En las décadas posteriores a la Guerra Civil Española (1936-1939), el régimen dictatorial de Francisco Franco emprendió uno de los proyectos más ambiciosos de ingeniería social y territorial en la historia moderna de España: la creación de cientos de pueblos nuevos, conocidos como «pueblos de colonización». Estos asentamientos, impulsados por el Instituto Nacional de Colonización (INC), no solo transformaron el paisaje rural del país, sino que también sirvieron como herramienta para consolidar el poder del régimen, fomentar la autosuficiencia agrícola y reubicar a miles de familias en un contexto de devastación económica y demográfica. Hoy, casi 50 años después de la muerte de Franco, la mayoría de estos pueblos siguen habitados, integrados en la España democrática, aunque muchos llevan las cicatrices de su origen autoritario.
De la Ruina de la Guerra a la Reconstrucción Autárquica
La Guerra Civil dejó España en ruinas. Más de medio millón de muertos, ciudades bombardeadas y una economía agrícola diezmada por la sequía, la destrucción de infraestructuras y la pérdida de mano de obra. Franco, victorioso en 1939, enfrentaba el desafío de reconstruir un país aislado internacionalmente debido al apoyo de Hitler y Mussolini durante el conflicto. En este escenario, el régimen adoptó una política autárquica, inspirada en modelos fascistas italianos y nazis, que priorizaba la independencia económica a través de la explotación intensiva de recursos internos.
El agua se convirtió en el eje central de esta estrategia. Grandes obras hidráulicas, como embalses y canales de riego, transformaron tierras áridas en zonas cultivables. La Ley de Colonización de Grandes Zonas de 1939, ampliada en 1949, sentó las bases para el INC, creado en 1939 bajo el Ministerio de Agricultura. Su misión: poblar y cultivar áreas despobladas o improductivas, promoviendo una «colonización interior» que evitara la emigración masiva a las ciudades o al extranjero. Entre 1940 y 1970, se construyeron alrededor de 300 pueblos en 27 provincias, principalmente en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y el Valle del Ebro. Estos asentamientos no eran meros pueblos agrícolas; representaban un ideal falangista de orden, jerarquía y control social, donde la arquitectura racionalista y funcional se mezclaba con elementos simbólicos como plazas centrales con iglesias y ayuntamientos, evocando una España rural idealizada y leal al Caudillo.
Las causas de estas fundaciones eran multifacéticas. Económicamente, buscaban aumentar la producción agrícola para combatir el hambre y la pobreza rural. España, en los años 40, sufría racionamiento y un PIB per cápita estancado; los nuevos regadíos permitieron cultivar arroz, algodón y hortalizas en zonas antes baldías. Socialmente, respondían a la sobrepoblación en regiones como Galicia o Andalucía interior, donde familias campesinas vivían en la miseria. Políticamente, eran un instrumento de propaganda: Franco presentaba estos pueblos como «milagros» de su régimen, fomentando la lealtad mediante la entrega de tierras y viviendas a colonos seleccionados. Además, en algunos casos, sirvieron para reprimir disidencias, como en las «colonias penitenciarias» donde presos políticos redimían penas mediante trabajo forzado. Ideológicamente, encarnaban el sueño franquista de una España «verde» y autosuficiente, inspirado en la Italia mussoliniana y la Alemania hitleriana, donde el control demográfico reforzaba el autoritarismo.
Arquitectura y Planificación al Servicio del Régimen
El INC, dirigido por ingenieros y arquitectos como José Luis Fernández del Amo o Alejandro de la Sota, diseñó estos pueblos con un enfoque modernista adaptado al ideario nacionalcatólico. Cada asentamiento seguía un patrón: una cuadrícula urbana con iglesia en el centro, escuela, casas unifamiliares con huertos y edificios comunales. Los nombres a menudo homenajeaban a Franco o figuras falangistas: Guadiana del Caudillo (hoy Guadiana), Villafranco del Guadiana o Alberche del Caudillo. La construcción era rápida y económica, utilizando materiales locales y mano de obra barata, a veces forzada.
