En una operación sin precedentes que ha sacudido el tejido comercial de proximidad en la capital catalana, la Guardia Civil, en colaboración con múltiples cuerpos de seguridad y entidades técnicas, ejecutó el pasado 2 de diciembre la Operación «Nihari». Este macrodispositivo simultáneo en 26 establecimientos comerciales, en su mayoría supermercados abiertos 24 horas y operados bajo fórmulas de franquicia, ha destapado un fraude eléctrico de proporciones colosales, equivalente al consumo anual de 814 viviendas. Además de las conexiones ilegales a la red eléctrica, las inspecciones revelaron una red de irregularidades que abarcan desde la manipulación de básculas hasta la venta de alimentos caducados, infracciones laborales graves y la identificación de cinco posibles víctimas de explotación humana. Este caso no solo expone vulnerabilidades en el control regulatorio de los comercios de barrio, sino que también plantea interrogantes profundos sobre la sostenibilidad económica de estos modelos de negocio, la integración de comunidades migrantes y los riesgos para la seguridad pública en entornos urbanos densos.
La Operación «Nihari» no surgió de la nada. Meses de inteligencia y análisis por parte de la Guardia Civil, basados en indicios de defraudación sistemática del fluido eléctrico, culminaron en este despliegue coordinado. El nombre «Nihari», que evoca un plato tradicional pakistaní de carne estofada, podría aludir sutilmente al perfil étnico de muchos de los investigados, aunque las autoridades no han confirmado esta conexión simbólica. Lo que sí se sabe es que el operativo se centró en supermercados de proximidad, un sector en expansión en Barcelona impulsado por la demanda de horarios extendidos y precios competitivos. Estos establecimientos, frecuentemente gestionados por inmigrantes de origen pakistaní y bangladesí, han proliferado en distritos periféricos y centrales, aprovechando nichos de mercado en áreas con alta densidad poblacional.
La planificación involucró un enfoque multidisciplinar, reconociendo que el fraude eléctrico podría ser solo la punta del iceberg. Expertos en criminología económica destacan que estos delitos suelen entrelazarse con otras vulneraciones, como las laborales y sanitarias, en entornos donde los márgenes operativos son estrechos y la competencia feroz. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de comercios minoristas en Cataluña ha crecido un 15% en la última década, con un auge particular en franquicias de alimentación 24/7. Sin embargo, este boom ha venido acompañado de un aumento en las denuncias por irregularidades, pasando de 1.200 en 2020 a más de 2.500 en 2024, según informes de la Agencia Tributaria.
El 2 de diciembre, a primera hora de la mañana, se activó el dispositivo en simultáneo para evitar fugas de información y maximizar el elemento sorpresa. Los 26 locales seleccionados estaban distribuidos en seis distritos clave de Barcelona: Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Gràcia, Eixample y Ciutat Vella. Estos barrios, caracterizados por su diversidad socioeconómica, albergan una mezcla de residentes locales y comunidades migrantes, donde los supermercados 24 horas sirven como puntos de encuentro cotidianos pero también como focos potenciales de economía sumergida.
El macrodispositivo movilizó un total de más de 160 efectivos, un número que subraya la magnitud de la operación. La Guardia Civil aportó 66 agentes, asumiendo el liderazgo en la investigación penal por defraudación eléctrica. La Guardia Urbana de Barcelona contribuyó con 35 agentes, enfocados en infracciones municipales relacionadas con seguridad e higiene. La Policía Nacional, con 18 funcionarios, se encargó de aspectos de extranjería y derechos laborales. Además, 11 subinspectores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) evaluaron condiciones laborales, mientras que 33-35 técnicos de Endesa, la principal distribuidora eléctrica en la región, verificaron las instalaciones in situ.
Este nivel de coordinación interinstitucional es raro en operaciones de esta escala, pero esencial dada la complejidad del fraude. Expertos en derecho administrativo señalan que la colaboración con Endesa fue crucial, ya que solo técnicos certificados pueden acreditar manipulaciones en la red eléctrica ante un tribunal. La operación se ejecutó con precisión quirúrgica: equipos mixtos irrumpieron en los locales, asegurando perímetros, identificando a presentes y procediendo a inspecciones exhaustivas de cuadros eléctricos, almacenes y documentación.
El núcleo del escándalo reside en el fraude eléctrico detectado en 24 de los 26 establecimientos inspeccionados. Los técnicos de Endesa confirmaron enganches ilegales a la red general, consistentes en conexiones clandestinas que bypassaban contadores y sistemas de facturación. Estas manipulaciones no solo evadían el pago de la electricidad, sino que generaban sobrecargas peligrosas, con ausencia de protecciones térmicas, aislamientos adecuados y revisiones periódicas obligatorias. El volumen total defraudado se estima en 2,85 millones de kilovatios hora (kWh), una cifra astronómica que equivale al consumo medio anual de 814 hogares en España, según parámetros del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Desde una perspectiva experta en ingeniería eléctrica, estos enganches representan un riesgo sistémico. En locales ubicados en bajos de edificios residenciales, con proximidad a garajes y zonas de alta afluencia, un cortocircuito podría desencadenar incendios catastróficos. Casos similares, como el incendio en un comercio de Madrid en 2023 causado por instalaciones irregulares, ilustran el potencial letal: aquel siniestro afectó a 12 viviendas y causó tres heridos graves. En «Nihari», las autoridades actuaron con celeridad, cortando el suministro en todos los locales afectados y notificando al Ayuntamiento para el sellado preventivo.
