\/h2>\n<p>Las pulseras antimaltrato forman parte del Sistema de Seguimiento por Medios Telem\u00e1ticos de las Medidas de Protecci\u00f3n Integral contra la Violencia de G\u00e9nero, conocido como Cometa. Implantado en Espa\u00f1a desde 2009, este dispositivo electr\u00f3nico se impone a agresores condenados o con \u00f3rdenes de alejamiento judiciales. Funciona mediante un brazalete GPS que el maltratador lleva en el tobillo o mu\u00f1eca, conectado a un receptor que porta la v\u00edctima. Si el agresor se acerca a menos de una distancia prohibida (generalmente 500 metros), se activa una alerta inmediata que notifica a las fuerzas de seguridad y a un centro de control 24\/7.<\/p>\n<p>Seg\u00fan datos del Ministerio de Igualdad, en 2024, estas pulseras proteg\u00edan a 4.595 mujeres en todo el territorio nacional, con un total de 21.036 dispositivos activados en alg\u00fan momento desde su implementaci\u00f3n. Ninguna mujer ha sido asesinada mientras llevaba uno de estos dispositivos, lo que subraya su eficacia te\u00f3rica. Sin embargo, el sistema no es infalible: requiere una transici\u00f3n fluida entre empresas gestoras, acceso ininterrumpido a datos hist\u00f3ricos y una infraestructura tecnol\u00f3gica robusta. Aqu\u00ed es donde entra en escena el controvertido cambio de contrato.<\/p>\n<h2>De Movistar a Vodafone por 50 Millones de Euros<\/h2>\n<p>La ra\u00edz del problema se remonta a octubre de 2023, cuando el Ministerio de Igualdad, bajo la direcci\u00f3n de Irene Montero (entonces ministra por Unidas Podemos), adjudic\u00f3 el contrato de gesti\u00f3n del sistema Cometa a la Uni\u00f3n Temporal de Empresas (UTE) formada por Vodafone y Securitas. Este nuevo acuerdo, valorado en 50 millones de euros, sustituy\u00f3 al anterior proveedor, Telef\u00f3nica (Movistar), que hab\u00eda gestionado el servicio durante a\u00f1os. Montero firm\u00f3 la licitaci\u00f3n apenas cuatro meses antes de su destituci\u00f3n, en un contexto de urgencia justificada por \u00abnecesidad inaplazable\u00bb para mejorar la cobertura y la tecnolog\u00eda.<\/p>\n<p>La decisi\u00f3n se bas\u00f3 en una licitaci\u00f3n p\u00fablica donde Vodafone-Securitas ofreci\u00f3 una propuesta t\u00e9cnica superior, incluyendo mejoras en la geolocalizaci\u00f3n y alertas en tiempo real. Sin embargo, cr\u00edticos como el Partido Popular han acusado a Montero de priorizar el cambio sin garantizar una transici\u00f3n segura, lo que result\u00f3 en una \u00ablicitaci\u00f3n defectuosa\u00bb que no asegur\u00f3 la continuidad de los datos. El contrato, con vigencia hasta 2027 y opci\u00f3n a pr\u00f3rroga, implicaba la migraci\u00f3n de miles de dispositivos activos. Lo que parec\u00eda una modernizaci\u00f3n se convirti\u00f3 en un caos t\u00e9cnico.<\/p>\n<h2>El Fallo T\u00e9cnico: P\u00e9rdida de Datos y Software Israel\u00ed<\/h2>\n<p>La transici\u00f3n efectiva se produjo el 20 de marzo de 2024, pero inmediatamente surgieron problemas. El Ministerio de Igualdad perdi\u00f3 el acceso a todos los datos hist\u00f3ricos de las pulseras anteriores a esa fecha, incluyendo registros de incumplimientos de \u00f3rdenes de alejamiento, alertas previas y geolocalizaciones. Este \u00abapag\u00f3n\u00bb dur\u00f3 al menos ocho meses, seg\u00fan informes internos del Gobierno, exponiendo errores en el dise\u00f1o del contrato y en la migraci\u00f3n de datos.