{"id":4381,"date":"2013-11-30T08:13:14","date_gmt":"2013-11-30T08:13:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistarambla.com\/ofender-a-espana-costara-30000\/"},"modified":"2024-05-14T20:21:00","modified_gmt":"2024-05-14T18:21:00","slug":"ofender-a-espana-costara-30000","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistarambla.com\/en\/ofender-a-espana-costara-30000\/","title":{"rendered":"Ofender a Espa\u00f1a costar\u00e1 30.000 \u20ac"},"content":{"rendered":"

Asunto de importancia ha sido esta semana la Ley para la protecci\u00f3n de la seguridad ciudadana, fuertemente contestada por la oposici\u00f3n y los movimientos sociales. Mientras el ministro de Interior, Jorge Fern\u00e1ndez-D\u00edaz, defend\u00eda, de forma m\u00e1s bien \u00e1spera y muy poco respetuosa con la oposici\u00f3n, estaba siendo enmendada por la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sa\u00e9nz de Santamar\u00eda, en la Comisi\u00f3n de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Al final ofender a Espa\u00f1a costar\u00e1 30.000 euros.<\/p>\n

La reuni\u00f3n de la comisi\u00f3n sirvi\u00f3 para corregir algunas de las sanciones previstas en el redactado de la ley, adem\u00e1s de introducir algunos matices para controlar m\u00e1s la actuaci\u00f3n de los polic\u00edas cuando denuncien a participantes en manifestaciones callejeras o reuniones.<\/p>\n

Por ejemplo, el nuevo texto rebaja de \u201cmuy grave\u201d a \u201cgrave\u201d la conducta de quienes asistan a concentraciones no comunicadas ante el Congreso, el Senado, los Parlamentos auton\u00f3micos y otras instituciones. Tambi\u00e9n reduce de \u201cgrave\u201d a \u201cleve\u201d las amenazas o insultos a los antidisturbios, lo que supone en ambos casos una fuerte disminuci\u00f3n de la cuant\u00eda de las sanciones.<\/p>\n

Multas por ofender a Espa\u00f1a<\/h2>\n

El proyecto contempla infracciones muy graves (multadas con entre 30.001 euros y 600.000); infracciones graves (de 1.001 euros a 30.000) e infracciones leves (sancionadas de 100 a 1.000 euros). Entre las sanciones previstas, de entre 1.001 y 30.000 euros, se encuentran \u00abofender a Espa\u00f1a, las comunidades aut\u00f3nomas, entidades locales y sus s\u00edmbolos, instituciones y emblemas\u00bb.<\/p>\n

Fern\u00e1ndez-D\u00edaz explic\u00f3 que actos como gritar consignas o portar pancartas \u00abofensivas o injuriosas contra Espa\u00f1a o una comunidad aut\u00f3noma\u00bb en una manifestaci\u00f3n se considerar\u00e1n faltas graves, aunque en estas no se incluir\u00e1 pitar el himno de Espa\u00f1a en un estadio.<\/p>\n

Estas incorporaciones de \u00faltima hora pueden suponer una v\u00eda tanto para contentar a parte del electorado m\u00e1s celoso de los s\u00edmbolos propios, como de desviar la atenci\u00f3n de las medidas que contemplan la represi\u00f3n de la protesta social a trav\u00e9s de la imposici\u00f3n de multas. Ya lo saben, prohibido ofender a Espa\u00f1a.<\/p>\n

Ley Wert<\/h2>\n

La actividad parlamentaria de la semana deja como principal resultado la aprobaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), mejor conocida como \u201cley Wert<\/a>\u201d, la s\u00e9ptima ley de educaci\u00f3n de la democracia, y que como las anteriores, llega con pol\u00e9mica y sin un consenso pol\u00edtico e institucional que garantice su aplicaci\u00f3n y desarrollo posterior. La \u201cley Wert\u201d s\u00f3lo ha contado con los votos favorables del Partido Popular, algo previsible, pues fue lo sucedido durante los tr\u00e1mites previos del Congreso y el Senado.<\/p>\n

Para el ministro de Educaci\u00f3n, Jos\u00e9 Ignacio Wert, que por segunda vez era sometido a un voto de reprobaci\u00f3n, el consenso en torno a la ley no es se\u00f1al de legitimidad, una cuesti\u00f3n que liga al n\u00famero de votos recibidos, y en eso el PP cuenta con mayor\u00eda absoluta. Para la oposici\u00f3n, en cambio, esta falta de consenso y el uso del rodillo parlamentario para sacar adelante esta nueva ley educativa la convierte en una norma sin futuro,y ya la mayor parte de los partidos avisaron desde la tribuna de oradores que se compromet\u00edan a no aplicarla y a derogarla en cuanto la representaci\u00f3n pol\u00edtica no beneficie de forma tan clara a la derecha gubernamental. As\u00ed, el president de la Generalitat catalana, Artur Mas, anunci\u00f3 la intenci\u00f3n de su gobierno de recurrir la ley educativa ante el Tribunal Constitucional.<\/p>\n

