El partido ultraderechista Vox ha protagonizado un giro inesperado al denunciar a Revuelta, una asociación juvenil que hasta hace poco se consideraba su rama informal de captación de militantes jóvenes. Esta denuncia, presentada ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), surge tras revelaciones de presuntas irregularidades en la gestión de fondos recaudados para las víctimas de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), la catástrofe hidrometeorológica que azotó la Comunidad Valenciana en octubre de 2024, causando cientos de muertes y daños millonarios. Paralelamente, dos exdirigentes de Revuelta y trabajadores de Vox han llevado el caso ante la Fiscalía, que ha admitido a trámite la querella, abriendo una investigación que podría salpicar la imagen del partido liderado por Santiago Abascal.
Revuelta se fundó en septiembre de 2023 como una asociación juvenil española, emergiendo al calor de las protestas contra la ley de amnistía para los líderes independentistas catalanes. Su creación fue impulsada por un grupo de cinco jóvenes ex trabajadores de Vox: Jaime Hernández Zúñiga (presidente), Arturo Villarroya González (vicepresidente), Pablo González Gasca (secretario), Santiago Aneiros y Javier Esteban Bejarano (vocales). Desde su inception, Revuelta se posicionó como un movimiento «patriótico y transparente», enfocado en la defensa de la unidad nacional, las condiciones laborales dignas y la oposición a políticas progresistas como la Agenda 2030. Su sitio web oficial describe la organización como un «movimiento limpio» que apoya protestas contra «todo lo injusto», con énfasis en acciones callejeras y campañas de sensibilización.
Aunque Vox ha insistido repetidamente en que no existe un «vínculo orgánico» con Revuelta, la realidad es más matizada. La asociación ha actuado como una suerte de cantera juvenil para el partido, participando en manifestaciones conjuntas, como las acaloradas protestas en la calle Ferraz de Madrid en noviembre de 2023, donde miles de personas se congregaron contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Revuelta ganó notoriedad por su rol en estas movilizaciones, que catapultaron su visibilidad y le permitieron recaudar fondos y afiliados. Fuentes internas de Vox han admitido que varios de sus empleados formaban parte de la cúpula directiva de Revuelta, lo que evidencia una intersección personal y operativa. Por ejemplo, Villarroya sigue siendo asesor del eurodiputado Vox Jorge Buxadé, y Esteban Bejarano mantiene su empleo en el partido. Esta conexión ha sido calificada por analistas políticos como una «relación simbiótica», donde Revuelta proporciona frescura y movilización juvenil a Vox, mientras que el partido ofrece respaldo logístico y mediático.
Expertos en sociología política, como el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, destacan que organizaciones como Revuelta representan una evolución de las juventudes partidistas tradicionales, adaptadas a la era digital y las redes sociales. A diferencia de Nuevas Generaciones (PP) o Juventudes Socialistas (PSOE), Revuelta opera con mayor autonomía formal, lo que le permite atraer a jóvenes desencantados con la política institucional. Sin embargo, esta independencia es relativa: en sus inicios, Santiago Abascal promocionó públicamente las campañas de Revuelta, llamándolos «la España real», y el partido difundió sus llamados a donaciones. Esta dinámica refleja una estrategia común en la derecha europea, similar a las juventudes de Alternativa para Alemania (AfD) o el Frente Nacional francés, donde se cultiva un activismo radical para captar votos jóvenes.
La polémica estalló en torno a los fondos recaudados por Revuelta para las víctimas de la DANA, una tragedia que dejó más de 200 muertos y daños estimados en miles de millones de euros en la Comunidad Valenciana. Revuelta lanzó una campaña de donaciones en noviembre de 2024, apelando a la solidaridad patriótica y criticando a las ONG tradicionales por supuestamente «hacer negocio» con las ayudas. El monto exacto recaudado no ha sido divulgado oficialmente, pero fuentes cercanas a Vox estiman que podría ascender a «cientos de miles de euros», posiblemente hasta 800.000 según audios filtrados. Vox apoyó inicialmente esta iniciativa: Abascal y otros líderes del partido retuitearon los llamados a donar, integrando la campaña en su narrativa anti-Gobierno, acusando al Ejecutivo de negligencia en la gestión de la catástrofe.