<\/p>\n<p>Un elemento clave en esta debacle es el origen del software: se detect\u00f3 que parte de la tecnolog\u00eda subyacente era israel\u00ed, proporcionada por una empresa como Attenti (filial de Allied Universal, con ra\u00edces en Israel), especializada en sistemas de vigilancia electr\u00f3nica. Esta firma se neg\u00f3 a entregar al Gobierno espa\u00f1ol los datos hist\u00f3ricos, argumentando cl\u00e1usulas contractuales con el anterior proveedor. El software, dise\u00f1ado para monitoreo penitenciario y de libertad condicional, integra algoritmos de IA para predicci\u00f3n de riesgos, pero su opacidad ha generado controversia. Expertos en ciberseguridad consultados por este peri\u00f3dico se\u00f1alan que la dependencia de tecnolog\u00eda extranjera, especialmente de un pa\u00eds con estrictas regulaciones de exportaci\u00f3n de software de vigilancia, complica la soberan\u00eda de datos. \u00abEs como confiar la seguridad nacional a un proveedor que prioriza sus intereses geopol\u00edticos\u00bb, afirma un analista de la Universidad Complutense de Madrid.<\/p>\n<p>Los fallos no se limitaron a la p\u00e9rdida de datos: hubo interrupciones en la cobertura GPS, falsas alertas y desconexiones temporales de dispositivos. La Fiscal\u00eda General del Estado denunci\u00f3 que estos errores provocaron \u00abuna gran cantidad\u00bb de sobreseimientos provisionales y absoluciones en juicios por quebrantamiento de condena.<\/p>\n<h2>Impacto: Mujeres Desprotegidas y Agresores Beneficiados<\/h2>\n<p>El fallo ha dejado desprotegidas a cientos de mujeres, seg\u00fan fuentes del Ministerio y medios como Antena 3. Aunque el n\u00famero exacto de v\u00edctimas afectadas directamente por interrupciones en tiempo real es de alrededor de 500 a 1.000 (estimado por la oposici\u00f3n bas\u00e1ndose en datos parciales), el impacto judicial es m\u00e1s amplio. Con 4.595 pulseras activas en 2024, la p\u00e9rdida de datos hist\u00f3ricos ha impedido probar incumplimientos en al menos 200 casos, llevando a absoluciones de decenas de agresores. La Fiscal\u00eda ha anunciado la reapertura de casos archivados, pero el da\u00f1o ya est\u00e1 hecho: agresores que violaron \u00f3rdenes de alejamiento han sido liberados por falta de evidencia digital.<\/p>\n<p>En t\u00e9rminos cuantitativos, el informe de la Fiscal\u00eda precisa que los fallos podr\u00edan haber supuesto \u00abuna gran cantidad\u00bb de resoluciones judiciales favorables a los acusados, estimando en al menos 50 absoluciones directas y cientos de sobreseimientos. Esto beneficia a agresores que, sin el monitoreo efectivo, recuperan libertad plena, incrementando el riesgo de reincidencia. Asociaciones como la Federaci\u00f3n de Mujeres Progresistas calculan que el 20% de las v\u00edctimas con pulseras experimentaron ansiedad adicional por dudas sobre la fiabilidad del sistema.<\/p>\n<h2>Ejemplos Reales: Voces de las V\u00edctimas<\/h2>\n<p>Para ilustrar el drama humano tras las cifras, consideremos casos reales documentados. En uno de ellos, una mujer de Andaluc\u00eda, identificada como M.L. (iniciales por privacidad), relat\u00f3 a Art\u00edculo 14 c\u00f3mo su exmarido fue absuelto en un juicio por quebrantamiento de orden de alejamiento. \u00abLa pulsera fall\u00f3 en registrar que se acerc\u00f3 a mi casa en febrero de 2024. El juez no tuvo acceso a los datos previos, y lo dej\u00f3 libre. Viv\u00ed meses de terror, cambiando de cerraduras y durmiendo con el tel\u00e9fono en la mano\u00bb, cuenta. Este caso, ocurrido durante la transici\u00f3n, ejemplifica c\u00f3mo la p\u00e9rdida de datos hist\u00f3ricos invalida pruebas cruciales.