Económicamente, el impacto es significativo. El fraude no solo priva a Endesa de ingresos –estimados en cientos de miles de euros, considerando tarifas medias de 0,15 €/kWh–, sino que distorsiona el mercado. Supermercados con costes energéticos cero pueden ofrecer precios más bajos, socavando a competidores legales. Analistas del sector retail calculan que este tipo de fraudes representa hasta el 5% de las pérdidas en distribución eléctrica en áreas urbanas, contribuyendo a un sobrecoste generalizado en las tarifas para consumidores honestos.
Más allá del fraude energético, la operación desveló un abanico de vulneraciones que pintan un cuadro alarmante de negligencia y posible criminalidad organizada. La Guardia Urbana levantó 87 actas por infracciones administrativas, incluyendo bloqueo de salidas de emergencia, falta de extintores funcionales, baños en condiciones insalubres, venta de alimentos caducados o en mal estado, y exposición indebida de bebidas alcohólicas. Estas deficiencias no solo violan la normativa municipal, sino que ponen en riesgo la salud pública: productos caducados pueden causar intoxicaciones, mientras que la falta de higiene fomenta la propagación de patógenos en entornos de alta rotación.
En el ámbito laboral, la ITSS detectó 23 infracciones, destacando la manipulación de básculas para alterar pesajes –un delito contra los consumidores que puede conllevar multas de hasta 100.000 euros por la Ley de Metrología–. Más grave aún, se identificaron cinco posibles víctimas de explotación laboral, en contextos de jornadas excesivas, salarios por debajo del mínimo interprofesional y condiciones precarias. La Policía Nacional, al identificar a 59 personas en los locales, abrió expedientes contra cinco en situación irregular, con posibles órdenes de expulsión y sanciones a los empleadores por contratación ilegal.
Otros 16 expedientes administrativos abarcan contrabando de mercancías, etiquetado erróneo, ausencia de carnés de manipuladores de alimentos, incumplimiento de la legislación antitabaco y violaciones a la protección de datos (falta de avisos sobre videovigilancia). Expertos en criminología migratoria señalan que estos patrones son comunes en redes de franquicias gestionadas por comunidades específicas, donde la presión económica y las barreras idiomáticas facilitan la explotación. En Cataluña, donde el 18% de la población es inmigrante según el INE, casos como este resaltan la necesidad de mayor integración y vigilancia.
Legalmente, los 26 investigados –todos de nacionalidad pakistaní y bangladesí– enfrentan cargos por defraudación de fluido eléctrico, un delito tipificado en el artículo 255 del Código Penal español, con penas de hasta seis años de prisión si se demuestra dolo y cuantía elevada. Las investigaciones continúan, con posibles agravantes por riesgo a la seguridad pública y conexión con delitos contra los derechos de los trabajadores (artículo 311). Los expedientes administrativos podrían derivar en clausuras definitivas y multas millonarias, mientras que el Ayuntamiento ha iniciado procesos para destruir productos no aptos y evitar su recirculación.
A nivel social, «Nihari» expone fisuras en el modelo de comercio 24/7. Economistas como Jordi Suriñach, de la Universitat de Barcelona, argumentan que estos fraudes perpetúan desigualdades, al tiempo que erosionan la confianza en el sistema. La operación también alimenta debates sobre inmigración: mientras algunos ven en ella un estigma injusto a comunidades enteras, otros demandan reformas para prevenir abusos. Organizaciones como SOS Racisme han llamado a no generalizar, enfatizando que la explotación afecta principalmente a los trabajadores migrantes.
En términos de prevención, expertos recomiendan auditorías periódicas con IA para detectar anomalías en consumos eléctricos, mayor formación para inspectores y campañas de concienciación. La Generalitat de Catalunya, a través de su Departamento de Empresa y Trabajo, ha anunciado un plan de inspecciones intensivas en 2026, con énfasis en sectores vulnerables.
La Operación «Nihari» marca un hito en la lucha contra la economía sumergida en Barcelona, revelando cómo un fraude aparentemente menor puede enmascarar redes de irregularidades multifacéticas. Con un impacto equivalente al consumo de 814 viviendas, este caso no solo cuantifica pérdidas económicas, sino que alerta sobre riesgos vitales en entornos urbanos. A medida que las investigaciones avancen, se espera que sirva de catalizador para reformas regulatorias, promoviendo un comercio más ético y sostenible. En una ciudad como Barcelona, donde la diversidad es un activo, operaciones como esta deben equilibrar la justicia con la inclusión, evitando que el combate al delito derive en discriminación.
