Cada ola de frío polar trae consigo un ritual tan previsible como indecente. Los termómetros bajan, los informativos se llenan de imágenes de fuentes congeladas y, como si fuera una nota a pie de página inevitable, aparecen cadáveres en la calle. Personas sin nombre, sin biografía pública, sin rueda de prensa posterior. Este invierno, cinco. Uno en la Badalona gobernada por Xavier García Albiol. Cuatro en la Barcelona del socialista Jaume Collboni. Y a partir de ahí, el ruido. La contabilidad política. El uso del muerto como proyectil arrojadizo. Mucho menos, la reflexión honesta sobre lo que realmente está fallando.

Porque el frío, conviene decirlo de entrada, no mata solo. Mata la desidia. Mata la planificación cínica. Mata la coartada ideológica que sustituye la gestión real por el relato. Mata, sobre todo, la hipocresía institucional de quienes presumen de monopolizar la justicia social mientras permiten que casi 2.000 personas duerman a la intemperie cada noche en la capital catalana. Cinco veces más que los desalojados en Badalona. Cinco veces más vulnerables. Cinco veces más ignorados.

Barcelona lleva años normalizando una cifra que debería provocar un escándalo diario: cerca de 2.000 almas durmiendo al raso, haga frío, calor o llueva. Personas que no “aparecen” con la ola de frío, sino que ya estaban ahí antes, invisibilizadas por rutina. Personas que no son un fenómeno meteorológico, sino el resultado de políticas fallidas, externalizaciones irresponsables y una concepción estética —y electoral— de la pobreza.

Y cuando llega el frío de verdad, entonces aparece el fetiche del “protocolo especial”. Un protocolo exquisito, eso sí. Tan exquisito que solo se activa cuando la temperatura baja de los 0 grados. En Barcelona. Una ciudad mediterránea donde alcanzar el umbral que activa la alarma es poco menos que una anomalía estadística. Y, por supuesto, algo que no se sabe si ocurrirá hasta el último momento. Resultado: el protocolo se activa tarde, mal y con vocación cosmética. No para proteger, sino para cubrir expediente. No para salvar vidas, sino para salvar la cara.

Después llega la segunda línea defensiva: las plazas “especiales” que no se llenaron. Como si el problema fuera de demanda y no de acceso. Como si las personas sin hogar estuvieran conectadas a una app municipal de alertas. Como si tuvieran wifi, datos móviles ilimitados o una rutina informativa estable. Como si no llevaran años desconfiando de instituciones que solo se acuerdan de ellas cuando el frío aprieta o cuando toca hacerse la foto.

La “generosidad” del Ayuntamiento se anuncia en notas de prensa, no en la calle. Y se exige agradecimiento a quien sobrevive día a día en condiciones extremas. El subtexto es obsceno: si no acudieron, es su responsabilidad. El Estado cumple, el individuo falla. Una lógica implacable cuando se aplica siempre hacia abajo.

Pero hay un dato aún más revelador que el umbral térmico del protocolo: la suspensión del último recuento de personas durmiendo en la calle inmediatamente antes de las últimas elecciones municipales. Un recuento que se hacía periódicamente y que, de repente, se consideró prescindible. ¿Por qué? ¿Por casualidad? ¿Por fatiga administrativa? ¿O porque la cifra resultante era políticamente inconveniente?

Suspender el termómetro no hace desaparecer la fiebre, pero sí permite fingir que el paciente mejora. Y en política, fingir suele ser más rentable que curar. Los sin techo, así, dejan de ser personas y pasan a ser una variable incómoda. Algo que se esconde bajo la alfombra del relato progresista. Un problema que se gestiona mejor con silencios que con recursos.

La utilización política de los sin hogar es tan obscena como constante. Se los exhibe como símbolo cuando conviene y se los abandona cuando estorban. Se habla de ellos en abstracto, pero se actúa como si fueran prescindibles. Y lo más grave: se normaliza que mueran. Que mueran de frío en invierno o de calor en verano. Como aquella barrendera que falleció tras trabajar a pleno sol, en condiciones precarias, con un uniforme inadecuado para temperaturas extremas.

También entonces hubo excusas. También entonces hubo protocolos. También entonces se miró hacia otro lado porque el servicio estaba externalizado. Porque la responsabilidad se diluía entre contratas, subcontratas y pliegos administrativos. Los más progres de nuestros munícipes habían decidido que la limpieza podía gestionarse como un negocio, pero el control de la seguridad laboral parecía un detalle menor. Igual que ahora, parece un detalle menor garantizar que nadie muera congelado en una ciudad que presume de derechos.

La comparación puede incomodar, pero es pertinente: la negligencia no siempre es activa. A veces es simplemente abandono. Como las autoridades suizas, que no inspeccionaron si la insonorización del techo del bar era ignífuga antes de que prendieran las bengalas de la muerte. Las tragedias imprevistas existen. Nadie exige infalibilidad. Pero los servidores públicos cobran lo que cobran —y ostentan el poder que ostentan— para hacer todo lo humanamente posible por prevenirlas. Y cuando fallan, para dar la cara. No para parapetarse tras comunicados tibios ni estadísticas seleccionadas.

Aquí es donde el discurso de la izquierda institucional se vuelve especialmente frágil. Porque no se trata solo de un error puntual, sino de una contradicción estructural. ¿Cómo se puede pretender el monopolio de la justicia social mientras se multiplican por cuatro o por cinco las personas que duermen en la calle bajo tu mandato? ¿Cómo se puede hablar de derechos humanos en abstracto cuando en la práctica se tolera que cientos de personas vivan y mueran sin ellos?

La respuesta suele ser doble: o bien se niega la comparación (“Badalona no es Barcelona”), o bien se desplaza la culpa (“es un problema estructural”, “viene de lejos”, “no depende solo del Ayuntamiento”). Todo eso puede ser cierto. Pero también es irrelevante si no va acompañado de resultados. Gobernar no es tener razón en los diagnósticos, sino reducir el daño real. Y el daño real, hoy, se cuenta en cadáveres.

No estamos ante un problema de falta de recursos, sino de prioridades. Barcelona es una de las ciudades más ricas del sur de Europa. Capaz de movilizar millones para eventos, reformas urbanas o campañas de imagen. Pero incapaz de diseñar un protocolo contra el frío que no dependa de una cifra arbitraria y excepcional. Incapaz de mantener un recuento transparente de personas sin hogar cuando ese dato puede incomodar electoralmente. Incapaz, en definitiva, de asumir que la justicia social no se proclama: se ejecuta.

La pregunta final es tan simple como incómoda: ¿no saben contar o quieren que nosotros nos olvidemos de hacerlo? Porque los números están ahí. Porque cinco muertos no son una anécdota. Porque 2.000 personas durmiendo al raso no son una fatalidad inevitable. Son una elección política. O, peor aún, la consecuencia de no querer elegir.

El frío pasará. Los titulares también. Pero mientras tanto, alguien seguirá durmiendo sobre cartón, esperando que el termómetro no baje demasiado esta noche. Y eso, en una ciudad que se dice progresista, no es solo un fracaso de gestión. Es un fracaso moral.