Extremadura y Andalucía concentraron la mayoría: Badajoz con más de 30, como Valdelacalzada o Entrerríos; Cádiz con Guadalcacín del Caudillo (hoy Guadalcacín); y Jaén con pueblos como Miraelrío. En total, se expropiaron millones de hectáreas, irrigadas por planes como el del Guadiana o el Guadalquivir. El costo fue alto: desplazamientos forzosos de comunidades autóctonas y un impacto ambiental duradero, con sobreexplotación de acuíferos. Sin embargo, estos proyectos movilizaron a unas 55.000 a 60.000 familias, creando una migración interna sin precedentes.
Colonos Entre la Esperanza y la Obligación
¿Quiénes fueron los pioneros de estos pueblos? El INC seleccionaba colonos mediante un riguroso proceso, priorizando familias numerosas, casadas por la Iglesia, con experiencia agrícola y, preferentemente, leales al régimen. Procedían de zonas superpobladas como Andalucía oriental, Extremadura o Castilla, donde el latifundismo dejaba a jornaleros en la pobreza. Muchos eran veteranos de la Guerra Civil del bando nacional, recompensados con tierras; otros, presos políticos en «colonias redentoras» como las de Belchite o Los Rosales, donde el trabajo agrícola «redimía» sus pecados ideológicos.
Las condiciones iniciales eran duras. Los colonos recibían una casa básica (a menudo de 60-80 m²), una parcela de 5-10 hectáreas, herramientas y una vaca o mula, pero debían pagarlos en plazos durante 20-30 años. A cambio, firmaban contratos que les obligaban a cultivar según directrices estatales, asistir a misa y participar en actos falangistas. Mujeres y niños contribuían al trabajo familiar, en un modelo patriarcal reforzado por el régimen. Testimonios, como los recogidos en libros recientes, describen la llegada a tierras vírgenes: «Pagamos con una vaca, un terreno y una casa muy básica», recuerda un habitante de La Cartuja de Monegros en Huesca. Para muchos, era una oportunidad de escapar la miseria; para otros, una imposición que perpetuaba la dependencia del Estado.
En algunos casos, como en Vegaviana (Cáceres) o Esquivel (Sevilla), los colonos incluían inmigrantes de otras regiones, fomentando una mezcla cultural que enriqueció la diversidad rural. Sin embargo, la selección excluía a republicanos o disidentes, asegurando comunidades homogéneas y controladas.
¿Cuántos Siguen Habitados y Qué Ha Cambiado?
De los aproximadamente 300 pueblos fundados, la inmensa mayoría siguen habitados en 2025. Según listas exhaustivas como la del Anexo de Wikipedia, que enumera cientos en provincias como Badajoz (Valdelacalzada, Pueblonuevo del Guadiana), Cádiz (El Torno, Guadalcacín) o Cáceres (Vegaviana, Rosalejo), estos asentamientos se han integrado en la red municipal española. Solo unos pocos, como algunos diseminados en zonas áridas, han sufrido despoblación parcial debido a la crisis rural actual, pero no hay registros masivos de abandonos. Por ejemplo, en Extremadura, pueblos como Entrerríos o Zurbarán mantienen poblaciones estables de cientos de habitantes, con economías basadas en agricultura moderna y turismo.
La Ley de Memoria Democrática de 2022 ha impulsado cambios de nombres: Guadiana del Caudillo se convirtió en Guadiana en 2017, aunque algunos resisten, como Llanos del Caudillo (Ciudad Real) o Alberche del Caudillo (Toledo), incumpliendo la norma. Hoy, estos pueblos enfrentan desafíos comunes a la España vaciada: envejecimiento poblacional y emigración juvenil, pero muchos prosperan gracias a cooperativas agrícolas y subsidios europeos. Exposiciones como la del Museo ICO en 2024 destacan su valor arquitectónico, reconociéndolos como patrimonio moderno.
Ejemplos ilustran esta evolución. En Entrerríos (Badajoz), fundado en 1958, los descendientes de colonos originales gestionan viñedos y olivares, atrayendo visitantes con rutas históricas. La Cartuja de Monegros (Huesca), uno de los últimos en construirse (1960s), es un «pueblo milagro» que resiste la despoblación con energías renovables. Sin embargo, el legado franquista persiste en la memoria: residentes mayores recuerdan la indoctrinación, mientras los jóvenes lo ven como historia pasada.
