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<\/p>\nLa violencia, el impacto del desarrollismo y las modificaciones legales provocan la involuci\u00f3n en los derechos de los pueblos originarios de Brasil. Los intereses econ\u00f3micos por encima de la propia legislaci\u00f3n; la excusa del crecimiento econ\u00f3mico para justificar el etnocidio.<\/p>\n
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El estruendo de un helic\u00f3ptero rompi\u00f3 el pasado 7 de noviembre la cotidianidad de la aldea Teles Pire, un peque\u00f1o poblado de Munduruku situado entre los estados brasile\u00f1os de Mato Grosso y Par\u00e1. Son las 8 de la ma\u00f1ana. Sorprendidos por el ruido, los vecinos salen de sus casas, dejan sus quehaceres y van congreg\u00e1ndose junto al r\u00edo para observar lo que sucede. A escasos metros el aparato toma tierra y de \u00e9l descienden decenas de polic\u00edas federales armados. El nerviosismo crece.<\/p>\n
Algunos ind\u00edgenas comienzan a reunirse armados con arcos y flechas. La polic\u00eda asegurar\u00e1 m\u00e1s tarde que tambi\u00e9n portaban alg\u00fan arma de fuego. Ante la mirada de los moradores los agentes comienzan a inutilizar diversas barcas supuestamente utilizadas por garimpeiros responsables de la extracci\u00f3n ilegal de oro en la regi\u00f3n. La tensi\u00f3n aumenta cuando los polic\u00edas abordan una embarcaci\u00f3n amarrada en la ribera ind\u00edgena y el helic\u00f3ptero se sit\u00faa sobre el r\u00edo para darles cobertura. De repente se oye un disparo al que pronto seguir\u00e1n muchos m\u00e1s. Tras el tiroteo, el cuerpo de Adenilson Kirixi, de 32 a\u00f1os, aparece tendido en el suelo\u00a0 con un impacto de bala en la cabeza y cuatro en el pecho. Otros tres pobladores civiles resultan heridos, uno de ellos grave. Cuatro polic\u00edas deben ser evacuados por heridas de flecha \u2013no de bala-.<\/p>\n
El enfrentamiento entre agentes de la Polic\u00eda Federal e ind\u00edgenas del pueblo Munduruku es sin duda uno de los episodios m\u00e1s graves registrado hasta la fecha en las conflictivas relaciones que el Brasil del milagro econ\u00f3mico mantiene con sus comunidades ind\u00edgenas. Sin embargo, la tragedia no es nueva. El 18 de noviembre de 2011 un grupo de pistoleros llegaba a Guaivy, en el Mato Grosso do Sul, y asesinaba al l\u00edder Kaiow\u00e1-Guaran\u00ed, N\u00edsio Gomes, llev\u00e1ndose a continuaci\u00f3n su cuerpo. El cad\u00e1ver sigue sin hallarse por lo que, oficialmente, Gomes solo est\u00e1 desaparecido. Mientras tanto, la comunidad suma al dolor por su muerte la indignaci\u00f3n por no poder \u00a0cumplir el ritual sagrado de enterrar su cuerpo en la tekoha, la tierra concebida como espacio vital de la comunidad. En realidad, tanto aqu\u00ed como en el resto de comunidades Kaiow\u00e1-Guaran\u00ed de este Estado, como Passo Piraju, Arroio Kora, Potreto Guasu, Laranjeira Nhaderu o Pyelito Kue, la relaci\u00f3n con el hombre blanco y, especialmente, con los grandes hacendados es literalmente de asfixia, con las grandes explotaciones agropecuarias estrangulando a los territorios ind\u00edgenas. El periodista Renato Santana lo describe gr\u00e1ficamente: \u201cLa aldea comienza donde termina la plantaci\u00f3n; la vida termina donde comienzan los intereses agropecuarios\u201d.<\/p>\n
Acorralados en su propio territorio, los hacendados ni siquiera permiten a los ind\u00edgenas atravesar sus campos para buscar un m\u00e9dico en caso de necesidad. Abocados a este callej\u00f3n sin salida, las comunidades acrecientan su desestructuraci\u00f3n, acentuada con problemas como el alcohol, distribuido por vendedores blancos pese a la prohibici\u00f3n que en muchos casos existe, o la violencia. Como destaca la antrop\u00f3loga Lucia Helena Rangel, \u201ccon una tasa de homicidios de 100 por cada 100.000, mayor que la de Iraq y cuatro veces mayor que la tasa nacional, los pueblos Guaran\u00ed y Kaiow\u00e1 del Mato Grosso do Sul se enfrenta a una aut\u00e9ntica guerra contra el agronegocio\u201d. No es extra\u00f1o que para muchos el suicidio acabe convirti\u00e9ndose en la \u00fanica salida, especialmente para los j\u00f3venes de entre 15 y 20 a\u00f1os. \u201cEl grito de los j\u00f3venes no es o\u00eddo por las autoridades que hacen poco caso a la repetici\u00f3n de esta situaci\u00f3n, subestimando la denuncia de genocidio\u201d, destaca Rangel.<\/p>\n
