![\"alt\"](\"https:\/\/www.revistarambla.com\/wp-content\/uploads\/2013\/06\/pas_02.jpg\")
<\/p>\n\u201cEl tiempo pasa, la impunidad permanece\u201d es el t\u00edtulo del \u00faltimo informe presentado por Amnist\u00eda Internacional Espa\u00f1a (AI). La tesis principal del informe se centra en los pasos que est\u00e1n dando las autoridades espa\u00f1olas para bloquear las investigaciones en Espa\u00f1a sobre los cr\u00edmenes de la Guerra Civil y el franquismo, de hecho se hace una referencia expresa a la Querella Argentina contra los Cr\u00edmenes del Franquismo, de la que venimos informando en esta revista.<\/p>\n
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Convencidos que el principio de jurisdicci\u00f3n universal es una herramienta contra la impunidad y el olvido, y que los argumentos que en su d\u00eda expuso el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia en la que se declaraba que los cr\u00edmenes de la Guerra Civil y el franquismo no deben investigarse judicialmente, argumentos que para AI son contrarios al Derecho Internacional, el autor del informe, Ignacio Jovtis; el director de AI Espa\u00f1a, Esteban Beltr\u00e1n; Soledad Luque, de la Asociaci\u00f3n de Ni\u00f1os Robados (Red AQUA) y Jos\u00e9 Luis Mateo, de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo (Red AQUA) presentaron en Madrid el pasado d\u00eda 17 de junio el citado informe que, por su inter\u00e9s, resaltaremos algunos p\u00e1rrafos en negrita.<\/p>\n
AI destaca la tendencia al archivo de denuncias de homicidios y desapariciones forzadas en el marco de cr\u00edmenes contra la humanidad cometidos en Espa\u00f1a entre 1936 y 1955 que, tras la inhibici\u00f3n de la Audiencia Nacional, entonces a cargo del exmagistrado Baltasar Garz\u00f3n, pasaron a los juzgados territoriales competentes. Los jueces se amparan en la sentencia 101\/2012, de 27 de febrero de 2012, del Tribunal Supremo:<\/p>\n
\u201cEl Tribunal Supremo, de este modo, parece cerrar la \u00faltima v\u00eda de acceso a la justicia en Espa\u00f1a para las v\u00edctimas de la Guerra Civil y el franquismo. As\u00ed lo evidencia, como se demostrar\u00e1 en esta investigaci\u00f3n, el archivo continuado por los jueces espa\u00f1oles de los casos posteriores a dicha sentencia del TS, a la que se refieren en gran parte para justificar el archivo. Por ello, AI expresa su preocupaci\u00f3n por seguir documentando, tal y como hizo en el informe anterior, que en Espa\u00f1a no se est\u00e1n investigando los cr\u00edmenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. As\u00ed mismo, la organizaci\u00f3n sostiene que, en el caso de cr\u00edmenes de derecho internacional, todos los Estados est\u00e1n facultados para ejercer su jurisdicci\u00f3n penal al fin de terminar con la impunidad.\u201d<\/p>\n
Los argumentos del TS para no investigar los cr\u00edmenes de lesa humanidad fueron la existencia de una Ley de Amnist\u00eda, prescripci\u00f3n del delito, imposibilidad de enjuiciar los cr\u00edmenes porque en su momento no estaban tipificados en normas penales, presunto fallecimiento de los autores y la existencia de una Ley de Memoria Hist\u00f3rica. A todo ello contesta AI.<\/p>\n
Ley de Amnist\u00eda: \u201cSe ignora, de esta manera, que la aplicaci\u00f3n de amnist\u00eda a cr\u00edmenes de derecho internacional vulnera tanto el derecho a un recurso efectivo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (art. 2.3), de jerarqu\u00eda superior a las leyes, como el principio seg\u00fan el cual un estado \u201cno podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado\u201d (Convenci\u00f3n de Viena sobre el Derecho de los Tratados, art., 27).\u201d<\/p>\n
