Casi 700 agresiones de presos a funcionarios marcan 2025 en las cárceles catalanas
Las cárceles de Cataluña cerraron el año 2025 con un nivel de violencia contra sus trabajadores que vuelve a situar a la administración penitenciaria frente a un desafío estructural creciente. Entre enero y diciembre, se registraron entre 677 y 699 agresiones de internos a funcionarios penitenciarios, según las cifras oficiales del Departamento de Justicia de la Generalitat y las contabilidades sindicales —que ofrecen rangos levemente distintos por diferencias metodológicas en la clasificación de incidentes—, frente a las 608 registradas en 2024.
Este balance, que a primera vista puede parecer una simple estadística, representa un fenómeno complejo de convivencia y seguridad en contextos de encierro, donde la violencia adopta formas múltiples —físicas, verbales, sexuales o de conducta disruptiva— y pone de manifiesto tanto las limitaciones operativas de la gestión penitenciaria como las tensiones sociales y políticas que rodean al sistema.
Evolución cuantitativa y cualitativa de las agresiones
El análisis cuantitativo de los incidentes de 2025 revela varios patrones relevantes:
- Del total de agresiones, entre 45 y 47 fueron consideradas graves, una cifra que representa aproximadamente un 40 % menos que en 2024; este descenso parece, a simple vista, un avance, pero no atenúa la percepción de riesgo cotidiano que describe el personal penitenciario.
- Por otro lado, las agresiones leves aumentaron considerablemente, con 632 hasta 652 casos (incluyendo 545 sin lesión y entre 87 y 107 con lesión leve), lo que supondría un incremento del 23,5 % respecto a 2024.
- Estas cifras, cuando se ponderan sobre la población reclusa —que en 2025 fue de 14.512 personas internas— equivalen a aproximadamente 3,1 agresiones graves y 6 leves por cada 1.000 internos, junto con 37,6 agresiones sin lesión por cada 1.000 internos, indicadores que sindicatos como CSIF interpretan como expresión de una “exposición constante” de las y los trabajadores a situaciones de violencia.
Más allá de la violencia directa a funcionarios, el informe oficial registra 3.815 alteraciones del orden, 67 incendios, 1.982 agresiones entre internos y 2.327 incidentes de violencia autodirigida (autoagresiones), lo que dibuja un panorama sistémico de conflictividad multifacética.
Violencia sexual y conductas de género
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es el apartado dedicado a las conductas sexistas y agresiones de naturaleza sexual. En total, se contabilizan 114 incidentes de conducta sexista, cifra que, aunque ligeramente menor a la de 2024, sigue siendo alarmante.
La plataforma Marea Azul —que agrupa a trabajadores penitenciarios y realiza estudios propios a partir de datos oficiales— desglosa estos casos en diversas categorías:
- 9 agresiones físicas sexuales.
- 14 conductas violentas físicas sexuales.
- 11 conductas exhibicionistas.
- 38 casos de violencia sexual verbal.
- 42 conductas sexistas diversas.
Este desglose permite visualizar que la violencia de género en el espacio penitenciario no se circunscribe únicamente a episodios físicos, sino que incluye un abanico de comportamientos que afectan la dignidad, seguridad y bienestar psicológico del personal, especialmente de las mujeres trabajadoras.
La prisión de Jóvenes destaca como el centro con la mayor ratio de incidentes sexuales, con 24,4 por cada 1.000 internos, lo que llama la atención sobre posibles correlaciones entre perfiles de población reclusa y tipos de incidentes registrados.
Centros penitenciarios con más incidentes
El conflicto no está uniformemente distribuido entre las instituciones. Según los datos, los centros con más agresiones son:
- Brians 1: alrededor de 250 agresiones.
- Brians 2: aproximadamente 125 agresiones.
- Puig de les Basses: cerca de 77 agresiones.
- Centro Penitenciario de Jóvenes: alrededor de 70 agresiones.
Estos centros, además de ser de los más poblados, concentran perfiles de reclusos con mayor grado de conflictividad o necesidades específicas de control y vigilancia; por ello, sus dinámicas internas se vuelven laboratorios de prueba para entender por qué la violencia escalada sigue siendo un problema endémico.
Política penitenciaria y debate público
El contexto de estos datos ha reabierto en Cataluña un debate político intenso sobre la gestión penitenciaria, las condiciones laborales del personal y las estrategias de prevención de la violencia. En diciembre de 2025, el **Parlament de Cataluña tramitó por vía rápida una proposición para reconocer a funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, un estatus que les otorgaría mayor protección jurídica, similar a la de las fuerzas de seguridad del Estado.
La iniciativa, promovida por el PSC y apoyada por Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, fue rechazada por ERC, los Comunes y la CUP, que criticaron la propuesta argumentando que no responde a las causas profundas de la violencia en los centros ni representa una política penitenciaria integral.
Este debate refleja tensiones estructurales: por un lado, sindicatos como CSIF y plataformas como Marea Azul denuncian que el personal continúa expuesto a riesgos elevados sin reconocimiento profesional adecuado; por otro, sectores progresistas señalan que el enfoque securitario —centrado en castigo y control— no aborda las causas sociales, psicoemocionales o de gestión que alimentan los conflictos internos.
Interpretaciones y desafíos de futuro
La disparidad entre el descenso de agresiones graves y el aumento de las leves sugiere que la violencia en las cárceles catalanas no desaparece: simplemente cambia de forma. Las agresiones leves, a menudo normalizadas o consideradas “parte del trabajo”, generan un desgaste acumulado que impacta la salud mental de los trabajadores, su capacidad de desempeñar funciones de seguridad y rehabilitación, y la propia calidad del ambiente institucional.
La eliminación de la categoría de “tentativa de agresión” en los informes oficiales —denunciada por sindicatos— añade un nivel de opacidad que dificulta comparaciones longitudinales. Este tipo de cambios metodológicos tiende a suavizar la percepción pública del problema sin modificar la realidad subyacente.
Finalmente, la elevada incidencia de alteraciones del orden, incendios y violencia autodirigida destaca que la violencia contra funcionarios es solo la punta del iceberg de un sistema penitenciario que enfrenta tensiones de convivencia, gestión de perfiles complejos, déficits de recursos y, sobre todo, un desafío de cohesión social más amplio.
La violencia en las cárceles catalanas en 2025 —reflejada en casi 700 agresiones contra funcionarios— no es un hecho aislado ni simplemente estadístico. Es patrimonio de una problemática estructural que combina factores administrativos, sociales, legales y humanos. Detectar tendencias —como el descenso de agresiones graves y el alza de las leves o de conductas sexistas— es clave para diseñar estrategias preventivas eficaces, diseñar políticas penitenciarias integrales y garantizar que los objetivos de seguridad, rehabilitación y derechos humanos no se antagonicen, sino que se refuercen mutuamente.