El \u00faltimo Informe sobre Violencia contra los Pueblos Ind\u00edgenas en Brasil, publicado por el Conselho Indigenista Mission\u00e1rio (CIMI), saca a la luz en forma de cifras el alcance de ese \u201cgenocidio\u201d. Durante 2011, esta entidad contabiliz\u00f3 378 casos de violencia contra las personas, incluyendo 51 asesinatos, 12 homicidios y 94 tentativas de homicidio. A ellos se suman, entre otros, 39 casos de violencia sexual contra mujeres ind\u00edgenas. Si estos datos son una muestra clara de la discriminaci\u00f3n y del racismo que sufren estos pueblos, as\u00ed como de la desestructuraci\u00f3n social que padecen, no menos significativa es la cifra de los casos de violencia por omisi\u00f3n de actuaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos: 61.988. En este sentido, destacan por encima de todo los 35.015 casos de desasistencia en el \u00e1rea de salud.<\/p>\n
Seestima que 170 ind\u00edgenas murieron el pasado a\u00f1o como consecuencia de esa falta de atenci\u00f3n m\u00e9dica, 126 de ellos ni\u00f1os o ni\u00f1as.<\/p>\n
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Lo peor de todo es que la relaci\u00f3n entre la sociedad brasile\u00f1a y sus comunidades ind\u00edgenas lejos de encauzarse se est\u00e1 deteriorando. De hecho, para Cleber Buzzato, secretario ejecutivo del CIMI, el pa\u00eds asiste a una aut\u00e9ntica involuci\u00f3n en su relaci\u00f3n con los pueblos originarios. \u201cEl neodesarrollismo de car\u00e1cter depredador -comenta- , basado en la explotaci\u00f3n del medio ambiente y en la exportaci\u00f3n de materias primas, asociado a las decisiones monocr\u00e1ticas y autoritarias del actual gobierno de nuestro pa\u00eds, hacen de los pueblos ind\u00edgenas las v\u00edctimas primeras y prioritarias en los campos econ\u00f3mico y pol\u00edtico, en una n\u00edtida reedici\u00f3n del modelo de gobierno vivido en el periodo de la dictadura militar de los a\u00f1os 70\u201d.<\/p>\n
Esta actitud del gobierno del PT (Partido de los Trabajadores) se manifiesta de forma evidente en la apat\u00eda con que se afronta el proceso de regularizaci\u00f3n de las tierras ind\u00edgenas. Seg\u00fan los datos del CIMI, de los 1.044 territorios ind\u00edgenas identificados, solo 363 se encuentran registrados mientras que 339 siguen siendo reivindicados por los pueblos. El resto (342) siguen inmersos en el proceso administrativo de regularizaci\u00f3n cuya lentitud es desesperante: en 2011, el gobierno de Dilma Rousseff solo regulariz\u00f3 3 territorios, una pereza burocr\u00e1tica que incluso supera a la demostrada por su antecesor, Luiz Ignacio Lula da Silva, que en sus diez a\u00f1os de mandato solo normaliz\u00f3 80 territorios reclamados por los pueblos originarios. La consecuencia de todo ello es que solo en 2011 se registraron 99 conflictos relacionados con el derecho de las comunidades ind\u00edgenas sobre la tierra, 42 de ellos consecuencia de invasiones de estos terrenos.<\/p>\n