Caso B\u00e1rcenas<\/h2>\n

Otro punto sobre el que ha girado el debate en el Congreso de los Diputados ha sido el \u00faltimo auto del juez Pablo Ruz, que investiga el caso B\u00e1rcenas<\/a>, sobre la contabilidad en \u201cb\u201d del PP, cuyos indicios se\u00f1ala un informe de la UDEF. Rubalcaba aprovech\u00f3 la sesi\u00f3n de control al gobierno para preguntar a Rajoy sobre un caso que se arrastra desde hace meses y que pone en cuesti\u00f3n las cuentas del PP. El presidente del gobierno no se ha dado por aludido y ha mantenido su habitual falta de explicaciones sobre la contabilidad ilegal, pero ha aprovechado, como tambi\u00e9n es habitual entre los dirigentes de su partido para no asumir -despu\u00e9s de dos a\u00f1os en el poder- ninguna responsabilidad por la situaci\u00f3n econ\u00f3mica y pol\u00edtica actual, para se\u00f1alar la herencia socialista como origen de los recortes acometidos -varias veces con marcado entusiasmo- por el gobierno del PP. Ante las r\u00e9plicas del l\u00edder del PSOE, Rajoy se ha escudado en que \u201cla evoluci\u00f3n muy moderada de los salarios ha permitido mantener los puestos de trabajo, que acompa\u00f1ado de una inflaci\u00f3n muy baja, ha hecho que no se pierda poder adquisitivo y ha sido bueno para la competitividad de Espa\u00f1a\u201d.<\/p>\n

Destrucci\u00f3n de empleo<\/h2>\n

Rajoy sorprendi\u00f3 al Congreso al afirmar, en contra de las estad\u00edsticas oficiales y de los datos de su propio ejecutivo, que este a\u00f1o no ha habido destrucci\u00f3n de empleo en el Estado espa\u00f1ol<\/a> y lo ha atribuido a la reforma laboral. Las cifras, sin embargo, no le acompa\u00f1an. En los \u00faltimos 12 meses se han perdido 497.100 empleos, seg\u00fan las cifras de la Encuesta de Poblaci\u00f3n Activa (EPA) que publica el Instituto Nacional de Estad\u00edstica y en lo que va de 2013, seg\u00fan la misma fuente, se han perdido 133.900 empleos, pese a que en este caso se estar\u00eda comparando un trimestre fuerte para el empleo, como es el tercero, con uno m\u00e1s d\u00e9bil, como es el cuarto.<\/p>\n

Renovaci\u00f3n Poder Judicial<\/h2>\n

Por otra parte, el acuerdo de renovaci\u00f3n del Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE, al que se sumaron Izquierda Unida, CiU y PNV, sirvi\u00f3 tanto para que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard\u00f3n, considerase legitimada su reforma radical del CGPJ, como para que el l\u00edder de los socialistas madrile\u00f1os, Tom\u00e1s G\u00f3mez, volviese a buscar la confrontaci\u00f3n con la ejecutiva de su partido con la vista puesta en unas hipot\u00e9ticas primarias. G\u00f3mez dimiti\u00f3 de su cargo de senador por \u201ccoherencia\u201d, seg\u00fan dijo, al ser contrario al acuerdo de renovaci\u00f3n firmado por su partido y el PP, y que cuela entre los vocales pactados para el \u00f3rgano judicial a un partidario de la privatizaci\u00f3n de la sanidad p\u00fablica de la Comunidad de Madrid.<\/p>\n

El\u00a0 nuevo CGPJ perder\u00e1 funciones y tendr\u00e1 a todos sus integrantes, salvo a seis, sin dedicaci\u00f3n exclusiva. La reforma cuenta con la oposici\u00f3n de las asociaciones judiciales y refrenda el giro que dado Gallard\u00f3n y su partido en cuanto al sistema de elecci\u00f3n de los vocales.\u00a0 Los populares defend\u00edan la elecci\u00f3n corporativa de una parte del Consejo y Gallard\u00f3n incluso asegur\u00f3 que el sistema de designaci\u00f3n parlamentaria era inconstitucional. La politizaci\u00f3n del CGPJ que, denunciaba Gallard\u00f3n, ocurr\u00eda con la designaci\u00f3n parlamentaria es ahora vista como una \u201cdoble legitimaci\u00f3n\u201d, compartida entre los propuestos de la carrera judicial y la \u201csoberan\u00eda\u201d que reciben los diputados.<\/p>\n

El \u00fanico grupo parlamentario propio que ha quedado fuera del acuerdo es UPyD. Rosa D\u00edez, que fiel a s\u00ed misma calific\u00f3 de \u201ctropel\u00eda\u201d y \u201catraco\u201d el acuerdo, anunci\u00f3 su intenci\u00f3n de acudir al Tribunal Constitucional por someter la Mesa del Congreso a votaci\u00f3n la lista pactada. Adem\u00e1s, pedir\u00e1n a la Defensora del Pueblo que presente recurso de inconstitucionalidad por entender que la designaci\u00f3n parlamentaria de los vocales vulnera la Constituci\u00f3n, como el mismo ministro sosten\u00eda hasta hace poco menos de un a\u00f1o. El malestar por el acuerdo para la elecci\u00f3n de los 20 vocales -diez del Congreso y diez del Senado- se extiende a los integrantes de la carrera judicial, en especial los fiscales, a los que se ha ninguneado y que, por primera vez, no contar\u00e1n con ning\u00fan representante en el CGPJ.<\/p>\n

La carta Zapatero<\/h2>\n

Por \u00faltimo, el expresidente del Gobierno Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero se ha amparado en la responsabilidad para justificarse por no haber hecho p\u00fablica la carta enviada por el Banco Central Europeo en agosto de 2011 y que la oposici\u00f3n le requiri\u00f3 en varias ocasiones. Zapatero ha incluido la misiva, un documento oficial cuya existencia se negaba, en su libro de memorias. \u00abEn su momento no pod\u00eda hacerlas p\u00fablicas porque era un riesgo para la estabilidad\u00bb, ha asegurado el expresidente. Ahora tambi\u00e9n es un peligro para la estabilidad ofender a Espa\u00f1a.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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