Prescripci\u00f3n: \u201cEste razonamiento \u2013se refieren al del TS- contradice el principio seg\u00fan el cual los cr\u00edmenes de derecho internacional, incluidas las desapariciones forzadas, son imprescriptibles y deben ser perseguidas sin l\u00edmite temporal (aqu\u00ed se citan los tratados internacionales).\u201d<\/p>\n
Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Barcelona ha calificado de cr\u00edmenes de lesa humanidad los bombardeos contra la poblaci\u00f3n civil de Barcelona, en marzo de 1938, por la aviaci\u00f3n fascista italiana. Los hechos estaban tipificados por la Convenci\u00f3n de La Haya de 1899 en el momento de producirse, y por su naturaleza, su investigaci\u00f3n no est\u00e1 sujeta a limitaciones temporales.<\/p>\n
Los cr\u00edmenes de derecho internacional no estaban tipificados: \u201cSe desestima que Espa\u00f1a estaba vinculada por medio de la costumbre internacional (aqu\u00ed se citan los tratados internacionales). Es, por ello, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, ratificados por Espa\u00f1a, prev\u00e9 que \u201cnada se opondr\u00e1 al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos seg\u00fan los principios generales del derecho reconocido por la comunidad internacional\u201d (art. 15.2).\u201d<\/p>\n
Fallecimiento de los culpables: \u201cSe ignora as\u00ed que el Estado tiene la obligaci\u00f3n absoluta de investigar los cr\u00edmenes de derecho internacional, al tratarse de una obligaci\u00f3n aut\u00f3noma (\u2026) sin que el transcurso de de muchos a\u00f1os \u2013aunque suponga fuertes indicios de muerte- suprima la obligaci\u00f3n del Estado de investigar.\u201d<\/p>\n
Est\u00e1 claro que el fallecimiento del autor no debe ser la causa de archivo, cuando lo que se pide es que primero se investigue para establecer la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n, como reclaman las v\u00edctimas y dicta la ONU. Sin justicia no puede haber reconciliaci\u00f3n.\u00a0 Pero es m\u00e1s, la jueza de la Querella Argentina, Mar\u00eda Servini de Cubr\u00eda, ha imputado a nueve sobrevivientes de la dictadura, a tres exministros franquistas: Rodolfo Mart\u00edn Villa (79 a\u00f1os de edad); Fernando Su\u00e1rez Gonz\u00e1lez (80 a\u00f1os) y Jos\u00e9 Utrera Molina (87 a\u00f1os), \u00e9ste \u00faltimo suegro del actual Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard\u00f3n. A tres polic\u00edas de la siniestra Brigada Pol\u00edtico Social: Celso Galv\u00e1n Abascal (77 a\u00f1os); Jos\u00e9 Ignacio Giralte Gonz\u00e1lez (71 a\u00f1os) y Juan Antonio Gonz\u00e1lez Pacheco, alias Billy el ni\u00f1o, (67 a\u00f1os). Y el capit\u00e1n de la Guardia Civil, Jes\u00fas Mu\u00f1ecas Aguilar (74 a\u00f1os), que fue condenado a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n, de los que s\u00f3lo cumpli\u00f3 tres, por su participaci\u00f3n en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Y dos magistrados: Jes\u00fas Cejas Mohedano (67 a\u00f1os), juez militar, y por \u00faltimo a Rafael G\u00f3mez Chaparro Aguado (86 a\u00f1os), juez del Tribunal de Orden P\u00fablico (TOP), el brazo represivo judicial de la fase final del franquismo.<\/p>\n
Ley de Memoria Hist\u00f3rica: \u201cEl TS considera que \u201cel derecho a conocer la verdad no forma parte del proceso penal\u201d (\u2026). Sin embargo, la Ley de Memoria Hist\u00f3rica no consagra ni el derecho a saber ni la investigaci\u00f3n exhaustiva de estos cr\u00edmenes, tan s\u00f3lo prev\u00e9 el derecho a la memoria limitado al \u00e1mbito privado, y la declaraci\u00f3n de ilegitimidad de los tribunales y sentencias de car\u00e1cter pol\u00edtico durante la Guerra Civil y el franquismo. No se garantiza, por tanto, ni el derecho a la verdad ni a la justicia.\u201d<\/p>\n