El pueblo Xavanteconoce bien esa desidia administrativa. Desde hace unos 17 a\u00f1os tiene bloqueada la ocupaci\u00f3n efectiva de la mayor parte de las 165 mil hect\u00e1reas que se les ha reconocido en Mariawatsede, en el conflictivo Mato Grosso. La presi\u00f3n de los grandes hacendados ha paralizado durante todo este tiempo la efectiva recuperaci\u00f3n de la tierra, hasta que el pasado mes de octubre el Tribunal Federal acord\u00f3 desbloquear el desalojo de los grandes propietarios que ocupaban las tierras ind\u00edgenas. Sin embargo, nada indica que esa recuperaci\u00f3n de la tierra vaya a ser f\u00e1cil. El pasado 3 de noviembre, el l\u00edder Mario Paridzane conduc\u00eda la \u00fanica camioneta de la comunidad, cedida por el gobierno para atender las necesidades sanitarias, cuando tres veh\u00edculos comenzaron a perseguirle hasta que lo sacaron de la carretera. Un conductor que se hallaba en el lugar socorri\u00f3 a Paridzane traslad\u00e1ndolo a un hospital. Poco m\u00e1s tarde, la camioneta siniestrada, que hab\u00eda quedado en el lugar del accidente, aparec\u00eda calcinada. Los hacendados del agronegocio, por su parte, rechazan cualquier implicaci\u00f3n en unos hechos que prefieren atribuir al consumo de alcohol.<\/p>\n
Pero si existe un caso que en los \u00faltimos tiempos ejemplifique el conflicto de intereses entre las pol\u00edticas desarrollistas de Brasil y las comunidades ind\u00edgenas, ese es el del complejo hidroel\u00e9ctrico Belo Monte, en el r\u00edo Xing\u00fa a su paso por el estado de Par\u00e1. Se trata de la gran apuesta energ\u00e9tica del gobierno brasile\u00f1o y solo las cifras manejadas son una muestra de la magnitud del proyecto. Estamos ante la que ser\u00e1 la tercera presa m\u00e1s grande del mundo. Su construcci\u00f3n, que se espera finalizar en 2015, supondr\u00e1 una inversi\u00f3n de 11.000 millones de d\u00f3lares; con una potencia estimada de 11.500 megavatios, la futura presa deber\u00e1 aportar el 11% de la energ\u00eda del pa\u00eds. Para ello, inundar\u00e1 una extensi\u00f3n de 500 kil\u00f3metros cuadrados de selva amaz\u00f3nica y desplazar\u00e1 a unas 20.000 personas, en su mayor\u00eda ind\u00edgenas. En concreto, se estima que unos 24 grupos \u00e9tnicos, distribuidos en 30 territorios ind\u00edgenas, se ver\u00e1n directa o indirectamente afectados en los estados de Mato Grosso y Par\u00e1. En algunos casos el impacto ser\u00e1 total, como en el territorio Paqui\u00e7amba de los indios Juruna, o los Arara de la zona de Volta Grande.<\/p>\n
El procurador de la Rep\u00fablica en Par\u00e1, Fel\u00edcio Pontes, no duda en calificar de \u201cabsurda\u201d la forma en que se est\u00e1 tramitando el proyecto. En este sentido, este abogado del Estado considera que el proyecto supone para las comunidades ind\u00edgenas revivir el impacto que represent\u00f3 la llegada del hombre blanco a su territorio en el siglo XVII: \u201cCon la implantaci\u00f3n de Belo Monte ser\u00e1n de nuevo obligados a abandonar sus casas, a no ser que acepten un genocidio cultural\u201d. De hecho, la presa supondr\u00e1 un incremento de la presi\u00f3n sobre la tierra y la deforestaci\u00f3n de este entorno amaz\u00f3nico. Igualmente, se ver\u00e1n afectados los recursos h\u00eddricos y el transporte fluvial, un factor clave en las comunicaciones de una regi\u00f3n vertebrada hist\u00f3ricamente por el curso del r\u00edo. Los observadores destacan adem\u00e1s que todo ello afectar\u00e1 gravemente a las actividades econ\u00f3micas tradicionales de pesca, caza y recolecci\u00f3n, actuando as\u00ed como est\u00edmulo a la emigraci\u00f3n hacia la ciudad y acrecentando los graves problemas de vulnerabilidad en la organizaci\u00f3n social.<\/p>\n
