Todos los sistemas jur\u00eddicos contempor\u00e1neos contemplan delitos contra el orden p\u00fablico. Tambi\u00e9n el C\u00f3digo Penal de la Venezuela bolivariana o el de la Cuba castrista (donde por cierto existe un delito de sedici\u00f3n para quien perturbe con violencia \u201cel orden socialista\u201d<\/i>). La clave siempre es cu\u00e1l es el orden<\/b><\/i> <\/i>que se quiere proteger y cu\u00e1les son las formas de ataque que se criminalizan. En el caso espa\u00f1ol, la \u00faltima actualizaci\u00f3n del concepto vino de la sentencia del Juicio del Proceso, que conten\u00eda punto por punto, con las mismas palabras, el concepto de orden p\u00fablico descrito en la ley de orden p\u00fablico franquista de 1959, por tanto, en una visi\u00f3n que protege a las instituciones y la estructura del Estado sin pensar en ning\u00fan momento en el ejercicio del derecho a la protesta por parte de la ciudadan\u00eda. Esta cosmovisi\u00f3n ven\u00eda apuntalada como m\u00ednimo por dos hechos relevantes de unos a\u00f1os antes, en 2015: 1) la reforma del PP del cap\u00edtulo de los des\u00f3rdenes p\u00fablicos del C\u00f3digo Penal ampliando penas y agravantes y 2) la condena del caso Aturem el <\/i>Parlament<\/i> escrita por Marchena que amputaba profundamente el derecho a manifestarse con la \u00abintimidaci\u00f3n ambiental<\/i>\u00bb como forma delictiva. Cualquier cambio en la direcci\u00f3n favorable a blindar la protesta que se quiera realizar en el marco espa\u00f1ol debe tener en cuenta esta genealog\u00eda y debe empezar por descabezarla.<\/p>\n
La reforma propuesta ahora por PSOE y UP contiene algunos elementos positivos (deroga la sedici\u00f3n, elimina los actuales des\u00f3rdenes p\u00fablicos agravados con penas de hasta seis a\u00f1os o expulsa la incitaci\u00f3n a los des\u00f3rdenes con los que se acus\u00f3 a Tamara Carrasco), pero al mismo tiempo, incorpora nuevos delitos que siguen bebiendo de este sustrato reaccionario del Estado y que vuelven a poner en peligro el ejercicio pac\u00edfico del derecho de manifestaci\u00f3n colocando en el centro del delito ideas que deben quedar fuera de la criminalizaci\u00f3n como \u00abobstaculizaci\u00f3n de v\u00edas p\u00fablicas\u00bb<\/i> o \u201cinvasi\u00f3n de edificios, oficinas o despachos<\/i>\u201d. La ley a\u00f1ade una nueva modalidad con la intimidaci\u00f3n como forma de desorden (es decir hay delito, aunque no se rompa nada ni se haga da\u00f1o a nadie, pero pueda haber exceso de presi\u00f3n ambiental) y se agrava la infracci\u00f3n si se comete por multitud id\u00f3nea<\/b><\/i> por afectar gravemente.<\/b><\/i>.. al orden p\u00fablico, es decir encadenando conceptos preventivos que ya sabemos que son la delicia interpretativa de la fiscal\u00eda y los cuerpos policiales. Si adem\u00e1s tenemos en cuenta que se incorporan la conspiraci\u00f3n, la proposici\u00f3n y la provocaci\u00f3n castigando ahora, por primera vez, los actos preparatorios de los des\u00f3rdenes (que debemos entender que ser\u00e1n delitos de palabra a ra\u00edz de discursos, de llamadas por las redes, de canciones…) veremos que el resultado final es una vaporizaci\u00f3n del concepto de ataque al orden p\u00fablico que lo ampl\u00eda hasta l\u00edmites desconocidos.<\/p>\n