El Tribunal Supremo, aqu\u00ed conviene escribirlo con todas sus letras, se ha negado y se niega a anular todas las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra de la dictadura y por el TOP, de infausta memoria. Cientos de miles de espa\u00f1oles dem\u00f3cratas, republicanos, antifascistas fueron condenados en procesos ilegales y sin garant\u00edas procesales, muchos murieron o fueron torturados, muchos desaparecieron o, como en el caso de los beb\u00e9s robados, fueron mercanc\u00eda en manos de unos desaprensivos que, amparados por la bata blanca del m\u00e9dico, o el h\u00e1bito de la religiosa de turno, llevaron a cabo la mayor felon\u00eda que estamos viviendo en Espa\u00f1a. Si el TS no anula las sentencias de la dictadura est\u00e1 dando carta de naturaleza legal a la represi\u00f3n franquista.<\/p>\n
\u201cEn este informe, AI constata que el comportamiento del estado espa\u00f1ol parece estar orientado a buscar que se garantice la impunidad de los cr\u00edmenes de la Guerra Civil y el franquismo. As\u00ed se deduce del rechazo de los jueces espa\u00f1oles, amparados por el TS, de investigar, y la falta de colaboraci\u00f3n del Gobierno y de la Fiscal\u00eda con la justicia argentina, para que otros pa\u00edses puedan investigar estos cr\u00edmenes.\u201d<\/p>\n
Est\u00e1 claro que la dichosa sentencia del TS ha sido la coartada perfecta para que unos jueces, presuntamente vagos o incompetentes, no cumplan con su deber profesional y c\u00edvico, y se nieguen a tramitar las denuncias y las archiven por defecto, privando a los ciudadanos del acceso a la justicia. Adem\u00e1s ya no s\u00f3lo se trata de las denuncias relacionadas con la inhibici\u00f3n de la Audiencia Nacional, sino que en Espa\u00f1a se siguen interponiendo nuevas denuncias que corren la misma suerte. Se vulnera, de hecho, el art\u00edculo 24.1 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola, donde se habla del derecho de todas las personas a la tutela judicial efectiva sin que, en ning\u00fan caso, pueda producirse indefensi\u00f3n.<\/p>\n
\u201cEl Poder Judicial deniega investigar y archiva sistem\u00e1ticamente las denuncias de las v\u00edctimas. La Fiscal\u00eda no colabora con las peticiones de auxilio judicial internacional de Argentina al no transmitir la informaci\u00f3n solicitada; afirma, sin ser cierto, que Espa\u00f1a est\u00e1 investigando, e invoca tener jurisdicci\u00f3n preferente para hacerlo. El Gobierno ha obstaculizado que las v\u00edctimas presten declaraci\u00f3n, poniendo as\u00ed trabas a que otros pa\u00edses investiguen cr\u00edmenes de derecho internacional. Y el Poder Legislativo, reacio a ratificar la Convenci\u00f3n sobre la Imprescriptibilidad de los Cr\u00edmenes de Guerra y de los Cr\u00edmenes de Lesa Humanidad, ha confirmado la vigencia de la Ley de Amnist\u00eda.\u201d<\/p>\n
El informe\u00a0 contin\u00faa con unas recomendaciones a las diversas instancias pol\u00edticas y judiciales espa\u00f1olas, y exhorta al Poder Judicial argentino a continuar sin dilaciones la causa abierta en el Juzgado Nacional en lo Criminal federal n\u00ba 1. En fin, est\u00e1 claro que las autoridades espa\u00f1olas ni investigan ni dejan investigar, lo que garantiza la impunidad y, una vez m\u00e1s, se quiere cerrar en falso una de las m\u00e1s negras p\u00e1ginas de nuestra historia reciente, ya que las denuncias de los querellantes llegan hasta 1977. La sociedad civil, una vez m\u00e1s, tiene la palabra.<\/p>\n