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Todo ello explica la fuerte contestaci\u00f3n social que tuvo la puesta en marcha del proyecto. Una movilizaci\u00f3n ind\u00edgena y ambientalista que el pasado 13 de agosto lograba una importante victoria al conseguir que el Tribunal Regional Federal da 1\u00aa Regi\u00e3o paralizase los trabajos de Norte Energ\u00eda, empresa encargada de la construcci\u00f3n. El argumento esgrimido por el tribunal para anular la licencia es que las obras se hab\u00edan iniciado sin haber consultado previamente a las comunidades ind\u00edgenas afectadas, tal y como exige la propia constituci\u00f3n brasile\u00f1a. Sin embargo, la alegr\u00eda dur\u00f3 poco. Tan solo dos semanas: el 27 de agosto, el Tribunal Supremo Federal anulaba la paralizaci\u00f3n de la obras justificando su decisi\u00f3n en las necesidades energ\u00e9ticas del pa\u00eds. Una noticia muy bien recibida en Francia, donde tiene su sede central la firma Alstom que a principios de este a\u00f1o firmaba un contrato por valor de 500 millones de euros para la fabricaci\u00f3n de las turbinas de la macropresa.<\/p>\n
En realidad, el argumento no es nuevo y se ha utilizado en la puesta en marcha de numerosos proyectos con gran impacto ambiental y social por toda la geograf\u00eda del Brasil ind\u00edgena. De hecho, las comunidades ind\u00edgenas vienen moviliz\u00e1ndose en los \u00faltimos a\u00f1os contra todas las iniciativas que intentan condicionar su ocupaci\u00f3n efectiva de los territorios. El primer intento fue la ordenanza 303, emitida por el Tribunal Supremo Federal a prop\u00f3sito de la disputa entorno a la desocupaci\u00f3n por arroceros y ganaderos en la Raposa do Serra, en el estado de Roraima, un espacio reconocido como territorio de los Makux\u00ed, Wapixana, Ingarik\u00f3, Taurepang y Patamona. La ordenanza dejaba abierta la posibilidad de que esas tierras pudieran ser ocupadas por necesidades militares, para la construcci\u00f3n de redes de comunicaci\u00f3n o, incluso, por empresas dedicadas a actividades consideradas estrat\u00e9gicas como las explotaciones hidroel\u00e9ctricas y mineras. Sin embargo, los colectivos ind\u00edgenas vienen denunciando los intentos de extender esta ordenanza, dictaminada para el caso de Raposa do Serra, a otros territorios. De hecho, la misma filosof\u00eda impregna dos Propuestas de Enmienda a la Constituci\u00f3n, la 38\/1999 y la 215\/2000 promovidas por los parlamentarios del poderoso lobby ruralista que defiende los intereses de los grandes hacendados del sector agropecuario. Y en la misma direcci\u00f3n se encamina tambi\u00e9n la ley 1610\/96, actualmente en fase de tramitaci\u00f3n, que pretende favorecer la exploraci\u00f3n y el aprovechamiento de los recursos mineros existentes en los territorios ind\u00edgenas.<\/p>\n
De este modo, mientras la persecuci\u00f3n del garimpo ilegal fue el argumento esgrimido para justificar la intervenci\u00f3n policial que cost\u00f3 la vida a Adenilson Kirixi, \u00a0es parad\u00f3jicamente \u00a0esa misma explotaci\u00f3n minera, pero desarrollada a gran escala, la que est\u00e1 detr\u00e1s de las modificaciones legales que se est\u00e1n promoviendo en detrimento de los derechos ind\u00edgenas. Y de nuevo el castigado r\u00edo Xing\u00fa se convierte en el principal foco de atenci\u00f3n tras conocerse los planes de la firma canadiense Belo Sun Mining Corporation de convertir parte de los terrenos removidos por la macropresa de Belo Monte, en la mayor mina de oro de Brasil, capaz de aportar 4,6 millones de toneladas anuales. El proyecto, que ya ha desatado numerosas cr\u00edticas, ser\u00e1 estudiado el pr\u00f3ximo 4 de diciembre por la Comisi\u00f3n\u00a0 de Medio Ambiente de la C\u00e1mara de los Diputados.<\/p>\n
Mientras tanto los ind\u00edgenas, pescadores y comunidades ribere\u00f1as del r\u00edo mantienen sus movilizaciones contra la gigantesca hidroel\u00e9ctrica, exigiendo al menos que la empresa cumpla las compensaciones acordadas. Tal vez por eso, el pasado 30 de octubre el ej\u00e9rcito brasile\u00f1o realiz\u00f3 unas maniobras de entrenamiento para la recuperaci\u00f3n de las instalaciones en caso de que estas fueran ocupadas. Y es que en Brasil el desarrollismo parece dispuesto a imponerse con paso firme, sin detenerse ante las realidades de los pueblos ind\u00edgenas y sus derechos.<\/p>\n
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