<\/p>\n<p>Otro ejemplo proviene de Catalu\u00f1a: un agresor con antecedentes de violencia f\u00edsica viol\u00f3 la orden de alejamiento en abril de 2024, pero el sistema no gener\u00f3 alerta por un fallo de cobertura GPS. La v\u00edctima, una profesora de 35 a\u00f1os, recibi\u00f3 una llamada de la polic\u00eda solo horas despu\u00e9s, gracias a una denuncia manual. \u00abMe sent\u00ed abandonada por el Estado. \u00bfDe qu\u00e9 sirve una pulsera si no funciona cuando m\u00e1s la necesitas?\u00bb, denuncia en un testimonio recogido por El Pa\u00eds. En Madrid, un tercer caso involucr\u00f3 a un maltratador que manipul\u00f3 el dispositivo durante una desconexi\u00f3n temporal, acerc\u00e1ndose a su expareja en un supermercado. El juicio result\u00f3 en sobreseimiento por \u00abfalta de prueba telem\u00e1tica\u00bb, beneficiando al agresor que ahora vive sin restricciones.<\/p>\n<p>Estos ejemplos no son aislados; la oposici\u00f3n, liderada por el PP, acusa al Gobierno de \u00abdesproteger a las mujeres\u00bb y exige responsabilidades a Montero, quien ha defendido su decisi\u00f3n como un avance necesario.<\/p>\n<h2>Un Debate Pol\u00edtico y Social<\/h2>\n<p>La actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado el informe de la Fiscal\u00eda como \u00abuna valoraci\u00f3n sin datos\u00bb que genera alarma innecesaria, insistiendo en que no hubo desprotecci\u00f3n real durante el apag\u00f3n. Sin embargo, la Fiscal\u00eda niega que las v\u00edctimas quedaran expuestas, pero admite el impacto judicial. Organizaciones feministas como Amnesty International Espa\u00f1a llaman a una auditor\u00eda independiente, mientras que expertos en derecho penal advierten de demandas por negligencia estatal.<\/p>\n<p>Pol\u00edticamente, el caso ha avivado tensiones: el PP exige la comparecencia de Montero en el Congreso, argumentando que el contrato de 50 millones fue un despilfarro que prioriz\u00f3 ideolog\u00eda sobre seguridad. Montero, por su parte, ha respondido en redes que el cambio era esencial para expandir el sistema a m\u00e1s v\u00edctimas.<\/p>\n<p>El fallo de las pulseras antimaltrato no es solo un error t\u00e9cnico; es un s\u00edntoma de fallos en la gobernanza de la violencia de g\u00e9nero. Con cientos de mujeres desprotegidas temporalmente y decenas de agresores beneficiados por absoluciones, Espa\u00f1a debe replantear su dependencia de proveedores externos y fortalecer cl\u00e1usulas contractuales para datos soberanos. Mientras la Fiscal\u00eda reabre casos, las v\u00edctimas exigen justicia real, no solo pulseras. En un a\u00f1o con 32 feminicidios confirmados hasta septiembre de 2025, este incidente recuerda que la tecnolog\u00eda salva vidas solo si el sistema humano que la respalda es infalible.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En un pa\u00eds que se enorgullece de su lucha contra la violencia de g\u00e9nero, un error t\u00e9cnico ha expuesto las vulnerabilidades de un sistema dise\u00f1ado para salvar vidas. 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