Sin embargo, las sospechas de irregularidades surgieron cuando exdirigentes de Revuelta comenzaron a cuestionar la transparencia en la contabilidad. La asociación se basó en una entidad previa llamada Asoma para su constitución, pero no adaptó estatutos ni realizó asambleas formales en más de dos años, careciendo de actas, contratos, facturas o declaraciones fiscales visibles. Acusaciones específicas incluyen el desvío de fondos para fines no relacionados con la DANA, cobros de cuotas de afiliación sin derechos asociados, pagos directos a Hernández y su empresa Picaporte, retiradas de efectivo inexplicadas y contrataciones opacas. Estos elementos configuran un potencial delito de estafa, apropiación indebida y falta de rendición de cuentas, agravado por el contexto de emergencia humanitaria.
La crisis se aceleró a finales de noviembre de 2025. El 30 de noviembre, Villarroya y Esteban Bejarano anunciaron su dimisión a través de redes sociales, citando «irregularidades graves» en la gestión. Elsa Almada, exportavoz, se unió poco después, expresando dudas sobre el uso de las donaciones. Ese mismo día, los dos exdirigentes presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra Hernández, Aneiros y González Gasca, solicitando acceso a las cuentas bancarias, revisión de impuestos y donación de remanentes a los damnificados. La Fiscalía admitió a trámite la querella el 9 de diciembre, iniciando una investigación que podría extenderse meses y requerir peritajes contables.
Vox, al enterarse de las presuntas irregularidades a través de sus afiliados, actuó con celeridad. Fuentes del partido explican que exigieron «transparencia absoluta» a sus trabajadores en Revuelta, pero ante la negativa de los responsables a mostrar las cuentas, optaron por denunciar ante la AIPI el 5 de diciembre. Esta entidad, creada por la Ley 2/2023 de protección a informantes, investiga fraudes en organizaciones privadas y públicas, protegiendo a los denunciantes de represalias. Vox justificó su intervención argumentando que, aunque no hay vínculo formal, la presencia de sus empleados obligaba a actuar para preservar su imagen de integridad.
Un elemento clave en la polémica son los audios secretos filtrados, que confirman el desvío de fondos y revelan intentos de encubrimiento. En una conversación grabada, Arturo Villarroya (referido como «Arturo Villa») admite: «Hemos pedido dinero para la DANA y no lo hemos gastado en la DANA y tengo un marrón de la hostia». Sugiere liquidar los fondos, donarlos a Paiporta (una zona afectada) y posar para una «puta foto» con víctimas para evitar denuncias, aludiendo a un «hacerse un Alvise» (posible referencia a tácticas de imagen). Estos audios implican a Vox, ya que mencionan que el partido conocía las irregularidades desde hace meses, con figuras como Buxadé involucradas en las discusiones.
Manuel Mariscal, exdiputado de Vox y cuñado de Hernández, estuvo presente en reuniones sobre cómo «tapar» el escándalo, revelando que el partido sabía del problema «desde hace dos meses». Revuelta, por su parte, niega las acusaciones y afirma que probará su inocencia ante la Fiscalía, insistiendo en su independencia económica y política.
La denuncia ha generado un terremoto en la derecha española. Vox se desmarca públicamente, calificando el asunto de «vicisitudes internas» de una organización ajena, pero críticos como Sumar exigen comparecencias en la comisión de investigación del Congreso sobre la DANA, incluyendo a Abascal. En redes como X (anteriormente Twitter), la polémica se divide: simpatizantes de Vox elogian la denuncia como prueba de integridad, mientras opositores la ven como un lavado de imagen ante un escándalo inevitable.
Desde una perspectiva experta, este caso ilustra las vulnerabilidades de las asociaciones juveniles afiliadas a partidos. El politólogo Fernando Vallespín, de la Universidad Autónoma de Madrid, argumenta que la falta de controles internos en entidades como Revuelta facilita abusos, especialmente en campañas de crowdfunding sin auditorías externas. Además, expone tensiones en Vox: la ruptura con Revuelta, que impulsó su proyección callejera, podría debilitar su base juvenil en un momento de erosión electoral. Jurídicamente, si se prueban los desvíos, podrían derivar en penas de prisión por estafa (artículo 248 del Código Penal) y daños reputacionales irreparables.
Esta polémica no solo cuestiona la gestión de Revuelta, sino el modelo de financiación de movimientos políticos en España. La AIPI y la Fiscalía investigarán exhaustivamente, potencialmente revelando más irregularidades. Para Vox, representa un desafío: mantener su narrativa anticorrupción mientras lidia con salpicaduras internas. Revuelta, meanwhile, enfrenta un posible desmantelamiento si se confirman las acusaciones.
En conclusión, el caso Revuelta-Vox subraya la necesidad de mayor regulación en donaciones humanitarias y asociaciones políticas. Con la investigación en curso, el desenlace podría reconfigurar el paisaje de la derecha radical, recordando que la transparencia no es solo un eslogan, sino un imperativo ético y legal.