Colonización en Cataluña
En el marco de la política de colonización interior impulsada por el régimen de Francisco Franco tras la Guerra Civil, Cataluña no fue una excepción, aunque los esfuerzos se concentraron en regiones más áridas del sur y centro de España. El Instituto Nacional de Colonización (INC), creado en 1939, fundó solo cuatro pueblos en esta comunidad autónoma, todos ellos en las provincias de Lleida y Tarragona. Estos asentamientos respondían a las mismas causas generales: la necesidad de reactivar la economía agrícola autárquica, paliar el hambre posbélica mediante nuevos regadíos y reubicar a familias campesinas en zonas improductivas o pantanosas. Sin embargo, en Cataluña, el contexto era particular: la región, con una fuerte tradición industrial y agrícola diversa, vio estos proyectos como una forma de controlar demográficamente áreas rurales y promover la ideología falangista en un territorio con tensiones nacionalistas reprimidas por el dictador. Los pueblos se integraron en cuencas fluviales como la del Ebro, donde se expropiaron tierras a latifundistas para crear infraestructuras hidráulicas y parcelas cultivables, fomentando cultivos como arroz, alfalfa y frutales.
El más emblemático es Poblenou del Delta, originalmente Villafranco del Delta, ubicado en el Delta del Ebro (Tarragona). Fundado en 1949 e inaugurado en 1956, surgió para sanear terrenos pantanosos y alojar a agricultores que trabajaban en arrozales. Las causas incluían la regularización de desahucios masivos de un latifundista local, Damián de Oriol, y la necesidad de aumentar la producción alimentaria en una zona aislada. Los primeros habitantes fueron 97 familias (alrededor de 280 personas), procedentes principalmente de desahucios en la misma comarca y otras regiones españolas pobres, que vivieron inicialmente en condiciones precarias hasta recibir casas básicas con huertos. Hoy, con unos 200 habitantes, el pueblo ha cambiado de nombre en 2003 por la Ley de Memoria Histórica, convirtiéndose en un destino turístico ecológico con economía basada en el arroz y el turismo, aunque enfrenta desafíos como el envejecimiento poblacional.
En Lleida, en la comarca del Segrià, se crearon tres pueblos: Gimenells, Sucs y Pla de la Font. Gimenells, fundado en la década de 1940, respondió a la política de reorganización rural para impulsar la agroganadería en tierras expropiadas. Sus primeros colonos fueron familias emigrantes de diversas partes de España, seleccionadas por el INC para cultivar parcelas de regadío. Actualmente, es un municipio independiente desde 1991, con cerca de 1.000 habitantes, enfocado en cultivos como maíz y trigo, aunque ha sufrido éxodo rural.
Sucs, adquirido por el INC en 1944, se revitalizó para parcelar tierras históricamente despobladas y construir infraestructuras como escuelas. Los pioneros fueron familias migrantes españolas, atraídas por la promesa de tierras productivas. Hoy, con unos 300 residentes, mantiene una economía agrícola, pero lucha contra la despoblación.
Pla de la Font, establecido en 1959 como entidad descentralizada de Gimenells, abarca 2.400 hectáreas de regadío. Sus fundadores fueron colonos desplazados por inundaciones o repoblaciones forestales, recibiendo parcelas de 7-20 hectáreas. Actualmente, con alrededor de 500 habitantes, prospera con alfalfa y frutales, integrándose en la agricultura moderna, aunque comparte problemas demográficos con el resto de la España rural.
Estos cuatro pueblos, habitados en su totalidad, representan un legado ambiguo: aliviaron la pobreza para miles, pero impusieron un modelo autoritario en Cataluña, donde el franquismo reprimió la identidad local. Hoy, bajo la democracia, han evolucionado hacia comunidades sostenibles, con cambios de nombre y reconocimiento patrimonial, recordando cómo el régimen usó la colonización para afianzar su control. (Palabras: 512)
Un Paisaje Inventado que Perdura
Los pueblos de colonización representan un capítulo ambiguo de la historia española: un experimento que alivió la pobreza para miles, pero a costa de control autoritario y desigualdades. Fundados por causas económicas, sociales y políticas, poblaron la España rural con colonos humildes que forjaron comunidades resilientes. Hoy, con casi todos habitados, estos asentamientos invitan a reflexionar sobre el legado del franquismo en la España contemporánea. Como señala un reciente estudio, su impacto demográfico «enraizó» el régimen, pero también sembró las semillas de una agricultura moderna. En una era de despoblación, quizás ofrezcan lecciones para revitalizar el campo, libres ya de las sombras del dictador.
